Corrupción ilegal vs. corrupción legalizada

Ilegal: corrupto

Luego de las conocidas mega crisis de la última etapa del ciclo neoliberal latinoamericano de los 90s, entre 2003 y 2014 el PIB de Brasil pasó de 558 mil millones a casi 2,5 billones de dólares, por encima del Reino Unido. Durante este boom de la economía brasileña y de una notoria mejoría en los estándares sociales de las clases más bajas, advertimos varias veces que su talón de Aquiles sería la corrupción, la cual es una tradición no solo en Brasil sino en todo país que no se ha desligado completamente de la mentalidad colonial, que es la que más generó corrupción en los países pobres de África y de América latina, enseñando a los de arriba a corromperse por ambición patológica y a los de abajo por necesidad ante un sistema de leyes que, como decía un caporal, se respetaban pero nunca se cumplían.

En 2016, la presidenta Dilma Rousseff fue condenada por corrupción por un congreso repleto de corruptos y debió abandonar su puesto de presidenta, acusada de maquillar los números presupuestales. Hasta el momento no se han aportado prueba alguna de su implicación en la corrupción de Petrobras, que fue la razón que inició la súbita fiebre anticorrupción, amplificada desde el 2011 por las redes sociales y el tradicional odio oligárquico (racista, sexista y clasista) inoculado hasta en el más pobre.

Más recientemente, el expresidente Lula (odiado por haber sacado a treinta millones de brasileños de la pobreza, siendo que no tenía otro título que el de trabajador metalúrgico) fue condenado por aceptar, a cambio de favores empresariales, reparaciones gratis en un costoso apartamento de su propiedad a nueve años de prisión (más que cualquier genocida latinoamericano) y por lavado de dinero a 12 años.

Cuando Lula fue enviado a prisión era el candidato a la presidencia favorito en las encuestas. El juez que lo condenó, Sergio Moro, nuevo héroe de la ética y la “lucha contra la corrupción”, aceptó el Ministerio de Justicia (cargo político) ofrecido por el recientemente electo presidente Jair Bolsonaro, principal adversario y enemigo de Lula. Siendo senador, Bolsonaro votó por el impeachment de la presidenta Rousseff al tiempo que daba vivas a la pasada dictadura militar.

Este tipo clásico de corrupción latinoamericana, tragicómica, carnavalesca, es de una alta ingenuidad. Siempre existió y en períodos de dictadura militar se multiplicó bajo el silencio de la censura, lo que le confería esa ilusión de paz, honor y rectitud que las oligarquías suelen repetir para justificar sus crímenes y abusos históricos.

Este tipo de corrupción es condenable porque es ilegal. Razón por la cual desde Europa y desde Estados Unidos se considera siempre que esos países nunca se desarrollan porque son demasiado corruptos. “América latina, droga y corrupción”, es la representación que tienen de nosotros. Por supuesto que del masivo consumo de drogas en el Primer Mundo que hace posible la alta criminalidad en los países del Sur, no se habla. Colombia ha sido, por generaciones, el país sudamericano con más bases militares de Estados Unidos y sigue siendo, por lejos, el mayor productor de cocaína del mundo (por casualidad, Estados Unidos es el mayor consumidor). Pero los narcoestados son los otros. La criminalidad en México se disparó en la primera década de este siglo como consecuencia de la llamada Guerra contra las drogas, lo que demuestra la persistencia de la ingenuidad de pretender que la militarización de las sociedades es la respuesta a la violencia creada por la brutal desigualdad económica y la ilegalidad de las drogas.

De la corrupción de los negocios del actual presidente de Estados Unidos se podrían escribir libros. Bastaría con recordar la insistencia de negarse a mostrar sus declaraciones de impuesto.

It’s legal, dude

Pero vayamos a la madre de todas las corrupciones: la corrupción legal. Podríamos empezar por cualquier parte, por ejemplo por la genocida corrupción belga en el Congo, que dejo millones de asesinados a total impunidad. Antes de la dictadura del títere Mobutu, que siguió al magnicidio de Lumumba y otros frustrados presidentes, el país fue por un siglo una empresa privada y casi todos los abusos cometidos allí eran legales, precisamente porque los criminales y corruptos hacían las leyes. Podríamos continuar por horas y días analizando casos similares.

En noviembre de 2018, Miriam Adelson, una mega donante del entonces candidato Donald Trump, esposa del billonario de los casinos Sheldon Adelson, recibió la Medalla de la Libertad de manos del presidente Donald Trump. Cuando se lo comenté a Noam Chomsky en relación a la “corrupción latinoamericana”, dijo: “comparada con la corrupción aquí en Estados Unidos, la latinoamericana es un juego de amateurs”. Imposible resumirlo mejor.

El 13 de abril de 2019, el USA Today (un diario al que no se puede sospechar de comunista, de subversivo o de alguna de esos versos aprendidos de memoria por los reaccionarios latinoamericanos), junto con el The Arizona Republic and the Center for Public Integrity, publicaron una investigación confirmando lo que habíamos escrito desde hace muchos años. El título lleva toda la ironía que merece: “Copy, paste, legislate”.

Según esta investigación, en los últimos ocho años en los 50 Estados de la Unión se aprobaron leyes para beneficiar “intereses especiales” de grandes compañías. Según el informe, cada vez que los legisladores escriben una ley, tanto las grandes corporaciones como los lobbies llenan los espacios vacíos que son necesarios para beneficiarlos.

En solo este periodo analizado, 10.163 proyectos de ley fueron propuestos en los congresos estatales, todos copias de los modelos escritos directamente por grupos de intereses especiales. Si los legisladores usaran los software que se usan en las universidades estadounidenses para detectar plagio, sus autores hubiesen sido expulsados de sus puestos a la primera de cambio, como son expulsados, muchas veces sin piedad, jóvenes estudiantes de 22 o 25 años por plagiar un párrafo en un modesto paper.

Aunque las grandes empresas ya usan inteligencia artificial para detectar lo que no detectan los análisis de palabras, esta investigación no incluyó aquellas leyes que fueron reescritas de cero y que pudieron incluir las mismas ideas y propósitos. Estos miles de casos analizados eran los más obvios de “copia y pega”.

2.100 de esos proyectos se convirtieron en leyes. La gran mayoría de estas leyes beneficiaron a las grandes industrias y a las ideologías conservadoras. Irónicamente, todos estos modelos comienzan con las palabras “libertad” y “derecho”, y mencionan los principios y las leyes anteriores en las cuales se ampara y justifica el nuevo proyecto de ley.

Esta investigación confirma los resultados de otra más antigua realizada por Princeton University que afirmaba que las chances de que un proyecto de ley con la aprobación de la población tenía un 30 por ciento de probabilidades de ser aprobado, mientras que aquellos proyectos ampliamente impopulares tenían, también, un 30 por ciento de probabilidades de ser aprobados.

En otras palabras, la opinión del pueblo no vale una hamburguesa de McDonald’s. Tal vez sí una Cajita Feliz.

Es esta la madre de todas las corrupciones que no se llama corrupción.

JM, 13 de abril de 2019

 

El viejo cuento de la corrupción

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La narrativa política que justifica cualquier opción como forma de acabar con la corrupción es tan antigua como la política y como la narrativa. En América Latina es un género clásico y sólo gracias a la poca memoria de los pueblos es posible repetirla, generación tras generación, como si se tratase de una novedad.

Pero esta narrativa, que sólo sirve a la consolidación o a la restauración de una determinada clase en el poder, se centra exclusivamente en la corrupción menor: un político, un senador, un presidente recibe diez mil o medio millón de dólares para favorecer a una gran empresa. Rara vez un pobre ofrece medio millón de dólares a un político para que le otorgue una pensión de quinientos dólares mensuales.

Es corrupto quien le paga un millón de dólares a un político para ampliar los beneficios de sus empresas y es corrupto el pobre diablo que vota por un candidato que le ha comprado las chapas para el techo de su casita en la villa miseria.

