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​Los reyes de la droga. Santos Narcotraficantes en el Caribe

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​Los reyes de la droga. Santos Narcotraficantes en el Caribe. @majfud

Santo Trafficante Jr. y Meyer Lansky (Maier Suchowljansky) fueron dos de los más notables criminales en Cuba y Estados Unidos durante medio siglo, hasta que la Revolución cubana les arruinó el negocio de los casinos, los prostíbulos y el mayor tráfico de drogas del hemisferio. Los historiadores los conocen como los jefes de la Cosa Nostra y de la Mafia Kosher. Luego de la Revolución, continuaron sus negocios ilícitos en Estados Unidos, donde prosperaron desde Miami hasta Las Vegas. Muchos testimonios vinculan a estas mafias y al exilio cubano en Florida con el asesinato de F. Kennedy. Otro poderoso narcotraficante fue el cubano Rolando Masferrer, poderoso empresario y senador antes de la Revolución. Otros eran mandaderos, pero con las mismas aspiraciones de convertirse en millonarios.

Fue el caso de José Miguel Battle. Había sido un policía de Fulgencio Batista, ascendido a la policía secreta, la SIM, que se dedicaba a perseguir y asesinar disidentes. Al mismo tiempo, fue empleado y testaferro para los sobornos de Meyer Lansky. La Revolución no sólo arruinó el negocio de los casinos, la prostitución y el narcotráfico, sino también los sueños de sus empleados más modestos, como Battle, de convertirse en ricos y respetados de la noche a la mañana. Como Martín Fox, un modesto emprendedor en el rubro de juegos La bolita en Matanzas que, en pocos años, terminó convirtiéndose en el propietario del famoso club nocturno Tropicana de La Habana.

En Miami, Battle fue rápidamente reclutado por la CIA y promovido a subteniente en el ejército de Estados Unidos. Meses después se le encomendó uno de los grupos que invadieron por aire Bahía Cochinos. Luego del fracaso y de haberse convertido en un prisionero de guerra en Cuba por más de un año (junto con otros mil camaradas, todos héroes y presos políticos del régimen comunista, para el exilio de Miami) fue liberado. En Union City, New Jersey, el modesto policía cubano convertido en militar y agente de la CIA, fundó el grupo mafioso La Corporación.

En 1977 fue condenado a treinta años por juego ilegal, narcotráfico y asesinato en Estados Unidos, negocios que le proveían de 45 millones de dólares por año. Se declaró culpable de asesinato y, como era de prever, fue perdonado dos años después. En Miami, El Padrino se convirtió en el hombre más rico de Florida y uno de los principales donantes de campañas políticas. En 2004 fue acusado otra vez de asesinato y narcotráfico, negocio que le dejó al modesto policía más de 1.500.000 millones de dólares.

Otro personaje célebre de la larga lista de narcos y terroristas protegidos por Washington, El Mono Ricardo Morales Navarrete, había sido un agente secreto de la G-2 en Cuba hasta 1960 y miembro de “Commandos L” de Miami en 1963. Fue reclutado un año después por la CIA “para actividades paramilitares” en Florida. El Mono se convertirá en una figura central del exilio cubano. Será agente de la CIA en las masacres aéreas del Congo y Angola (a 350 dólares por mes); luego será uno de los jefes de la policía secreta de Venezuela en los 70s; informante protegido del FBI contra sus propios camaradas (a 700 dólares por mes), todo pese a haber admitido en 1972 un asesinato en Florida. Finalmente, se dedicará al narcotráfico, hasta su ejecución, en un bar de Miami, en 1982.

Una serie de documentos desclasificados del FBI (con la aprobación de la CIA) registran múltiples actividades ilegales de dos de los cubanos más admirados en Miami: el empresario gastronómico Mas Canosa (el equipo de fútbol Inter de Miami de Lionel Messi fue fundado por sus herederos) y el terrorista Luis Posada Carriles. Los documentos registran desde una intensa actividad de narcotráfico internacional hasta la creación de campos de entrenamiento paramilitares en Florida; el tráfico continuado de armas desde Venezuela; la colocación de bombas en México y en América Central, y (según otro informe secreto de la CIA del 26 de julio de 1965) el intento de derrocamiento de otro presidente de Guatemala, esta vez el coronel Alfredo Peralta Azurdia, a pedido de otro residente de Miami Beach, el millonario empresario Roberto Alejos Arzú.

