En 2014, los profesores Martin Gilens de Princeton University y Benjamin I. Page de la University of Northwestern analizaron datos de más de 20 años de procesos legislativos para responder una pregunta muy simple: “¿El gobierno representa a la gente?”. En su exhaustivo estudio, encontraron que las leyes aprobadas en el Congreso de Estados Unidos ignoraban o iban en contra de la voluntad de la población ubicada en el 90 por ciento inferior en la escala de ingresos. En otras palabras, si en un tema político la gente fuera del 10 por ciento más rico estaba a favor de una opción, los legisladores aprobaban la ley que iba en contra de esta opinión. El mismo estudio identificó los sectores más influyentes y sus donaciones: Farmacéuticas 2,16 mil millones de dólares; Energía, 2,93; Defensa 1,26; Finanzas 3,29; Agronegocios 1,21; Comunicaciones 3,50… “Solo en los últimos cinco años, las 200 empresas políticamente más activas de Estados Unidos gastaron 5,8 mil millones de dólares para influir en nuestro gobierno mediante contactos y a través de donaciones a las campañas de los políticos. Esas mismas empresas obtuvieron 4,4 billones de los impuestos, lo que significa un retorno de 750 veces su inversión. Ellos invierten miles de millones para influir en el gobierno de Estados Unidos y a cambio nosotros les damos billones”.

Esta lógica no nace en Estados Unidos pero es aquí donde se desarrolla y se proyecta al resto del mundo. Bastará con considerar un solo ejemplo entre cientos. Al mismo tiempo que Washington endurecía el embargo y el discurso contra Cuba, los directivos de Disney enviaban a Henrry Kissinger a China para convencer al gobierno de darles un pase libre a su gigantesco mercado. Finalmente se llegó a un consenso: Disney iba a maximizar sus beneficios en China al tiempo que se comprometía a no producir algo que incomodase al gobierno comunista.

En la historia casi nada desaparece de un día para el otro, ni siquiera por una fulminante guerra mundial como la Segunda Guerra mundial o la conquista de las Américas contra las culturas y civilizaciones precolombinas. No por casualidad el auge de las corporaciones privadas surge al mismo tiempo que el sistema esclavista es abolido en las leyes. El 11 de marzo de 1889, el expresidente Rutherford Hayes ya denunciaba que el gobierno de Estados Unidos se había convertido en un instrumento de los millonarios y de las grandes corporaciones: “El dinero es poder. Es poder en el Congreso, en los Estados, en los ayuntamientos, en los tribunales, en las convenciones políticas, en la prensa, en las iglesias, en la educación—y la influencia del dinero es cada vez mayor (…) El problema radica en la gran riqueza y el poder en manos de unos pocos inescrupulosos que controlan los capitales. En el Congreso nacional y en las legislaturas estatales se aprueban cientos de leyes dictadas por el interés de estos hombres y en contra de los intereses de los trabajadores… Este no es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es un gobierno de las corporaciones, por las corporaciones y para las corporaciones”. Luego advirtió:“La riqueza excesiva en manos de unos pocos significa pobreza extrema, ignorancia, vicio y miseria de unos muchos… Si el pueblo estuviese debidamente informado, si pudiese entender cuál es el problema, seguramente buscaría la solución… Una solución sería, por ejemplo, poder aprobar leyes que regulen el poder de las corporaciones, de sus propiedades… de los impuestos que pagan”.

A principios del siglo XX, durante el período que los historiadores llaman La era progresista (1896 a 1917, sobre todo por los nuevos movimientos sociales y antiimperialistas) no fueron los políticos progresistas sino los conservadores quienes se opusieron a la decisión de la Crote Suprema de reconocer a las corporaciones como personas de derecho. Casi al mismo tiempo se creaba uno de sus brazos públicos, la Reserva Federal, sin el control del pueblo.

Algunos conservadores consideraron este paso como una vuelta al feudalismo medieval. En realidad, no sólo estaban en lo cierto en sus efectos sino en sus orígenes: la misma palabra deriva del latín (corpus, cuerpo) y, durante la Edad Media, varias asociaciones de intereses eran reconocidas como personas con derechos. Entre ellas la iglesia. Pero las nuevas corporaciones imperiales, como la británica East Indian Company, se convirtieron en empresas privadas con personería jurídica.