Pero es aún más corrupto aquel que no distingue entre la corrupción de la ambición y la corrupción de quien busca, desesperadamente, sobrevivir. Como decía la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz a finales del siglo XVII, antes que el poder del momento la aplastara por insumisa:

¿O cuál es más de culpar,

aunque cualquiera mal haga:

la que peca por la paga

o el que paga por pecar?

Rara vez las acusaciones de corrupción se refieren a la corrupción legal. Ni importa si, gracias a una democracia orgullosa de respetar las reglas de juego, diez millones de votantes aportan cien millones de dólares a la campaña de un político y dos millonarios aportan sólo diez millones, una propina, al mismo candidato. Cuando ese político gane las elecciones cenará con uno de los dos grupos, y no es necesario ser un genio para adivinar cuál.

No importa si luego esos señores logran que el congreso de sus países apruebe leyes que benefician sus negocios (recortes de impuestos, desregulación de los salarios y de las inversiones, etc.), porque ellos no necesitarán violar ninguna ley, la ley que ellos mismos escribieron, como un maldito ladrón que no le roba a diez millones de honestos e inocentes ciudadanos sino a dos o tres pobres trabajadores que sólo sentirán la ira, la rabia y la humillación por el despojo que ven y no por el que no ven.

Pese a todo, aún podemos observar una corrupción aún mayor, mayor a la corrupción ilegal y mayor a la corrupción legal. Es esa corrupción que vive en el inconsciente del pueblo y que no procede de otro origen sino de la persistente corrupción del poder social que, como una gota, cava la roca a lo largo de los años, de los siglos.

Es la corrupción que vive en el mismo pueblo que la sufre, en ese hombre cansando, de manos curtidas o de títulos universitarios, en esa mujer sufrida, con ojeras, o en esa otra de naricita levantada. Es esa corrupción que se va a la cama y se levanta con cada uno de ellos, cada día, para reproducirse en el resto de su familia, de sus amigos, como la gripe, como el ébola.

No es simplemente la corrupción de unos pocos individuos que aceptan dinero fácil por los misteriosos atajos de la ley.

No, no es la corrupción de quienes están en el poder, sino esa corrupción invisible que vive como un virus de la frustración de quienes buscan acabar con la corrupción con viejos métodos probadamente corruptos.

Porque corrupción no es solo cuando alguien da o recibe dinero ilícito, sino también cuando alguien odia a los pobres porque reciben una limosna del Estado.

Porque la corrupción no es sólo cuando un político le da una canasta de comida a un pobre a cambio de su voto, sino cuando quienes no pasan hambre acusan a esos pobres de corruptos y holgazanes, como si no existieran los holgazanes en las clases privilegiadas.

Porque la corrupción no es sólo cuando un pobre holgazán logra que un político o el Estado le den una limosna para dedicarse a sus miserables vicios (vino barato en lugar de Jameson Irish whiskey), sino también cuando quienes están en el poder se convencen y convencen a los demás que sus privilegios lo ganaron ellos solos y en la más pura, destilada, justa ley, mientras que los pobres (esos que lavan sus baños y compran sus espejitos) viven del intolerable sacrificio de los ricos, algo que sólo un general o un Hombre de Negocios con mano dura puede poner fin.

Porque corrupción es cuando un pobre diablo apoya a un candidato que promete castigar a otros pobres diablos, que son los únicos diablos que el pobre diablo resentido conoce, porque se ha cruzado con ellos en la calle, en los bares, en el trabajo.

Porque corrupción es cuando un mulato como Domingo Sarmiento o Antonio Hamilton Martins Mourão siente vergüenza de los negros de su familia y odio infinito por los negros ajenos.

Porque corrupción es cuando un elegido de Dios, alguien que confunde la interpretación fanática de su pastor con los múltiples textos de una Biblia, alguien que va todos los domingos a la iglesia a rezarle al Dios del Amor y al salir tira unas monedas a los pobres y al día siguiente marcha contra el derecho a los mismos derechos de gente diferente, como los gays, las lesbianas, los trans, y lo hace en nombre de la moral y del hijo de Dios, Jesús, sí, ese mismo que tuvo mil oportunidades de condenar a esa misma gente diferente, inmoral, y nunca lo hizo, sino lo todo contrario.

Porque corrupción es apoyar a candidatos que prometen la violencia como forma de eliminar la violencia.  

Porque corrupción es creer y repetir con fanatismo que las dictaduras militares que asolaron América Latina desde el siglo XIX, esas que practicaron todas las variaciones posibles de corrupción, pueden alguna vez ser capaces de terminar con la corrupción.

Porque corrupción es odiar y, al mismo tiempo, acusar al resto de sufrir de odio.

Porque la corrupción está en la cultura y hasta en el corazón de los individuos más honestos de una sociedad.

Porque la peor de las corrupciones no es la que se lleva un millón de dólares, sino aquella otra que no deja ver ni escucha los alaridos de la historia, ni se escucha ni deja que se vea hasta que es demasiado tarde.

 

JM, octubre 2018

 

 

Brasil: Os 119 golpistas com processos na Justiça

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Por Altamiro Borges

No show de horrores da aprovação do impeachment de Dilma na Câmara Federal, no domingo (17), o cinismo dos moralistas sem moral ficou patente. Até alguns “midiotas” que apoiaram o golpe devem ter sentido ânsia de vômito – talvez se arrependendo, no íntimo, da besteira que fizeram. Houve casos grotescos de cafajestice, como o da deputada Raquel Muniz (PSD-MG), que dedicou seu voto “contra a corrupção” ao marido Ruy Muniz, que é prefeito de Montes Claros. Um dia depois da cena patética, nesta segunda-feira, o cônjuge foi preso pela Polícia Federal acusado de desviar recursos do hospital público da cidade mineira para favorecer a sua clínica particular. Ele foi denunciado por “falsidade ideológica, dispensa indevida de licitação pública, estelionato, prevaricação e peculato”. Haja ética!

 

Outro caso deprimente é o do deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), que garantiu o decisivo 342º voto pelo impeachment de Dilma. Segundo matéria do insuspeito Estadão nesta segunda-feira, o tucano “é oriundo de uma família de políticos. Em 1998, aos 26 anos, ele foi eleito pelo PSDB o deputado mais jovem de Pernambucano, com mais de 34 mil votos. No Estado, ele chegou a presidir a Assembleia Legislativa… Araújo teve o nome citado na lista de pagamentos feitos pela Odebrecht, relevada após busca e apreensão feita pela Operação Lava Jato em março deste ano. A citação do nome do tucano é referente às campanhas eleitorais de 2010 e 2012”.

Mas a lista dos falsos moralistas que aprovaram, “em nome de Deus e da família”, o impeachment de Dilma não se restringe a estes dois casos ridículos. O Jornal do Brasil fez um levantamento detalhado da votação e chegou ao número de 119 deputados federais que esbravejaram contra a corrupção, mas que já responderam ou respondem por crimes na Justiça comum ou eleitoral. Vale conferir a listinha:

 
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– Abel Mesquita (Abel Galinha – DEM-RR). É proprietário de uma grande rede de postos de gasolina em seu estado. De acordo com o Portal da Transparência, sua rede de postos recebeu R$1,2 milhão do governo federal. R$ 262 mil da Polícia Federal, R$ 257 mil do Ministério da Agricultura e R$244 mil da Funai. Eleito para seu primeiro mandato, o parlamentar se elegeu pelo PDT, passou pelo MPB e recentemente se filiou ao DEM.

