En julio de 2026, el senador uruguayo Pedro Bordaberry publicó el libro ¡Al trabajo y adelante!, una biografía de Benito Nardone. Desde entonces, se realizaron múltiples presentaciones y actos de promoción de su libro, donde se reivindica el papel de Nardone como dirigente ruralista y figura política influyente del siglo XX. En 1971, en elecciones teñidas por acusaciones de fraude y por el intervencionismo de Washington, que temía un triunfo de la nueva coalición de izquierda, Frente Amplio, ganó el padre de Pedro, Juan María Bordaberry. La Junta militar facilitó el golpe de Estado cívico-militar en Uruguay de 1973. Luego reconoció que nunca había creído en la democracia.

«Vas a encontrar más comunistas en Texas que en Uruguay»
Washington DC. 27 de noviembre de 1971—Mañana son las elecciones en Uruguay. Theodore Eliot, secretario ejecutivo del Departamento de Estado, concluye su informe. Washington está preocupado por la posibilidad de que el nuevo partido de izquierda, el Frente Amplio, pueda ganar la intendencia de Montevideo y no quiere un nuevo Allende, aunque sea en una alcaldía. Echando recurso a una estrategia más indirecta que la usada en Chile, Washington ha intervenido en el proceso electoral, como lo ha hecho a lo largo de las décadas anteriores propagando información conveniente, plantando editoriales e inoculando las fuerzas de represión locales. Aunque lejos de la violencia desatada por generaciones en las repúblicas tropicales (despectivamente llamadas “repúblicas bananeras” o, simplemente, “repúblicas de negros”), ahora en Uruguay también se cuenta con la excusa perfecta del combate a un grupo subversivo llamado Tupamaros. Hoy, sábado 27, Theodore Eliot le ha enviado un memorándum a Henry Kissinger informado sobre las buenas posibilidades que tiene su candidato preferido, aunque también advierte que en Uruguay “existe una gran insatisfacción, especialmente entre los jóvenes de la clase media debido a la falta de oportunidades; el fenómeno de los Tupamaros es básicamente una revolución de la clase media en contra de un sistema que no ofrece oportunidades de participación”.[1]
Uno de los países más estables y desarrollados de América Latina durante la primera mitad del siglo (primera potencia del fútbol mundial con una población de apenas dos millones, con las leyes más progresistas del mundo, con sistemas de salud y de educación gratuitos que redujeron el analfabetismo a casi cero, y con una seguridad social que no existía ni en Estados Unidos hasta Franklin Roosevelt) había entrado en una lenta y persistente decadencia económica y social a partir de los años 50. Para entonces, el Partido Colorado del fundador del Uruguay moderno, el progresista José Batlle y Ordoñez, se encontraba en el proceso de convertirse en una fuerza conservadora junto con su adversario, el Partido Blanco. Como consecuencia, los progresistas comenzaron a ser desplazados al margen del espectro político y mediático, y a nuevas opciones políticas que, paradójicamente, fueron representadas como foráneas y peligrosas por no llevar los colores blanco o colorado de los partidos tradicionales.
Para Washington, el problema era otro: de ninguna forma iba a ver cuestionada la doctrina Monroe de 1823 que, para entonces, ya había cambiado de nombre y de excusas varias veces. Por el contrario, necesitaba extenderla desde su Patio trasero de las repúblicas tropicales a las regiones más frías del Cono Sur como forma de prevención, aunque para ello debía extender su costumbre centenaria de provocar o implantar dictaduras militares “que pongan orden en el caos”.[2] Según lo reconocerá el agente de la CIA Philip Agee y en base a sus experiencias anteriores en el continente, este país era más difícil de corromper, precisamente, por su educación popular establecida mucho tiempo atrás.