En el lapso de un siglo tendremos magnificas paradojas. En 1886 la Suprema Corte decidió que las corporaciones estaban amparadas en la enmienda 14 de la constitución que había reconocido pocos años antes que los negros también eran ciudadanos. Si los negros lo son, ¿por qué no las corporaciones? En 1917 se prohibió que las corporaciones donaran a las campañas políticas. No fue por sensibilidad democrática sino lo contrario. Su promotor fue el senador demócrata de Carolina del Sur Ben Tillman, un supremacista blanco, paramilitar, aficionado al linchamiento de negros libres y opositor al derecho de las mujeres a participar en las elecciones. Por entonces, los racistas estaban en desventaja económica con sus enemigos del norte industrializado. El actual juez ultraconservador negro, campeón de la lucha contra los derechos de gays y lesbianas en el siglo XXI, Clarence Thomas, se opuso a la ley Tillman por considerarla motivada por intereses contra las corporaciones que a principios del siglo XX, se creía, simpatizaban con la causa de los negros y reformistas. Pero en 1976 se reconoció que invertir dinero en política era parte de la “libertad de expresión” hasta que en 2010 la Corte Suprema abolió el límite de donaciones en base al mismo argumento.

Las leyes y los fallos de la Suprema Corte fueron en contra de la opinión pública, la que luego fue convencida post factum por la conocida propaganda de los “medios informativos”.

En la campaña electoral de 2012, el candidato republicano, el hombre de negocios Mitt Romney respondió a una crítica del público sobre derechos ciudadanos afirmando: “amigo, las corporaciones son personas también”. La ironía consiste en que esas corporaciones, reconocidas como personas, poseen más capitales que muchos países y, según las nuevas leyes aprobadas bajo la acción de sus propios lobbies, pueden demandar países soberanos mientras son protegidas con inmunidad de que los países las puedan demandar.

Por un lado son individuos con derechos y por el otro son Estados soberanos que deciden por encima de países endeudados donde tienen intereses económicos. En todos los casos son perfectas dictaduras trasnacionales.

JM, febrero 2023

Corporazioni: il dirottamento delle democrazie

Di: Jorge Majfud | Traduzione: Lisandro Alvarado

Nel 2014, i professori Martin Gilens della Princeton University e Benjamin I. Page della Northwestern University hanno analizzato i dati di oltre 20 anni di processi legislativi per rispondere a una domanda molto semplice: “Il governo rappresenta il popolo?”

Nel loro studio esaustivo, hanno scoperto che le leggi approvate dal Congresso degli Stati Uniti ignoravano o andavano contro la volontà della popolazione del 90% più povero nella scala del reddito. In altre parole, se su una singola questione politica le persone che sono al di fuori del 10% più ricco della popolazione fossero a favore di un’opzione, i legislatori approverebbero la legge che va contro di tale opinione. Lo stesso studio ha identificato i settori più influenti e le loro donazioni: farmaceutica 2,16 miliardi di dollari; Energia, 2,93; Difesa 1,26; Finanze 3,29; Agroalimentare 1,21; Comunicazioni 3.50… “Solo negli ultimi cinque anni, le 200 aziende più politicamente attive in America hanno speso 5,8 miliardi di dollari per influenzare il nostro governo attraverso il networking e le donazioni elettorali dei politici. Quelle stesse società hanno ottenuto 4,4 trilioni dalle tasse, il che significa un ritorno di 750 volte il loro investimento. Investono miliardi per influenzare il governo degli Stati Uniti e noi in cambio diamo loro miliardi “.

Questa logica non è nata negli Stati Uniti, ma è qui che si sviluppa e si proietta nel resto del mondo. Basterà considerare un solo esempio tra centinaia. Nello stesso momento in cui Washington inaspriva l’embargo e il discorso contro Cuba, i dirigenti della Disney mandarono Henry Kissinger in Cina per convincere il governo a dare loro un lasciapassare gratuito per il loro gigantesco mercato. Alla fine fu raggiunto un consenso: la Disney avrebbe massimizzato i suoi profitti in Cina, impegnandosi a non produrre nulla che potesse mettere a disagio il governo comunista.