– Adelson Barreto (PR-SE). Eleito por três mandatos consecutivos, o deputado enfrentou um problema em 1998, quando foi eleito como o deputado mais votado do Sergipe, porém, um problema na documentação do seu partido, o antigo PFL, atual DEM, o impediu de assumir o cargo.
– Antonio Imbassahy (PSDB-BA). O deputado federal envolveu-se em polêmica em 2013 durante a votação da cassação do deputado federal já preso, Natan Donadon (RO). Imbassahy filmou seu voto (a favor da perda de mandato do colega) alegando “inaugurar o voto aberto” na Casa. Com isso, foi acusado de ferir o regimento interno da Câmara de Deputados.
– Baleia Rossi (PMDB-SP). Em fevereiro de 2016 foi citado pelo lobista Marcel Júlio, que extorquia fornecedores de merendas para escolas públicas de São Paulo.

– Cabo Daciolo (PTdoB-RJ). Ganhou notoriedade em 2011, quando foi uma das lideranças da greve dos bombeiros no Rio de Janeiro. Daciolo chegou a ser preso e ficar nove dias no presídio de Bangu. Foi expulso do PSOL após propor uma emenda constitucional para alterar o parágrafo primeiro da Constituição Brasileira de “todo poder emana do povo” para “todo poder emana de Deus”. Além disso, em março de 2015, Daciolo gerou atrito dentro do PSOL ao defender a libertação dos doze policiais acusados de participar da tortura e morte do pedreiro Amarildo Dias de Souza em 2013.

– Celso Russomano (PRB-SP). Segundo a revista Consultor Jurídico, em 1998 foi acusado de exercer ilegalmente a advocacia pelo serviço “Plantão Jurídico”. Em 2002, Celso Russomanno foi acusado de agredir uma funcionária do Instituto do Coração e de danificar as dependências do hospital. Ele ainda se tornou réu por falsidade ideológica no STF, acusado pelo Ministério Público de simular contrato de imóvel para mudar seu domicílio eleitoral e assim concorrer a Prefeitura de Santo André, em 2000. Em 2010 foi autor de uma emenda para destinar 1,1 milhão de reais para uma ONG que preside e administra em conjunto com familiares. Uma gravação interceptada pela Polícia Federal, durante a Operação Monte Carlo, indica que o deputado teria relações com o esquema operado pela quadrilha do bicheiro Carlos Cachoeira.

– Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Candidatou-se pela primeira vez a um cargo eletivo em 1998, tendo ficado como suplente de deputado estadual e assumiu uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado em 2001. Durante seu mandato de presidente da Câmara dos Deputados, está sendo investigado pela Operação Lava Jato e foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Acusado de mentir na CPI da Petrobras, teve contra si aberto processo em que se pede sua cassação por quebra de decoro parlamentar. Em 3 de março de 2016, o Supremo Tribunal Federal acolheu por 10 votos a 0, em unanimidade, a denúncia do Procurador-Geral da República Rodrigo Janot contra Eduardo Cunha por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tornando-se réu neste tribunal. A área técnica da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão responsável pela fiscalização do mercado financeiro, apontou em relatório sigiloso de março de 2015 que Cunha obteve um “lucro indevido” de R$ 900 mil por operações realizadas entre 2003 e 2006 com fundos de investimento movimentados pela Prece, o fundo de pensão dos funcionários da CEDAE.

– Fausto Pinato (PP-SP). Foi eleito em 2014 devido aos votos obtidos pelo companheiro de partido, Celso Russomano. Foi designado relator do processo de quebra de decoro parlamentar, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, contra o deputado Eduardo Cunha, presidente daquela casa. Entre as empresas doadoras em sua campanha eleitoral estão: Constran, Construcap e Queiroz Galvão, todas investigadas na Operação Lava Jato.

– Heráclito Fortes (PSB-PI). Por votação majoritária, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a decisão do Tribunal de Justiça do Piauí, que o condenou Heráclito Fortes a ressarcir os cofres do município de Teresina por gastos com publicidade oficial, quando foi prefeito daquela capital, em que teria ficado caracterizada promoção pessoal nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa. Um telegrama obtido pelo WikiLeaks aponta que o senador Heráclito Fortes sugeriu que o governo norte-americano estimulasse a produção de armas no Brasil para conter supostas ameaças de Venezuela, Irã e Rússia. Em correspondência assinada pelo então embaixador americano Clifford Sobel, o diplomata relata o diálogo com Heráclito, que na época presidia a Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado.

– José Luiz Stédile (PSB-RS). O deputado responde a processo no Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul por não ter conseguido pagar despesas da saúde e da educação no final de seu primeiro mandato como prefeito de Cachoeirinha (RS), em 2004. Os pagamentos não foram feitos a tempo, segundo ele, porque o governo estadual atrasou o repasse.

– Júlio Lopes (PP-RJ). Licenciou-se do mandato de deputado federal, na Legislatura 2003-2007, para assumir o cargo de Secretário de Estado de Transportes, a partir de 1º de janeiro de 2007. Renunciou em 18 de janeiro de 2007. Licenciou-se do mandato de deputado federal, na Legislatura 2011-2015, para assumir o cargo de Secretário de Estado de Transportes, a partir de 1º de março de 2011. Reassumiu em 4 de abril de 2014. Quando secretário, foi responsabilizado pelo acidente com um bonde no bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, que deixou seis pessoas mortas e outras 57 feridas. É investigado por apropriação indébita previdenciária e uso de símbolos governamentais em propaganda eleitoral.

– Marco Antônio Cabral (PMDB-RJ). Filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Marco Antônio foi acusado pelo TSE, em 2013, de antecipar a propaganda eleitoral através das redes sociais, sendo obrigado a apagar sua conta do Facebook. Em 2014 ele foi multado em R$ 10,000.00 pelo TRE-RJ por propaganda eleitoral antecipada. Quando se candidatou ao congresso, Marco declarou à Justiça Federal ter R$ 360 mil em bens, com apenas 23 anos. Uma polêmica que ronda a vida de Marco Antônio Cabral, é a morte da noiva, a estudante Mariana Noleto, num misteriosos e não investigado desastre de helicóptero na Bahia.

– Marinha Raupp (PMDB-RO). Estreou na política em 1994, então filiada ao PSDB quando foi eleita pela primeira vez deputada federal. Seria reeleita por outras três vezes consecutivas. Desde 2001 pertence ao PMDB. Casada com o senador Valdir Raupp, Marinha, ao lado de seu marido, são suspeitos de ter formado caixa dois para campanha de 2010 por meio do esquema de desvios de corrupção da Petrobras.

– Nilson Leitão (PSDB-MT). Quando era presidente estadual do PSDB, o diretório teve as contas referentes ao exercício de 2007 e 2010 reprovadas. É alvo de inquérito que apura corrupção passiva, referente aos esquemas de corrupção entre a empreiteira Gautama e administradores públicos no município de Sinop (MT), à época em que o parlamentar era prefeito. Em 2007, chegou a ser preso preventivamente na Operação Navalha da Polícia Federal, que investigava o mesmo caso. É alvo de inquérito que apura incitação ao crime e formação de quadrilha. O parlamentar teria incentivado invasões a terras indígenas. É alvo de inquérito que apura crimes de responsabilidade. De acordo com a acusação, o parlamentar teria superfaturado a execução de obras de pavimentação e drenagem em trecho urbano da BR-163 de forma a facilitar o desvio de recursos públicos, entre 2001 e 2006, quando era prefeito de Sinop (MT). A denúncia foi recebida quanto ao crime de responsabilidade por desvio ou apropriação de bem público. É alvo de inquéritos que apuram crimes da Lei de Licitações.

– Otávio Leite (PSDB-RJ). É alvo de representação (sob segredo de justiça) por captação e gastos ilícitos na campanha de 2014 com pedido de cassação de diploma. O processo envolve a gráfica High Level Signs que foi lacrada por conter material não declarado de campanha do parlamentar e dos deputados federais Marco Antonio Cabral (PMDB), Pedro Paulo (PMDB) e Leonardo Picciani (PMDB), estes respondem processos separados. Foi deferido o pedido de quebra de sigilo bancário.

– Pauderney Avelino (DEM-AM). Quando era presidente do DEM, a prestação de contas do partido foi declarada não prestada. Houve a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que durar a omissão.