Posada Carriles había logrado ascender en los escalafones de la policía secreta de Venezuela al tiempo que complementaba sus ingresos con el tráfico de cocaína colombiana para Miami. Desde hacía muchos años, era un policía destacado y temido en la inteligencia de Caracas.

El rol de Posada Carriles en Venezuela fue similar al de Dan Mitrione en otros países del continente, como Uruguay. En junio de 1967, la CIA terminó su relación laboral con él, aduciendo problemas impositivos y actividades independientes, no reportadas a la Central. En agosto ya estaba trabajando para la Digepol, en Caracas.Mientras fue jefe de la policía secreta de Venezuela, fue conocido como el Comisario Basilio. No sólo se dedicó a supervisar la tortura y desaparición de disidentes venezolanos sometidos a técnicas especiales de interrogación, sino que también facilitó el tráfico de drogas desde Colombia con destino a Miami, como consta en memorándums del FBI de marzo de 1973. Un mes más tarde, la CIA confirmó la conexión de Posada Carriles con el narcotráfico, siendo reportado en compañía de “poderosos jefes del narco”. Los investigadores federales prefirieron no formalizar acusaciones, para mantenerlo como fuente de información. En mayo de 1973, se lo encontró “culpable solo de tener amigos equivocados”. Para marzo de 1976, la DEA continuaba detrás de su esposa, Nieves Elina González, sospechosa de participar en el tráfico de droga de Colombia a Miami a través de Venezuela.

Por décadas, lo que el FBI llamaba “La capital del terrorismo” (Miami) fue el perfecto caos que nadie lograba controlar y menos entender, pero siempre estaban Washington y la CIA detrás. En 1976, el fiscal Jerry Sanford se excusó ante el agente Robert Propper por andar armado.

“Es el primer fiscal que veo armado”, dijo Propper.

“Es que soy el único abogado de la Fiscalía que trabaja en terrorismo cubano” explicó Sanford. “Sólo en los últimos dos años y medio, una docena de importantes líderes cubanos han sido asesinados. Los asesinatos relacionados con el narco suman entre dos y tres muertos por día. No pocas veces son acribillados con metralletas. Unos se han apropiado del tráfico de cocaína y otros se han rebelado contra la CIA y contra cualquier otro exiliado cubano que ellos consideren “anticomunistas demasiado moderados”. El caos es tal que es casi imposible distinguir un asesinato por causas políticas o por un mero ajuste de cuentas relacionado al narco. Es algo muy difícil de resolver cada uno de estos casos…”

“¿Por qué?”

“Los terroristas tienen un gran apoyo de la comunidad” explicó Sanford, “aparte de una gran disposición de dinero que procede del narco y de sus conexiones con grandes negocios. Montañas de dólares van a parar a sus abogados o para corromper a la policía y, probablemente, a algunos jueces también. No es diferente a la mafia de Al Capone en Chicago. ¿Entiende ahora por qué ando armado?”

Los federales no solo habían identificado la ola de atentados terroristas de los exiliados cubanos, sino sus fuentes de financiación, que iban de las donaciones de las grandes (exitosas) empresas hasta el narcotráfico, sobre todo durante el auge de los contrarrevolucionarios somocistas de Nicaragua, reagrupados bajo el nombre de Contras, y el renovado apoyo de la CIA y de la Casa Blanca. En 1981, el investigador T.D. Alleman reportó que la policía federal estimó que el 70 por ciento de toda la cocaína que entraba a Estados Unidos lo hacía por Miami.

“La morgue de Miami” dijo Alleman, “está tan llena de cadáveres del narco, que los municipales deben almacenar cuerpos en camiones con refrigeradoras. 

 Años después, un memorándum de la CIA registraba que el 6 de septiembre de 1973 la DEA había solicitado información sobre uno de sus colaboradores, Orlando García Vásquez, y otros cuatro cubanos, debido a su participación en el narcotráfico desde Venezuela. García era identificado como amigo cercano de los mayores jefes del narco de la región. La vinculación de la DEA (el departamento de lucha contra el narcotráfico de Washington) y el narcotráfico son históricas por muchas razones. No es solo el dinero, sino sus excusas también.

 Las conexiones de Washington con el narco internacional van más allá de la imaginación. Por ejemplo, el agente cubano de la CIA que se atribuye el asesinato de El Che Guevara en Bolivia, Félix Rodríguez, años después fue socio de Luis Posada Carriles en el apoyo que la CIA otorgó a los Contras de Nicaragua, en el financiamiento a través de armas vendidas en secreto a Irán, en los negocios con el narcotráfico de Pablo Escobar en Colombia y, luego, con el Cartel de Guadalajara en México.