La aparición de un grupo subversivo armado de izquierda que pudiese justificar y radicalizar las prácticas anteriores de intervención pública y secreta de Washington tardó pero llegó. Los Tupamaros, un grupo guevarista, había sido fundado unos años después de la visita del Che Guevara a Uruguay y pese a la recomendación contraria del propio Guevara. El 17 de agosto de 1961, pocos meses después del fiasco de Bahía Cochinos, el Che habría afirmado, en un discurso en el paraninfo de la Universidad de la República: “Tengo la pretensión de decir que conozco América y que cada uno de sus países, en alguna forma, lo he visitado, y puedo asegurarles que en nuestra América, en las condiciones actuales, no se da un país donde, como en el Uruguay, se permitan las manifestaciones de ideas… Ustedes tienen algo que hay que cuidar que es, precisamente, la posibilidad de expresar sus ideas; la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir”. Esa tarde, a su lado, escuchaba atento un senador chileno llamado Salvador Allende. A la salida de la multitud, alguien había disparado y la bala, probablemente destinada al Che, mató al profesor de historia Arbelio Ramírez. Alguien había logrado que el discurso más conciliador del famoso revolucionario fuese refutado con un solo disparo. Fue el primer asesinato sin resolver en la lucha armada de la Guerra Fría en ese país, como corresponde en los casos planeados por agencias secretas que juegan en la primera liga. Algunos especularán sobre la amistad del profesor con la familia de una española que trabajaba como informante de la embajada soviética. Seguramente no por casualidad, el agente cubano de la CIA, Orlando Bosch se encontraba entre la multitud esa tarde. Bosch ya había participado en diversas operaciones en el continente. Entre sus más de cien atentados terroristas, sus obras maestras serán (en sociedad con otro cubano de la CIA definido por el FBI como terrorista peligroso, Luis Posada Carriles) la bomba detonada en Cubana de Aviación, la que costará la vida a 73 personas, y el coche bomba que matará al ex ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier y su secretaria en la misma capital de Estados Unidos. De la misma forma que Bosch, Posada Carriles y decenas de otros terroristas fueron sistemáticamente condenados y perdonados en Estados Unidos (la mayoría vivió en suntuosas casas en Miami), tampoco en Uruguay se investigó a fondo el terrorismo de la derecha criolla y mucho menos las múltiples actividades de la CIA, la que precedió a la misma creación del conocido grupo guerrillero de izquierda Tupamaros.
Antes de la llegada de Agee, en 1957 Howard Hunt (uno de los cerebros de la CIA en la campaña de propaganda que culminó con el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala tres años antes) había sido asignado a la estación Montevideo.[3] Poco después, el mismo Jacobo Árbenz había llegado con su familia desde Checoslovaquia y había alquilado una casa a pocas cuadras de la residencia de Hunt. Ambos coincidieron en una reunión social pero Hunt, pese a la tentación de su arrogancia, se contuvo y, copa en mano, no le reveló la verdad a su víctima, a quien en 2007 todavía llamaba dictador. El nuevo embajador de Estados Unidos, John Woodward, un idealista contra las políticas intervencionistas, le había dicho que esperaba que su nueva misión no fuese hacer en Uruguay lo que había hecho en Guatemala. Hunt, seguro de su independencia en cuestiones diplomáticas y legales, le informó que su único objetivo era que los comunistas no llegasen al gobierno en Uruguay. El embajador Woodward le respondió: “no vas a encontrar más comunistas aquí en Uruguay que en Texas”.