– Paulo Maluf (PP-SP). Ex-prefeito de São Paulo, Maluf é alvo de inúmeros inquéritos e ações penais, inclusive de um mandado de prisão internacional expedido pela Interpol. Foi condenado a três anos de prisão pela justiça francesa. Foi condenado por improbidade administrativa pelo superfaturamento na construção do túnel Ayrton Senna quando prefeito de SP. A Justiça determinou o ressarcimento de danos, pagamento de multa, proibição de contratar ou receber benefícios/incentivos fiscais ou creditícios e suspensão dos direitos políticos. A decisão foi mantida em segunda instância. Foi condenado pela utilização de meios e dinheiro público para promoção pessoal durante o período em que ocupou o cargo de prefeito de SP. A Justiça determinou o ressarcimento das despesas, a suspensão dos direitos políticos por três anos e o pagamento de multa civil, além da proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos. É réu em ação penal por lavagem de dinheiro. O caso envolve parentes do deputado, que respondem à ação na Justiça Federal de São Paulo. É réu em ação penal por crimes eleitorais. Foi oferecida denúncia por falsidade ideológica pela Procuradoria Geral da República contra o parlamentar. Ele é acusado de receber financiamento eleitoral da empresa Eucatex, da qual é sócio, sem declarar em sua prestação de contas da campanha eleitoral de 2010. É réu em ação movida pela Justiça Pública por crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Réu junto com o ex-senador Romeu Tuma e outros por participação em ocultação de cadáveres de militantes durante a ditadura militar.

– Pedro Paulo (PMDB-RJ). Em 2014, foi reeleito deputado federal com 162.403 votos, sendo o sexto mais votado no Estado e o terceiro colocado na capital fluminense. De acordo com o site “O que fez seu deputado”, criado pela PUC-RJ, Pedro Paulo se absteve de diversas votações relevantes, como a PEC 37, PEC das Domésticas, Novo Código Florestal, Marco Civil da Internet, Fim do Voto Secreto, PEC do Trabalho Escravo, Tribunais Federais e Migração Partidária. Em 2015, Pedro Paulo admitiu ter agredido física e moralmente sua ex-mulher por duas vezes. Embora tenha tentado reduzir a dimensão do episódio, qualificando-o como descontrole provocado por ciúmes.

– Marco Feliciano (PSC-SP). Teve desaprovada a prestação de contas da eleição de 2014 para deputado federal. Tribunal considerou que houve omissão de despesas. Parlamentar recorreu em terceira instância, mas a decisão foi mantida. É alvo de inquérito que apura irregularidades na contratação de cinco pastores da igreja Catedral do Avivamento, fundada pelo parlamentar. De acordo com a denúncia, os pastores foram contratados pelo seu gabinete, mas não estariam cumprindo o expediente. É alvo de ação civil pública com pedido de indenização por danos morais difusos. A ação foi ajuizada pela ONG Ação Brotar pela Cidadania e Diversidade Sexual em virtude das manifestações do parlamentar acerca da parada do Orgulho LGBT e de Viviany Beleboni – ativista transexual que realizou uma performance no evento -, que teriam incorrido em crimes de difamação, injúria e incitação ao ódio à população LGBT.

– Sérgio Reis (PRB-SP). Teve desaprovada a prestação de contas das eleições de 2014 para deputado federal. O parlamentar recorre.

– Carlos Andrade (PHS-RR). É alvo de representação movida pelo Ministério Público, por captação ou gasto ilícito de recursos financeiros de campanha eleitoral. Teve reprovada a prestação de contas das eleições de 2014 para deputado federal. O parlamentar recorre da decisão. E foi multado por irregularidades na prestação de contas da Boa Vista Energia de 2004 de sua responsabilidade.

– Afonso Hamm (PP-RS). É alvo de inquérito aberto com a Operação Lava Jato da Policia Federal, que investiga esquema de corrupção e lavagem de dinheiro com recursos desviados da Petrobras.

– Alceu Moreira (PMDB-RS). Foi condenado por improbidade administrativa. A Justiça considerou que houve desvio de finalidade na contratação de dois funcionários pela prefeitura de Osório e determinou o ressarcimento de danos ao erário e o pagamento de multa. Réu em processo por improbidade administrativa foi condenado em segunda instância ao pagamento de multa por contratação irregular de funcionário público. Foi condenado ao pagamento de multa por conduta vedada a agente público (uso irregular de serviço social de saúde pública). A decisão foi mantida em segunda instância. É alvo de inquérito que apura crimes da Lei de licitações e corrupção passiva. O processo corre sob segredo de justiça.

– Giovani Cherini (PDT-RS). Foi condenado em ação movida pelo Ministério Público Eleitoral por abuso de poder econômico e compra de votos. A Justiça decretou sua inelegibilidade por três anos, a contar das eleições de 2006.

– Luis Carlos Heinze (PP-RS). É alvo de inquérito aberto com a Operação Lava Jato da Policia Federal, que investiga esquema de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com recursos desviados da Petrobras.

– Mauro Pereira (PMDB-RS). Teve desaprovada a prestação de contas das eleições de 2004 para vereador de Caxias do Sul. Recorreu, mas a decisão foi mantida.

– Osmar Terra (PSDB-RS). O TCE-RS apontou irregularidades nas suas gestões da Secretaria da Saúde e da Prefeitura e o condenou ao pagamento de multa.

– Renato Molling (PP-RS). É alvo de inquérito aberto com a Operação Lava Jato da Policia Federal, que investiga esquema de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com recursos desviados da Petrobras. Condenado a ressarcir o montante gasto com a publicação de editais de dispensa de licitação, bem como à suspensão dos direitos políticos pelo período de três anos. À época em que era prefeito do município de Sapiranga, o parlamentar contratou a empresa ACB Torres Advogados Associados sem o devido processo licitatório.

– Ronaldo Nogueira (PTB-RS). Teve reprovadas as contas referentes à campanha eleitoral de 2014. O parlamentar recorreu, mas a decisão foi mantida.

– Carmen Zanotto (PPS-SC). É ré em ação civil de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito movida pelo Ministério Público Estadual. Foram constatadas irregularidades no procedimento licitatório referente a contrato de gestão do Hospital Infantil Doutor Jeser Amarante Faria para o ano de 2008, no qual a parlamentar estava à frente da Secretaria de Saúde estadual. Zanotto recorre da decisão que determinou o pagamento de multa. Foi responsabilizada e multada por irregularidades referentes à gestão do Fundo Municipal de Saúde de Lages e à construção de um hospital regional.

– Celso Maldaner (PMDB-SC). Foi condenado em ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual por prática ilícita cometida quando ocupava o cargo de secretário estadual. A Justiça determinou o pagamento de multa. A sentença foi mantida em segunda instância, com redução do valor da multa. Foi responsabilizado e multado por irregularidades referentes a licitações e à gestão do Fundo de Assistência e Previdência quando prefeito. Foi, ainda, condenado a multa por irregularidades em contratações durante sua gestão na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Maravilha.

– Marco Tebaldi (PSDB-SC). O parlamentar recorre no STF de condenação em primeira instância por falsidade ideológica, que determinou pagamento de multa, inabilitação para o exercício de cargo público e prisão, substituída por prestação de serviços à comunidade.

– Mauro Mariani (PMDB-SC). Réu em ação por improbidade administrativa. A ação havia sido extinta em primeira instância, mas o TJ-SC anulou essa decisão.

– Ronaldo Benedet (PMDB-SC). É réu em ação por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal. É alvo de inquérito que apura crimes eleitorais. É alvo de ação movida pelo Ministério Público por abuso eleitoral.