Nella storia quasi nulla scompare da un giorno all’altro, nemmeno a causa di una guerra mondiale improvvisa come la Seconda Guerra Mondiale o della conquista delle Americhe contro culture e civiltà precolombiane. Non è un caso che l’ascesa delle corporazioni private (multinazionali) avvenga nello stesso momento in cui il sistema schiavistico viene abolito per legge. L’11 marzo 1889, l’ex presidente Rutherford Hayes denunciava già che il governo degli Stati Uniti era diventato uno strumento di milionari e delle grandi corporazioni: “Il denaro è potere. È potere al Congresso, negli Stati Uniti, nei municipi, nei tribunali, nelle convenzioni politiche, nella stampa, nelle chiese, nell’istruzione – e l’influenza del denaro sta aumentando (…)Il problema sta nella grande ricchezza e potere nelle mani di poche persone senza scrupoli che controllano la capitale.

Nel Congresso nazionale e nelle legislature statali vengono approvate centinaia di leggi dettate nell’interesse di questi uomini e contro gli interessi dei lavoratori… Questo non è il governo del popolo, dal popolo e per il popolo. È un governo delle corporazioni, che proviene dalle corporazioni, e che attua per gli interessi delle corporazioni ». Poi ha avvertito: «L’eccessiva ricchezza nelle mani di pochi significa estrema povertà, ignoranza, vizio e miseria per molti… Se la gente fosse debitamente informata, se potesse capire qual è il problema, cercherebbe sicuramente una soluzione… Uno soluzione sarebbe, per esempio, poter approvare leggi che regolano il potere delle corporazioni, le loro proprietà… le tasse che pagano ».

All’inizio del XX secolo, durante il periodo che gli storici chiamano Era Progressista (dal 1896 al 1917, principalmente a causa dei nuovi movimenti sociali e antimperialisti) non furono i politici progressisti ma i conservatori ad opporsi alla decisione della Corte Suprema di riconoscere le società come entità di diritto. Quasi contemporaneamente, fu creata una delle sue armi pubbliche, la Federal Reserve, senza il controllo del popolo.

Alcuni conservatori consideravano questa mossa come un ritorno al feudalesimo medievale. Avevano infatti ragione non solo nei loro effetti ma anche nelle loro origini: la parola stessa corpus deriva dal latino body e, durante il Medioevo, diverse associazioni di interesse furono riconosciute come persone aventi diritto. Tra questi la chiesa. Ma le nuove corporazioni imperiali, come la British East Indian Company, divennero società private con status legale.

Nell’arco di un secolo avremo magnifici paradossi. Nel 1886 la Corte Suprema decise che le corporazioni erano protette dal 14° emendamento alla costituzione, che qualche anno prima aveva riconosciuto che anche i neri erano cittadini. Se i neri lo sono, perché non le corporazioni? Nel 1917 alle società fu proibito di donare a campagne politiche. Non per sensibilità democratica, ma il contrario. Il suo promotore è stato il senatore democratico della Carolina del Sud Ben Tillman, suprematista bianco, paramilitare, amante del linciaggio dei neri liberi e oppositore del diritto delle donne a partecipare alle elezioni. A quel punto, i razzisti erano in svantaggio economico rispetto ai loro nemici nel nord industrializzato. L’attuale giudice nero ultraconservatore, Il campione del 21 ° secolo della lotta contro i diritti di gay e lesbiche, Clarence Thomas, si è opposto al Tillman Act perché motivato da interessi contro le società che all’inizio del 20 ° secolo erano ritenute solidali con le cause nere e i riformatori. Ma nel 1976 è stato riconosciuto che investire denaro in politica faceva parte della “libertà di parola” fino a quando nel 2010 la Corte Suprema ha abolito il limite alle donazioni sulla base dello stesso argomento.

Le leggi e le sentenze della Suprema Corte andavano contro l’opinione pubblica, poi convinta post factum dalla nota propaganda “mediatica”.

Nella campagna elettorale del 2012, l’uomo d’affari candidato repubblicano Mitt Romney ha risposto alle critiche pubbliche sui diritti civili affermando: ” Amico, anche le società sono persone “. L’ironia è che queste corporazioni, riconosciute come persone giuridiche, possiedono più capitali di molti paesi e, in base alle nuove leggi approvate sotto l’azione delle loro stesse lobby, possono citare in giudizio paesi sovrani pur essendo protette dall’immunità dalle azioni legali da parte degli altri paesi.

Da un lato sono persone con diritti e dall’altro sono organismi economici che decidono su paesi indebitati dove hanno interessi economici. In tutti i casi sono perfette dittature transnazionali.

Traduzione: Lisandro Alvarado