Según Hunt y el embajador anterior, el presidente conservador Luis Batlle Berres era antiamericano, y el hecho de que Uruguay, junto con México y Argentina, fuese uno de los tres países que tenían una embajada de la Unión Soviética, era una prueba. Por esta razón y por alguna otra, Hunt había reclutado a Benito Nardone, un periodista aficionado y político mediocre, sin preparación pero mediático y con una gran audiencia rural gracias a su programa de CX4 Radio Rural que se emitía a las 11: 30 de la mañana, justo a la hora del descanso y de la conversación del mate antes del almuerzo. Contra todos los pronósticos y las encuestas del embajador Woodward, Nardone, conocido como Chicotazo, terminó ganando las elecciones presidenciales de 1958 y demostrando el poder de Hunt y de la CIA para el trabajo fino. Como Washington, Moscú tenía sus espías trabajando en Uruguay bajo el escudo de su embajada. Diferente a Washington, no se registran golpes de Estado ni sangrientas dictaduras financiadas por Moscú.[4]
En los años sesenta las protestas sociales se habían incrementado al igual que las acciones secretas de Washington en el país. Los cargos más importantes de la policía habían sido reemplazados por individuos entrenados por la CIA y la tortura en las comisarías, según sus propios agentes, se habían convertido en práctica habitual. Entre 1963 y 1965 se fundó el grupo guerrillero Tupamaros, lo que les dio una excelente excusa a las fuerzas de represión en un contexto generalizado de decadencia económica, social y moral. Poco después y mucho antes de la dictadura militar, como parte de la lucha antisubversiva, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia operará escuadrones de la muerte, aparte realizar detenciones y apremios ilegales.
Pero el mayor temor de Washington y de la oligarquía criolla no eran los tupamaros sino el Frente Amplio. No eran las balas, sino los votos que herían mil veces más los intereses de las transnacionales y de las elites criollas. El 27 de agosto de 1971, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires le envió un telegrama secreto al Departamento de Estado detallando la preocupación del gobierno militar de Alejandro Lanusse sobre las elecciones en Uruguay. La embajada preveía que el gobierno argentino, con o sin la ayuda de Brasil, intervendría en Uruguay de forma secreta para evitar un triunfo del Frente Amplio en las elecciones “a través de un autogolpe comandado por el presidente Jorge Pacheco Areco”. En marzo de 1970, Pacheco Areco se había reunido con el dictador argentino Juan Carlos Onganía, y en febrero del año siguiente con su sucesor, el general Levingston. Poco después, Argentina le envió equipos especializados en interrogatorios. En diciembre de 1970 y en julio de 1971, hubo contactos entre las cúpulas de Argentina y Brasil. Los agregados militares de Brasil informaron a sus pares de Estados Unidos (USMILAT) que desde mucho antes, durante las pasadas dictaduras de Onganía y Artur da Costa e Silva, existía un acuerdo para intervenir en Uruguay cuando ellos lo considerasen necesario.
Sin embargo, el mismo Lanusse enfrentaba una fuerte oposición popular en Argentina y la opción de una intervención directa fue sustituida por el apoyo al presidente Pacheco Areco para un autogolpe que impidiese la toma de poder por parte del Frente Amplio en caso de una votación favorable a la izquierda, como había ocurrido en Chile un año atrás y para lo cual Washington ya había resuelto un nuevo golpe de Estado. Señalando fuentes directas vinculadas a los altos mandos, la Embajada de Estados Unidos reportó: “este plan ya se encuentra en marcha”. Más adelante: “los recientes eventos en Bolivia, en los cuales el gobierno de Argentina estuvo involucrado, han alentado a sus militares a repetir la misma solución” (Se refiere al golpe de Estado del general ultraconservador Hugo Banzer contra el general progresista J. J. Torres) “La embajada espera que el gobierno de Argentina haga lo necesario para apoyar militar y económicamente al gobierno de Uruguay contra la amenaza de un posible triunfo del Frente Amplio”.