Aparte de participar en vendettas internas que terminaron con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar (quien había descubierto los vínculos de la CIA con el narcotráfico del Patio Trasero) Félix Rodríguez se convertirá en 2005 en presidente de la junta directiva del Museo de Bahía de Cochinos en La Pequeña Habana de Miami.

 Uno de las múltiples marionetas psicópatas de Washington, Manuel Noriega, era un fiel colaborador a sueldo de la CIA desde los años 50, cuando fue reclutado en la Escuela Militar de Chorrillos de Perú. El joven bajito y de la cara picada tenía el perfil apetecido por la CIA: ambicioso, sin escrúpulos, con problemas psicológicos pero consistentes y predecibles, es decir, con una baja probabilidad de traicionar a sus altos mandos. Por entonces, Noriega tenía un salario registrado en la CIA de más de cien mil dólares anuales, los que complementaba con el narcotráfico, sabido y aprobado por la CIA. Tampoco era un empleado desconocido para el director de la Agencia en 1976, George H. Bush, quien se reunió con Noriega en Washington en 1976 y en 1989, como presidente de Estados Unidos, lo secuestró de Panamá, dejando cientos de muertos en una invasión llamada Causa Justa. Durante los debates presidenciales de 1988 contra Michael Dukakis, el vicepresidente y candidato a la presidencia negará varias veces conocer a su amigo y colaborador de la cara picada y las mujeres bonitas. Es más, lo acusará ante el pueblo estadounidense de ser un narcotraficante. Latino y narco.

En 2018, luego de que el presidente Maduro de Venezuela fuese reelegido, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), envió a agentes encubiertos a Venezuela inventar casos contra el gobierno de Nicolás Maduro por narcotráfico. Según el memorándum filtrado en 2023, para la operación, la oficina de la DEA de Miami reclutó a un mafioso internacional acusado de estafar 800 millones de dólares del sistema cambiario de Venezuela.

Tres años después de ser secuestrado en el golpe de Estado de 2002, Hugo Chávez expulsó a la DEA de Venezuela, bajo la acusación de espionaje.

Más que espionaje, siempre fue sabotaje. Sabotaje internacional y sabotaje de la opinión mundial.

Jorge Majfud, agosto 2025.

Los reyes de la droga: «Santos Narcotraficantes» en el Caribe
Ideology and Intervention: A Critical Review of Jorge Majfud’s The Wild Frontier

Recetas viejas; renovados fracasos

Ministra de Seguridad de la Nación argentina, Patricia Bullrich: “El Plan Bandera va a liberar a Rosario de los narcos y a ponerlos de rodillas de una vez y para siempre”.

Sra. Bullrich:

La historia indica que la “guerra contra el narcotráfico”, desde Nixon hasta el México actual, pasando por G. W. Bush, nunca funcionó. Por el contrario, dejaron más muertos y acrecentaron el poder de las mafias de los carteles, sobre todo luego de un tiempo, con la corrupción masiva de los mismos “combatientes contra el narcotráfico”.

Claro que si Argentina hubiese aprendido algo de la historia ustedes tampoco estarían en el gobierno otra vez.

Nada nuevo. El triunfo en las últimas elecciones presidenciales y el golpe artero a las necesidades más básicas de millones de ciudadanos no les ha calmado la necesidad patológica de vender el Paraíso en base a creencias inoculadas por repetición. Todo lo contrario. Continúan ejerciendo el mismo optimismo del vendedor de preservativos recauchutados. Las mismas afirmaciones absolutistas («ponerlos de rodillas de una vez y para siempre«), las mismas vanas promesas. Las mismas excusas de las políticas neoliberales que, en nombre de la libertad, siempre recurren a la represión, a la militarización de la policía, a la intervención de los ejércitos en las sociedades… En fin, la vieja fórmula de saqueo de las sociedades: primero la violencia social y moral; luego la violencia policial. 

Los asesores de Nixon que inventaron la Guerra contra las drogas reconocieron más tarde que se había tratado de una coartada para criminalizar negros y latinos y a los incómodos hippies que protestaban contra la Guerra en Vietnam. La maldad tiene muchos recursos, algunos contradictorios, pero en su raíz es siempre muy consistente.

La tendencia a confundir deseo con realidad es universal, pero sólo los políticos sin escrúpulos y las corporaciones que los compran se benefician de esa debilidad ancestral. El resto, tarde o temprano, la sufre como borracho con resaca.