– Marcos Reategui (PSC-AP). É réu em ação civil de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual. É réu por crimes de responsabilidade por acessar inquéritos e informar aos investigados sobre as investigações da Polícia Federal. Foi determinada sua prisão preventiva em novembro de 2013 e no mês seguinte conseguiu sua liberdade por meio de Habeas Corpus que determinou seu afastamento do cargo. Em virtude de sua diplomação como deputado federal, o processo foi remetido ao STF. O parlamentar é réu em mais duas ações penais, ajuizadas pelo Ministério Público Federal. É também investigado em ações civis de improbidade administrativas movidas pelo Ministério Público Federal. É investigado em processo por abuso de poder econômico movido pelo Ministério Público Eleitoral. É, ainda, alvo de representações no TRE-AP, movidas pelo Ministério Público Eleitoral.

– Wladimir Costa (SD-PA). É réu em ação penal sobre peculato, movida pelo Ministério Público Federal. Corre sob segredo de justiça. Responde a processo por crimes de captação ou gasto ilícito de recursos financeiros em sua campanha eleitoral de 2014.

– Alex Canziani (PTB-PR). É réu em ação civil pública por improbidade administrativa com dano ao erário movida pelo Ministério Público do Paraná. Teve decretada a indisponibilidade de seus bens e a quebra de sigilo bancário.

– Alfredo Kaefer (PSL-PR). É réu em ação penal por crimes contra o sistema financeiro nacional e formação de quadrilha. De acordo com a denúncia, o parlamentar, quando ocupava o cargo de presidente-diretor do Conselho de Administração da SUL Financeira, autorizou a emissão de cartas-fiança sem consultar os registros contábeis, configurando gestão fraudulenta. Teria ainda realizado operações de desconto de títulos e firmado empréstimo com sua própria empresa, Diplomata Industrial e Comercial LTDA, o que corresponde à prática de empréstimo vedado. A ação está em segredo de justiça. É alvo de inquérito que apura crime contra o patrimônio público. É alvo de inquérito que apura crimes contra a ordem tributária.

– Dilceu Sperafico (PP-PR). É alvo de inquérito aberto com a Operação Lava Jato da Policia Federal, que investiga esquema de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com recursos desviados da Petrobras. Em delação premiada, o doleiro Alberto Youssef disse que Dilceu teria sido um dos beneficiários da “cota” do PP, paga com propinas de empreiteiras. É investigado em inquéritos movidos pelo Ministério Público Federal por crimes contra a administração pública e peculato. É alvo de representação por conduta vedada a agente público movida pelo Ministério Público Eleitoral.

– Fernando Francischini (SD-PR). É alvo de ação movida pela Defensoria Pública do Paraná. É alvo de ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público.

– Giacobo (PR-PR). Foi réu em ação penal por cárcere privado e sequestro contra o gerente de uma propriedade rural vendida ao deputado mas conseguiu a suspensão do julgamento e o crime se prescreveu.

– Leopoldo Meyer (PSB-PR). Foi condenado a pagamento de multa devido à contratação de empresa sem prévia licitação, enquanto prefeito de São José dos Pinhais. Recorreu da decisão, que foi mantida. Foi responsabilizado por conduta vedada a agentes públicos por veiculação de propaganda institucional irregular. A Justiça determinou o pagamento de multa de R$ 15.960.

– Luiz Nishimori (PR-PR). É alvo de inquérito referente a crimes de estelionato majorado, formação de quadrilha e crimes contra a fé pública. A ação segue em segredo de justiça.

– Marcelo Belinati (PP-PR). É alvo de inquérito que apura suposto uso ilegal, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista, quando o investigado era candidato à prefeitura de Londrina (PR).

– Nelson Meurer (PP-PR). É alvo de inquéritos abertos com a Operação Lava Jato da Policia Federal, que investigam esquema de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com recursos desviados da Petrobras.

– Nelson Padovani (PSDB-PR) Teve rejeitadas as contas eleitorais referentes à candidatura de 2014. O parlamentar recorre.

– Ricardo Barros (PP-PR). Foi condenado por fraude em venda de equipamentos da Prefeitura de Maringá, referente ao período que governou o município. Embora o negócio tenha sido fechado com o município de Luiziana, o comprador final foi um dos membros da comissão avaliadora dos equipamentos. A condenação foi mantida em segunda instância. Condenado em segunda instância por danos causados aos cofres públicos em função de isenções tributárias ilegais que concedeu quando prefeito de Maringá. A Justiça determinou o ressarcimento do erário. O parlamentar interpôs recurso, mas a decisão foi mantida. O parlamentar é investigado por corrupção passiva, peculato e fraude em licitação para contratação de serviços publicitários para a Prefeitura de Maringá em favor da empresa Meta Propaganda. O processo corre sob segredo de justiça.

– Rubens Bueno (PPS-PR). As contas do PPS de Carlópolis (PR) e de Chopinzinho (PR) relativas ao ano de 2014 não foram prestadas, como exige a Justiça Eleitoral. Foi determinada a suspensão de repasses do Fundo Partidário, bem como a devolução de repasses cujas contas não foram prestadas e a suspensão do registro do órgão regional do partido, do qual o parlamentar é presidente.

– Sergio Souza (PMDB-PR). É réu em ação civil de improbidade administrativa com dano ao erário, movida pelo Ministério Público Estadual, referente a irregularidades e fraudes em licitação.

– Takayama (PSC-PR). É réu em ação penal que investiga crimes contra a ordem tributária, estelionato e peculato. É acusado de desviar verbas públicas por meio de provimentos irregulares em cargos de comissões. É réu em ação civil de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual e pelo Estado do Paraná.

– Toninho Wandscheer (PROS-PR). Foi multado por conduta vedada a agente público pela prática de propaganda institucional com dinheiro público. É réu em ações civis públicas por improbidade administrativa (dano ao erário) abertas com a Operação Sanguessuga da Polícia Federal, que desmontou esquema de desvio de verbas públicas da União. O ex-prefeito é acusado de irregularidades em convênio para compra de ambulância para o município Fazenda Rio Grande. Foi condenado à suspensão dos direitos políticos por cinco anos, ao pagamento de multa civil equivalente a 20 vezes o montante da atual remuneração do prefeito de Fazenda Rio Grande, e à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três anos. É réu em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo município de Fazenda Rio Grande. O ex-prefeito é acusado de cometer irregularidades ao aprovar decreto de loteamento imobiliário que o beneficiaria direta ou indiretamente por ser sócio da empresa loteadora. O processo segue em segredo de justiça.

– Carlos Marun (PMDB-MS). Teve as contas relativas à campanha de 2002 rejeitadas pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. É réu em ação civil de improbidade administrativa com dano ao erário.

– Geraldo Resende (PMDB-MS). O partido PPS teve desaprovada a prestação de contas referente ao ano de 2005 quando era presidente do partido. Teve declarada irregular a execução financeira em sua gestão enquanto secretário da Saúde. É alvo de inquérito que apura corrupção passiva.

– Mandetta (DEM-MS). É alvo de inquérito que apura crime da Lei de Licitações e tráfico de influência. É alvo de ações civis de improbidade administrativa com dano ao erário na Justiça Federal, ajuizadas pelo MPF.

– Alfredo Nascimento (PR-AM). Foi condenado com seu então secretário de Administração por improbidade administrativa praticada durante sua gestão como prefeito de Manaus no exercício de 1997 a 2003 foram contratadas mais de 14 mil pessoas para cargos nas secretarias municipais sem concurso público. A Justiça determinou a suspensão dos direitos políticos do parlamentar por cinco anos, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, direta ou indiretamente, pelo prazo de três anos, o pagamento de multa em dez vezes o valor da remuneração recebida nos cargos que ocupavam à época dos fatos, e o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 80 mil. O parlamentar recorre em segunda instância. O TCU determinou a devolução de montante referente a pagamentos irregulares realizados a servidores da Suframa a título de indenização trabalhista. É alvo de inquérito que apura a prática de crimes contra a administração pública. De acordo com a denúncia, o parlamentar teria liberado verbas públicas, no período em que era ministro dos transportes, que foram repassadas ao seu filho, Gustavo Morais, por intermédio de empresa SC Transportes e Navegação Ltda. É réu em ação penal por crime de falsidade ideológica. De acordo com a denúncia, o parlamentar inseriu informações falsas em prestação de contas eleitoral em 2006 para justificar despesas de R$ 15 mil com banners, minidoors e cartazes. É alvo de inquérito que apura crimes contra a administração pública, relacionados a irregularidades na contratação de empresas para execução de obras, durante o período em que o parlamentar foi ministro dos transportes. De acordo com a denúncia apresentada pelo Procurador Geral da República, perduram indícios que duas empresas, que seriam “de fachada” e estariam de conluio, foram contratadas irregularmente por agências do Ministério dos Transportes. A denúncia também aduz que há indícios que eram permitidos desvio de recursos públicos e fraudes a licitações no âmbito do Ministério dos Transportes e órgãos a ele ligados, em troca de pagamento de propina a dirigentes e integrantes do PR, presidido por Alfredo Nascimento. É alvo de ações de improbidade administrativa movidas pelo Ministério Público.