Ahora, para las cruciales elecciones de 1971, Washington y Brasilia ya se han encargado de que el partido de izquierda Frente Amplio obtenga una mala votación y que el Partido Blanco, el partido de Nardone (ahora posicionado unos pasos hacia la izquierda con su candidato nacionalista Wilson Ferreira Aldunate) pierda las elecciones. Luego de meses de recuento y de denuncias de fraude, el candidato del Partido Colorado, ahora en manos de la derecha militarista, resultará vencedor. Juan María Bordaberry obtendrá unos pocos miles de votos más que Wilson Ferreira y se encargará de entregar el país a la dictadura militar dos meses antes del golpe en Chile. Este mismo año, en la Casa Blanca, Richard Nixon, Henry Kissinger, Vernon Walters y otros funcionarios de Washington le agradecen personalmente al dictador brasileño Emílio Garrastazu Médici por la manipulación de las elecciones en Uruguay, como antes habían colaborado con Chile, y por ser el brazo secreto de Estados Unidos en la represión de los movimientos sociales de América Latina y en el bloqueo de Cuba como miembro de la OEA.
A la vuelta de la democracia vigilada en 1984, los militares primero y luego los políticos conservadores, no se cansarán de justificar la dictadura uruguaya como una consecuencia de las acciones de los Tupamaros y de la influencia extranjera. Como la mayoría de los grupos armados de ideología marxista, indigenista o alguna otra variación de la izquierda del siglo XX en América latina, los Tupamaros habían nacido en los años sesenta, al menos un siglo después de las profusas dictaduras que en ese continente comenzaron a ser implantadas por Washington en su patio trasero. Pero la tradición de rebeliones armadas es aún más antigua y se remonta a los primeros días de la conquista y colonización ibérica en el continente. El patrón del siglo XVI, la misma historia elogiada por Hernán Cortés, denunciada por Bartolomé de las Casas y sufrida por los rebeldes como Hatuey o Enriquillo, se repite en otros escenarios mil y una vez a lo largo del siglo XX y es explotado por el imperio de turno: el poder de la elite colonial y exportadora en los puertos y los indios, los negros y los blancos rebeldes escondidos en las sierras. No por casualidad, un análisis secreto sobre las actividades subversivas del Departamento de Estado fechado el 31 de diciembre de 1976 afirma que “el terrorismo en América Latina tiene raíces indígenas”. No por casualidad el nombre Tupamaros, en un país predominante europeo y urbano como Uruguay, hace referencia al rebelde peruano Túpac Amaru II.
En Uruguay, el golpe de Estado de 1973 tampoco tuvo como objetivo derrotar a los tupamaros que ya habían sido derrotados.[5] Había que eliminar la amenaza de una opción popular por la fuerza de los votos. En Chile, el golpe de Estado no fue posible antes del triunfo de Allende, sino después. Esta fue la diferencia.
En Argentina, la decepción de los peronistas por el nuevo peronismo de derecha y la experiencia subversiva creada por la dictadura de Onganía en los 60 habían formado el cóctel perfecto para el caos y, sobre todo, para una nueva excusa de las fuerzas de represión. ¿Qué mejor que el desorden para los profesionales del orden? Pocos meses antes de las elecciones de 1976, los militares decidirán dar un nuevo golpe de Estado y evitar el triunfo del ala izquierda del peronismo, reagrupada detrás de Héctor Cámpora y con serias posibilidades de llegar a la Casa Rosada.
Cuando pocos años después, en el Cono Sur, el dominó de las dictaduras militares tiña de sangre y arbitrariedad toda la región, Washington deberá justificarse. El lenguaje será, como siempre, el principal instrumento y la primera víctima. En un Memorándum del Departamento de Estado enviado a Tony Lake con fecha del 31 de diciembre de 1976, el terrorismo de Estado que azotará la región gracias a estas políticas de manipulación internacional apenas merecerá referencias tangenciales como la preocupación por la percepción negativa de otros países sobre el apoyo de Washington a “países que no observan estándares internacionalmente reconocidos” en materia de derechos humanos. Los grupos de izquierda son repetidamente señalados como terroristas mientras que las matanzas de los gobiernos y de los grupos paramilitares de derecha que “secuestran, violan, torturan y asesinan disidentes… sospechosos de simpatías izquierdistas” son referidos como excesos. La clausura del parlamento en Uruguay es mencionada como una consecuencia de la lucha contra los terroristas, mientras que “en los gobiernos del Cono Sur existe una clara tendencia a rechazar las preocupaciones internacionales sobre derechos humanos por tratarse de injerencias extranjeras en asuntos internos… algo que no puede ser permitido”. El futuro ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura en Uruguay, Juan Carlos Blanco, protestará cuando, durante la administración Carter, la Enmienda Koch limite la ayuda de Washington a las dictaduras amigas, por considerar que constituye una interferencia inaceptable en asuntos internos de esos países. El embajador estadounidense en Montevideo, Ernest Siracusa, en defensa de la dictadura, la llamará “gobierno civil con una fuerte influencia militar”.