Por supuesto que hay soluciones mejores: la reducción de las crecientes y obscenas brechas económicas y sociales es la primera. Está harto demostrado que es ésta, sobre todo en las sociedades capitalista-consumistas (Postcapitalistas) de nuestro tiempo, la mayor fábrica de violencia de todo tipo. Pero ¿quién se atreve a reducir la concentración de capitales y de poder mediático cuando una gran parte del poder político depende de sus donaciones o temen sus represalias?

jorge majfud . december 2023

Uribe y los “Negocios legítimos con narcotraficantes”

​Nuevos documentos ​desclasificados relacionan al expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico colombiano.

Uribe

National Security Archive de la Universidad George Washington, 26 de mayo de 2018.

Electronic Briefing Book No. 631

 

En el año 1993, un senador colombiano informó a la Embajada de Estados Unidos que los fundadores del cartel de Medellín habían financiado la campaña electoral del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, según revelan los documentos desclasificados y publicados hoy por el National Security Archive de la Universidad George Washington.

Los cables publicados describen casi una década de interacciones de la Embajada de Estados Unidos con Álvaro Uribe y muestran que los diplomáticos estadounidenses tenían preocupaciones persistentes sobre los vínculos de Uribe con el narcotráfico, incluso cuando los funcionarios de la embajada desarrollaron una relación de trabajo con este mismo político, por entonces en ascenso.

En una reunión con un funcionario de la Embajada de los EE. UU., en febrero de 1993, el senador Luis Guillermo Vélez Trujillo, aliado político de Uribe, dijo que la familia Ochoa Vásquez había financiado la campaña política de Uribe y agregó que éste era primo de los Ochoa Vásquez, fundadores del conocido grupo de narcotraficantes.

Vélez Trujillo dijo a la Embajada que los lazos familiares y financieros de Uribe con los Ochoas explicaban por qué Uribe y otros dos se habían reunido en secreto con la esposa del fugitivo líder del Cartel de Medellín Pablo Escobar en diciembre de 1992 en un esfuerzo infructuoso por negociar su rendición a las autoridades colombianas. Agregó que Escobar, a través de Ochoas, le exigió luego a Uribe que devolviese los favores recibidos abriendo un canal de comunicación con el presidente colombiano César Gaviria, según un cable de la Embajada de Estados Unidos que describe el encuentro con Vélez Trujillo.

En ese momento, tanto Vélez Trujillo como Uribe eran senadores del Partido Liberal del departamento de Antioquia. Vélez fue, más tarde, miembro fundador del partido político pro Uribe, el Partido de la U.

Otro contacto de la Embajada citado en el cable, el ex senador del Partido Liberal Alejandro González, «reiteró las acusaciones de [Luis Guillermo] Vélez de que Uribe teme por su vida porque no pudo cumplir con sus mentores del cartel de Medellín», según el cable.

Como presidente, Uribe forjó fuertes lazos con los Estados Unidos, se aseguró miles de millones en asistencia en seguridad, extraditó un número récord de sospechosos de tráfico de drogas y, a través de una campaña militar agresiva, redujo en más de la mitad el número de insurgentes guerrilleros armados en el país. En 2014, Uribe fue nuevamente electo al Senado de Colombia, esta vez representando al Partido del Centro Democrático.

Durante la presidencia de Uribe, hubo un aumento masivo en las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército colombiano (como en el escándalo de los «falsos positivos»). Los miembros de su gobierno, a través de la agencia de inteligencia del DAS, vigilaron e intimidaron ilegalmente a una larga lista de opositores políticos, incluidos periodistas, jueces y activistas de derechos humanos. Actualmente, e primo de Uribe, Mario Uribe Escobar, está cumpliendo una condena por su participación en grupos paramilitares, mientras que su hermano, Santiago Uribe Vélez, está siendo juzgado por liderar un escuadrón de la muerte conocido como Los 12 Apóstoles.

Recientemente se reveló que la Suprema Corte colombiana está investigando al propio Álvaro Uribe por asesinato e intimidación de testigos relacionados con una investigación de crímenes cometidos por miembros del Bloque Metro, un grupo ilegal de milicias paramilitares supuestamente formado por Uribe y miembros de su familia.

En 2004, el National Security Archive de la Universidad George Washington reveló un informe de inteligencia militar de Estados Unidos de 1991 que incluye a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Pablo Escobar, el jefe narcoparamilitar Fidel Castaño y más de 100 figuras del crimen organizado. Uribe era un «amigo personal cercano de Pablo Escobar», según el informe de la Oficina del Agregado de Defensa de Estados Unidos (DAO) en Colombia, y estaba «dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales».