– Marcos Rotta (PMDB-AM). É alvo de ação civil de improbidade administrativa com dano ao erário.

– Lucio Mosquini (PMDB-RO). É alvo de inquérito que apura a prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A denúncia relatou indícios, apurados pela Operação Ludus, de superfaturamento, direcionamento, fraude e desvio de recursos públicos na licitação e execução das obras públicas, estimadas ao custo de mais de R$ 22 milhões. O parlamentar chegou a ser preso preventivamente no curso da operação, por determinação do TJ-RO. Contudo, o STJ concedeu o habeas corpus aos acusados.

– Nilton Capixaba (PTB-RO). Diretório estadual do PTB teve as contas reprovadas referente ao exercício de 2009, quando o parlamentar era presidente. Acusado de envolvimento com a Máfia das Ambulâncias, é réu em ação penal movida pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. É réu em ação penal movida pelo Ministério Público Federal, referente a prática de crimes da Lei de Licitações. É alvo de ação de improbidade administrativa (violação aos princípios administrativos) movida pelo MPF por envolvimento com a máfia das ambulâncias.

– Giuseppe Vecci (PSDB-GO). O tribunal desaprovou as contas da campanha eleitoral de 2014 prestadas pelo parlamentar e determinou, em um primeiro momento, que o parlamentar depositasse R$ 100.000,00 na conta bancária do PSDB e pagasse multa de R$ 1.274.650,00. Após interposto recurso, o tribunal excluiu apenas a determinação do pagamento de multa. O parlamentar recorre da decisão que desaprovou sua prestação de contas.

– Heuler Cruvinel (PSD-GO). É alvo de representação proposta pelo Ministério Público Federal por abuso de poder e captação ilícita de sufrágio.

– Jovair Arantes (PTB-GO). Teve rejeitada a prestação de contas referente às eleições de 2006. Mantida a decisão que reprovou a sua prestação de contas da campanha de 2012. É alvo de ação movida pelo Ministério Público Federal referente a crimes de improbidade administrativa.

– Magda Mofatto (PR-GO). Teve o mandato de prefeita cassado em 2007 por captação de sufrágio e abusos de poder político e econômico nas eleições de 2004. É alvo de ações civis públicas, inclusive de improbidade administrativa, movidas pelo Ministério Público Estadual.

– Roberto Balestra (PP-GO). Teve rejeitada prestação de contas referente às eleições de 2006. O parlamentar entrou com recurso, mas decisão foi mantida. É alvo de inquérito aberto com a Operação Lava Jato da Policia Federal, que investiga esquema de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com recursos desviados da Petrobras. É alvo de inquérito que envolve quebra de sigilo bancário, movido pelo Ministério Público Federal. O processo tramita sob segredo de Justiça.

– Alberto Fraga (DEM-DF). Foi condenado por porte ilegal de arma de fogo. Justiça determinou pena de quatro anos de reclusão em regime aberto. Teve reprovada a prestação de contas referente a sua campanha eleitoral ao cargo de senador em 2010. É alvo de ação civil de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal. A ação pede a devolução de pagamento irregular de trabalhadora doméstica que constava como secretária parlamentar na folha de pagamento de seu gabinete. É réu em ação penal por peculato e falsidade ideológica, movida pelo Ministério Público Federal. É alvo de inquérito referente a crime de concussão. A denúncia foi recebida, por unanimidade. É alvo de dois inquéritos no STF que investigam crimes da Lei de Licitações.

– Augusto Carvalho (SD-DF). Condenado por improbidade administrativa pela contratação sem licitação prévia da Real Sociedade Espanhola de Beneficência para a administração do Hospital Santa Maria. A Justiça determinou a perda da sua função pública, o pagamento da multa civil fixada em cem vezes o valor da remuneração e a suspensão dos direitos políticos por oito anos. Teve rejeitada a prestação de contas referente às eleições de 1998. É alvo de inquérito que apura crimes da Lei de Licitações e peculato.

– Flaviano Melo (PMDB-AC). É réu em ação penal movida pelo Ministério Público Federal por peculato e crimes contra o sistema financeiro nacional. É réu em ação civil de improbidade administrativa com dano ao erário e possível enriquecimento ilícito. O parlamentar teria participado de um conluio entre funcionários do alto escalão do Estado do Acre, serventuários da justiça estadual, empresários locais e servidores do Banco do Brasil para desviar, a contas-fantasma, verbas públicas do Fundo de Participação do Estado e da Serventia Única de Títulos e Protestos da Comarca de Rio Branco. Foi responsabilizado por omissão de prestação de contas referente a dinheiro recebido do Fundo Especial para Calamidades Públicas.

– Carlos Henrique Gaguim (PTN-TO). Foi condenado à pena de inelegibilidade por 8 anos, a partir do pleito de 2010. De acordo com a denúncia, o parlamentar utilizou-se indevidamente do Instituto de Radiodifusão Educativa – Redesat para fazer propaganda a favor de si e contrária ao candidato adversário, valendo-se de ascendência detida no meio de comunicação por ser Governador do Estado e agindo com abuso de poder político. Foi condenado por abuso de poder e conduta vedada à agente público. De acordo com a denúncia, Carlos Henrique Amorim utilizou do cargo público de governador para se auto-promover visando à reeleição, o que configurou abuso de poder político e propaganda antecipada. O parlamentar teve propaganda em benefício próprio veiculada sob pretexto de propaganda institucional, prometeu benfeitorias e doou bens em caravana de propaganda governamental de caráter eleitoreiro, doou bicicletas por empresa particular à fundação Pioneiros Mirins em troca de apoio nas urnas, promoveu carreata de Policiais Militares no dia da convenção de seu partido, veiculou, em jornal de grande circulação, nota denegrindo o candidato adversário, paga com dinheiro público, teve gastos extrapolantes com propaganda, entre outras práticas abusivas. É réu em ações por improbidade administrativa movidas pelo Ministério Público na Justiça estadual.

– Alex Manente (PPS-SP). É alvo de inquérito que apura a prática de crimes eleitorais. É alvo de ação por improbidade administrativa e dano ao erário movida pelo Ministério Público.

– Beto Mansur (PRB-SP). Foi condenado em primeira instância pelas condições de trabalho degradantes, análogas à de escravo, a que os trabalhadores empregados em suas fazendas eram submetidos. Teve que pagar indenização de R$ 200 mil por danos morais coletivos. Foi condenado em ação civil pública por improbidade administrativa/violação aos princípios administrativos ao ressarcimento ao erário e a pagamento de multa. Foi condenado a ressarcir os cofres públicos por contrato de fornecimento de cestas básicas firmado com dispensa irregular de licitação pelo município de Santos. Foi condenado a pagamento de indenização por danos morais e materiais por omissão relativa à segurança do trabalho, juntamente com o Partido Progressista (PP). É alvo de representação movida pela Procuradoria Regional Eleitoral por captação ou gasto ilícito de recursos financeiros nas eleições de 2014. É alvo de inquérito que apura crimes de responsabilidade, referentes à sua gestão de prefeito em Santos (SP). TJ-SP – Comarca de Barra Bonita. É alvo de ação civil pública por dano ambiental movida pelo Ministério Público Estadual. O TCE reprovou contas e apontou irregularidades em processos licitatórios, contratos e contratações na gestão à frente da prefeitura.