Años, décadas, generaciones después, las elites en el poder político y social no se cansarán de repetir que, de no haber sido por los grupos rebeldes de izquierda como los Tupamaros en Uruguay o los Montoneros en Argentina, las dictaduras militares nunca hubiesen existido. Esta fabricación se convertirá en un dogma. Como los traumas de las dictaduras, sobrevivirá en las generaciones por venir.[6]
[1] Antes que los tupamaros, habían surgidos grupos denominados Comandos del Hambre, los que asaltaban camiones de comida de la cadena de supermercados Manzanares para distribuirlos en los irónicamente llamados cantegriles, los nuevo asentamientos de villas miserias en los perímetros de Montevideo.
[2] El caos de los indios, de los negros y de los hispanos en Estados Unidos también se controló con una larga dictadura, pero nunca fue militar y siempre se la llamó democracia.
[3] Howard Hunt será investigado en Estados Unidos por el asesinato de Kennedy debido a una grabación realizada en Montevideo dos días antes del asesinato del presidente, en la cual se mencionaba “un asunto de extrema importancia para el país”. En 1975 será condenado por conspiración en el escándalo Watergate que derivó en la renuncia del presidente Richard Nixon. En 2007, en su lecho de muerte, reconocerá que la CIA organizó el asesinato de Kennedy. El testimonio de sus familiares fue clasificado como poco confiable.
[4] Ni siquiera la Revolución cubana fue orquestada en Moscú. La Unión Soviética se convirtió en aliado y subsidiario estratégico de Cuba luego del desprecio de Eisenhower y Nixon a la visita de Fidel Castro a la Casa Blanca y, sobre todo, luego de la fracasada invasión militar de Bahía Cochinos en 1961, de los sabotajes y actos de terrorismo, del acoso legal y del masivo bloqueo económico y diplomático que le siguió.
[5] La derrota armada de los tupamaros ni siquiera fue mérito del ejército. Muchos meses antes del golpe de Estado de 1973 este grupo había sido reducido por la policía, también bajo la órbita de Washington y la CIA desde hacía más de diez años. La misma creación y organización de la DNII (Dirección Nacional de Información e Inteligencia) había sido obra de los enviados de Washington dirigidos por enviados a Washington, como su director Víctor Castiglioni. La DNII también se especializó en el secuestro y tortura de disidentes no vinculados a los grupos armados pero sospechosos de pensar diferente.
[6] El 19 de abril de 1995 Timothy McVeigh, un terrorista de extrema derecha y soldado de la Guerra del Golfo, logrará detonar una bomba que destruirá un edificio federal en Oklahoma matando a 168 personas y dejando más de 600 gravemente lesionadas. En los años por venir, los atentados terroristas de la extrema derecha en Estados Unidos proliferarán por miles ante la distracción de la gran prensa, totalmente ocupada con los casos minoritarios del terrorismo islámico. Ni siquiera se aprobarán leyes limitando las libertades civiles (como fue el caso de la Ley Patriota contra los críticos luego del 9/11 de 2001). Nadie propondrá un golpe de Estado en Washington para luchar contra el terrorismo doméstico. No habrá narrativa que lo justifique ni propaganda extranjera que la promueva.
Jorge Majfud
Resumen gráfico:





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