– Bruna Furlan (PSDB-SP). Foi condenada por improbidade administrativa a pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público por três anos. A Justiça considerou procedente a acusação de promoção pessoal e propaganda da pré-candidatura de Carlos Zicardi (PMDB) a prefeito em 2012 nos eventos “Agitaí”, entrega de kits esportivos no ginásio José Corrêa e programa “Nosso Abraço”, evento comemorativo de 100 anos da Assembléia de Deus no Brasil no município de Barueri em 2011.

– Carlos Sampaio (PSDB-SP). Teve reprovada a prestação de contas referente às eleições de 1998. É alvo de investigação por abuso de poder político.

– Eduardo Cury (PSDB-SP). Foi mantida decisão que desaprovou a prestação de contas de sua campanha eleitoral de 2004. O Tribunal de Contas Estadual detectou diversas irregularidades durante a sua gestão como prefeito de São José dos Campos, por exemplo. Foi multado por irregularidades em concorrência e contrato realizados durante a sua gestão como prefeito de São José dos Campos. Em apelação à decisão da primeira instância que julgara improcedente o pedido da Ação Popular nº 0288044-56.2005.8.26.0577, o Tribunal de Justiça condenou Eduardo Cury e a empresa Página Comunicação Ltda a devolverem aos cofres públicos o montante gasto pela Prefeitura de São José dos Campos para propaganda que promoveu ilegalmente o parlamentar. Além disso, a contratação da empresa julgada ilegal e anulada pelo tribunal.

– Jefferson Campos (PSD-SP). É alvo de ações civis de improbidade administrativa por dano ao erário movidas pelo MPF por envolvimento com a máfia das ambulâncias.

– Marcelo Squassoni (PRB-SP). Foi condenado por improbidade administrativa por uso da máquina pública para favorecimento pessoal devido à expedição irregular de certidão negativa de débito não condizente ao valor real do imóvel. Justiça determinou ressarcimento integral do dano correspondente e a pagamento de multa civil. É alvo de inquérito sobre crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, no período em que chefiou a gerência regional do Patrimônio da União em São Paulo. É alvo de ação civil de improbidade administrativa com dano ao erário, movida pelo Ministério Público Estadual.

– Marcio Alvino (PR-SP). É reu em outra ação civil pública referente a crimes contra o meio ambiente, na condição de representante do município de Guararema, do qual foi prefeito.

– Miguel Haddad (PSDB-SP). Foi condenado em ação popular a ressarcir os cofres públicos municipais em decorrência de contrato firmado ilegalmente e sem licitação.

– Silvio Torres (PSDB-SP). O parlamentar teve reprovada as contas referentes às eleições de 2002. Ele recorreu da decisão no próprio TRE, mas ela foi mantida.

– Hildo Rocha (PMDB-MA). O parlamentar figura como réu em ações civis públicas por improbidade administrativa movidas pelo Ministério Público Estadual, por ter contratado funcionário sem concurso público quando prefeito de Cantanhede (MA).

– Juscelino Filho (DEM-MA). É réu em ação de impugnação de mandato eletivo, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. O processo corre em segredo de justiça.

– Danilo Forte (PSB-CE). É alvo de inquérito que investiga violações de direito e processo eleitoral. É alvo de ações de improbidade administrativa movidas pelo Ministério Público Federal.

– Genecias Noronha (SD-CE). Condenado em segunda instância por improbidade administrativa com dano ao erário. O parlamentar realizou uma doação irregular de imóvel público para servir a interesses privados. A Justiça o condenou ao pagamento de multa no valor do imóvel doado.

– Cristiane Brasil (PTB-RJ). É alvo de inquérito referente a crime de boca de urna. A parlamentar chegou a ser detida em flagrante praticando boca de urna durante as eleições de 2014.

– Felipe Bornier (PROS-RJ). É alvo investigação por uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2014 movida pelo Ministério Público Eleitoral. Tribunal investiga a promoção excessiva de sua candidatura nos jornais Dia a Dia e ABC Diário.

– Francisco Floriano (DEM-RJ). É alvo de ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico e por uso da igreja Mundial do Poder de Deus em Volta Redonda (RJ) para promover sua candidatura. Ação pede inelegibilidade e cassação de mandato do parlamentar.

– Hugo Leal (PSB-RJ). Foi condenado à suspensão dos direitos políticos por oito anos, ao pagamento de multa cem vezes o valor da remuneração que recebia à época dos fatos e à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de cinco anos. O processo se refere a violações aos princípios administrativos pela sua participação no esquema das ONGs de irregularidades licitatórias, no período em que foi presidente do DETRAN/RJ. É alvo de ações por improbidade administrativa movidas pelo Ministério Público.

– Marcos Soares (DEM-RJ). Teve reprovada a prestação de contas de 2014 para deputado federal por diversas falhas e omissões nas contas da campanha.

– Washington Reis (PMDB-RJ). O TCE-RJ detectou irregularidades em contratos e contas referentes à administração financeira da prefeitura de Duque de Caxias, sob sua responsabilidade.

– Marcus Vicente (PP-ES). O PTB-ES teve as contas anuais do partido desaprovadas referentes ao exercício financeiro dos anos de 2005 e 2006, quando o parlamentar presidia a sigla. É alvo de representação movida pelo Ministério Público Eleitoral do Espírito Santo por captação ou gasto ilícito de recursos financeiros de campanha eleitoral. É réu em ação penal. A Justiça estadual declarou-se incompetente e a ação foi remetida ao Supremo Tribunal Federal, em virtude da prerrogativa de função do deputado.

– Max Filho (PSDB-ES). Teve reprovada prestação de contas referente à campanha eleitoral de 2010 por gasto com combustível em veículos não declarados na campanha. TCE-ES apontou irregularidades na gestão da prefeitura de Vila Velha, quando foi prefeito.

– Sergio Vidigal (PDT-ES). É réu em ação penal movida pelo Ministério Público Federal, referente a crimes contra o meio ambiente. É alvo de ações civis públicas, movidas pelo Ministério Público Estadual.

– Iracema Portella (PP-PI). É investigada por abuso de poder econômico em ação movida pelo Ministério Público Eleitoral. A deputada e seu marido, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), são alvo de inquérito que apura crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, tráfico de influência e formação de quadrilha ou bando. É ré em ação civil por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal, conjuntamente com o seu marido e senador Ciro Nogueira (PP-PI), por promoção pessoal e propaganda eleitoral realizada com dinheiro público.

– Bilac Pinto (PR-MG). É investigado em inquérito que apura corrupção eleitoral e transporte ilegal de eleitores.

– Caio Narcio (PSDB-MG). Foi condenado ao pagamento de multa em representação de conduta vedada a agente público, movida pelo Ministério Público Eleitoral. O parlamentar e os demais réus teriam utilizado um veículo pertencente à Prefeitura para transportar bebidas ao evento de inauguração de uma ponte no município de Coromandel. Também realizaram, durante o evento público, propaganda política em favor de Caio Nárcio.

– Carlos Melles (DEM-MG). Foi condenado por improbidade administrativa em ação movida pelo Ministério Público por usar propaganda oficial para fins políticos pessoais. Recorreu da condenação, que foi mantida, mas conseguiu reverter a suspensão de direitos políticos e perda do mandato, mantendo somente a pena de pagamento de multa. Foi condenado no TSE a inelegibilidade por três anos, a partir de 2006, por uso indevido dos meios de comunicação social.

– Delegado Edson Moreira (PR-MG). É réu em ação penal por peculato movida pelo Ministério Público Federal. É alvo de inquérito que apura o crime de ameaça.

– Diego Andrade (PSD-MG). Na condição de presidente do diretório estadual mineiro do PSD, o parlamentar figura como parte em processos nos municípios de Taiobebeiras, onde a legenda não prestou as contas anuais de 2013 e 2014, e em Barra Longa, onde ocorreu o mesmo em relação ao exercício de 2014. A Justiça Eleitoral condenou o diretório municipal à suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, enquanto a situação não estiver regularizada.

– Eduardo Barbosa (PSDB-MG). É alvo de inquérito movido pelo Ministério Público Federal por peculato. O processo está sob segredo de justiça.

– Franklin Lima (PP-MG). Foi condenado a inelegibilidade pelo período de 8 anos após as eleições de 2014. Em evento religioso realizado pela Igreja Mundial do Reino de Deus, com cerca de cinco mil participantes e ocorrido no dia anterior à eleição, o pastor Valdemiro Santiago promoveu as candidaturas de Pastor Franklin, candidato à deputado federal, e do então candidato à deputado estadual Missionário Márcio Santiago (PTB-MG), chegando a pedir explicitamente que seus fiéis votassem nos candidatos. A justiça eleitoral entendeu se tratar de abuso de poder econômico mediante o abuso do poder de autoridade religiosa ou do poder religioso, e decidiu pela inelegibilidade dos réus e pela cassação do mandato de deputado estadual de Missionário Márcio.

– Lincoln Portela (PRB-MG). É alvo de inquérito que apura crimes previstos na lei de licitações. É alvo de ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal e pela União.

– Luiz Fernando Faria (PP-MG). É alvo de inquéritos abertos com a Operação Lava Jato da Policia Federal, que investigam esquema de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com recursos desviados da Petrobras.

– Marcos Montes (PSD-MG). Condenado em ação civil de improbidade administrativa. A Justiça determinou suspensão dos direitos políticos por oito anos, ressarcimento ao erário e pagamento de multa. Foram constatadas irregularidades em contratação sem licitação da empresa Agência de Desenvolvimento Sustentável do Brasil Central.

– Marcus Pestana (PSDB-MG). Na condição de presidente do diretório estadual mineiro do PSDB, o parlamentar figura como parte em processos nos municípios de Prados, Cipotânea e São Gonçalo do Rio Abaixo, nos quais a legenda não prestou as contas anuais do exercício financeiro de 2014. A Justiça Eleitoral condenou os diretórios municipais à suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, enquanto a situação não estiver regularizada.

– Raquel Muniz (PSD-MG). É alvo de ação por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito movida pela União Federal. A parlamentar e seu marido são réus em ação por improbidade administrativa com dano ao erário, referente a mau uso de verbas públicas destinadas a uma de suas empresas, a FUNORTE. parlamentar e seu marido são investigados por abuso de poder político e de autoridade. Ministério Público investiga esquema de favorecimento da candidatura da parlamentar com concessão de gratificações a servidores públicos na prefeitura governada pelo marido.

– Subtenente Gonzaga (PDT-MG). Foi condenado por crime cometidos contra o sistema financeiro nacional à pena de um ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade. Na época em que era diretor da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Militares, Polícia Civil e Secretaria de Educação de Minas Gerais, teria utilizado dados de vários cooperados, violando sigilos bancários, com o intuito de suspender as eleições do conselho de administração da cooperativa. Após a condenação, foi declarada a extinção de sua punibilidade. É réu em ação penal por crimes contra o sistema financeiro nacional.

– Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). É alvo de inquérito aberto com a Operação Lava Jato da Policia Federal, que investiga esquema de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com recursos desviados da Petrobras.

– Wellington Roberto (PR-PB). É réu em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal.

– Augusto Coutinho (SD-PE). É réu em ação penal sobre crimes contra o meio ambiente e o patrimônio genético. É alvo de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal por construções irregulares e degradação ambiental.

– Betinho Gomes (PSDB-PE). É alvo de inquérito, ajuizado pelo Ministério Público Federal, que investiga crimes eleitorais.

– Eduardo da Fonte (PP-PE). É alvo de inquéritos abertos com a Operação Lava Jato da Policia Federal, que investigam esquema de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com recursos desviados da Petrobras. Por determinação do STF, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do parlamentar.

– Marinaldo Rosendo (PSB-PE). Prestações de contas do município de Timbaúba, do período em que o parlamentar era prefeito, foram julgadas irregulares. É réu em ação civil de improbidade administrativa por uso irregular dos recursos do FUNDEB destinados aos programas Brasil Escolarizado e Estatísticas e Avaliações Educacionais.

– Arthur Oliveira Maia (PPS-BA). É réu em ação movida pelo município de Bom Jesus da Lapa. É alvo de inquérito que apura peculato e lavagem de dinheiro.

– Lucio Vieira Lima (PMDB-BA). O PMDB na Bahia teve reprovada a prestação de contas referente ao exercício de 2007, quando o parlamentar presidia o partido no estado.

– Ronaldo Carletto (PP-BA). Alvo de inquéritos no STF por peculato, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.

– Tia Eron (PRB-BA). É ré em ação por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público.

– Adelson Barreto (PTB-BA). É alvo de representação movida pelo Ministério Público Eleitoral por conduta vedada a agente público, com pedido de aplicação de multa e de cassação de diploma. É alvo de ação civil de improbidade administrativa com dano ao erário e enriquecimento ilícito, movida pelo Ministério Público do Estado de Sergipe. Em decisão liminar, foi decretada a indisponibilidade de bens do deputado, no montante de R$ 400 mil.

– Andre Moura (PSC-SE). Foi responsabilizado por fraude em licitações, fracionamento de despesas e inscrição irregular de beneficiários no programa Bolsa Família. Foram encontradas irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde recebidos pelo Município de Pirambu. O parlamentar foi multado por irregularidades envolvendo recursos financeiros transferidos ao município de Pirambu/SE destinados ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças – ECD e Programa de Agentes Comunitários (PACS-MS), durante a sua gestão como prefeito. Foi multado por irregularidades na contratação de agentes comunitários de saúde pela prefeitura de Pirambu durante a sua gestão como prefeito do município. É réu em três ações penais (969, 973 e 974) no STF que envolvem crimes conexos – apropriação, desvio ou utilização de bens públicos do Município de Pirambu (SE), em que o parlamentar é acusado de ter continuado a usufruir de bens e serviços custeados pela administração municipal, na gestão do prefeito Juarez Batista dos Santos, posterior à sua, de 2005 a 2007. De acordo com depoimento prestado por Juarez Batista dos Santos, André Moura o pressionou com o intuito de manter o poder sobre a municipalidade, exigindo tais benefícios. O depoente ainda relatou que, em virtude das campanhas eleitorais de 2006, as exigências ilícitas de André Moura se agravaram e, não conseguindo atender às demandas, Juarez Batista dos Santos foi alvo de ameaças que culminaram com troca de tiros que feriram o vigilante de sua casa, disparados por quatro homens encapuzados. Referente a este episódio, foi aberto inquérito (3905) em que André Moura figura como alvo por tentativa de homicídio.

– Jony Marcos (PRB-SE). A Justiça Eleitoral desaprovou e impugnou a prestação de contas de sua campanha eleitoral de 2014.

– Arthur Lira (PP-AL). É alvo de inquérito que apura corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Processo corre sob segredo de justiça. É alvo de inquéritos abertos com a Operação Lava Jato da Policia Federal, que investigam esquema de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com recursos desviados da Petrobras. Acusado de participação em esquema de desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa, é alvo de ação civil pública movida pelo MPE. MONITORAR.

Atualização em 19 de abril, às 23:40 horas: Com base no alerta do amigo e jornalista Gustavo Alves, de Brasília, uma retificação na lista do Jornal Brasil publicada acima: o deputado Ronaldo Lessa (PDT-AL), último a votar no processo de impeachment, rejeitou o golpe contra a democracia.