El gobierno colombiano negó varias acusaciones específicas en el informe de inteligencia de 1991, pero no intentó refutar las aseveraciones más importantes que se revelaron en el documento: que Uribe tenía una relación personal cercana con Pablo Escobar y negocios con el Cartel de Medellín.

Hasta ahora, ha habido poca documentación adicional disponible sobre cómo se evaluó Estados Unidos las supuestas relaciones de Uribe con los narcotraficantes durante los años anteriores y desde ese informe. En una entrevista de 2009 con El Nuevo Herald, el ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette (1994-1997), había dicho que le había preguntado a Uribe sobre algunos de estos rumores, pero que no había quedao satisfecho con su explicación.

En marzo de 1995, un cable de la Embajada de Estados Unidos firmado por Frechette, resumió la gama de denuncias que vinculan a Uribe, entonces el recién instalado gobernador de Antioquia, con el tráfico de drogas. La parte del cable que describe las acusaciones fue redactada de una versión publicada anteriormente del cable.

Frechette escribió que Uribe, «como muchos políticos prominentes colombianos», era «sospechoso de haber tenido una participación periférica con la industria del narcotráfico en Colombia”. Según el informe de la embajada de Estados Unidos, en 1992, en una reunión de su partido, Uribe intentó nombrar candidato para alcalde de Medellín a un miembro de una conocida familia de narcotraficantes. Como no tuvo éxito, propuso al tío de Pablo Escobar Gaviria, también sin éxito. Según otro informe de la Embajada, en 1993 Uribe y otros dos se reunieron con la esposa del narcotraficante Pablo Escobar para tratar de negociar su rendición, una reunión facilitada por el supuesto contacto de Uribe con la familia.

Un cable de 1988 firmado por el subjefe de la misión estadounidense (DCM) J. Phillip McLean afirma que la «información incompleta disponible» sobre los rumores de que el entonces senador Uribe tenía vínculos con narcóticos fue “compensada” durante una larga entrevista en la que Uribe presentó documentación y explicaciones sobre sus presuntos contactos con los narcotraficantes «.

En enero de 1992, pocos meses después del informe DIA de septiembre de 1991, la Embajada de Estados Unidos cuestionó la inclusión de Uribe en una lista similar de «posibles narcopols» en Colombia, considerando que si la única transgresión de Uribe es pertenecer a una familia que ha hecho negocios legítimos con narcos, su inclusión en esta lista no debería darse por segura.

Otros registros citados en una «versión actualizada» del mismo informe dice que la familia de Uribe tenía «extensas posesiones de tierras y negocios en Antioquia» y que hicieron «negocios legítimos, como la ganadería, con conocidos traficantes de Antioquia». En junio de 1992, David L. Hobbs, de la embajada de Estados Unidos, escribió que «con cada reunión nos inclinamos menos a creer en las narraciones de Uribe.

Aproximadamente seis meses después, luego que informes de que Uribe y otras dos personas se habían reunido secretamente con la esposa de Escobar, otro cable de la Embajada registra una conversación con Uribe, quien «llamó al [Oficial Político] en la Embajada el 26 de enero para explicar su versión de los hechos y aclarar su papel «en el episodio, que también se informó en el momento.

Uribe dijo a funcionarios de la embajada de Estados Unidos que él y otros dos se habían reunido con la esposa de Escobar, María Victoria Henao Vallejo, para transmitir el mensaje de que, en palabras de la Embajada, «estaría más que dispuesto a actuar como garante de la seguridad de Escobar» si ese fuese el único obstáculo para su rendición a las autoridades colombianas. Escobar escapó de su arresto domiciliario en julio de 1992 y pasó los siguientes 16 meses prófugo de las autoridades colombianas y estadounidenses antes de ser asesinado en una operación policial en diciembre de 1993.

Según Uribe, la reunión fue organizada por Iván Velásquez Gómez, quien era entonces el inspector general del departamento de Antioquia y actualmente es el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Según Uribe, Velásquez había dicho que podía arreglar una reunión con la madre de Escobar, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, pero en su lugar organizó una reunión con Henao.

“Uribe dijo que no se dio cuenta de que estaban tratando con la esposa de Escobar hasta después de varios minutos de conversación. Dijo que le había informado a la señora Escobar que no tenía autoridad para negociar. Expresó su profunda preocupación por la violencia y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para garantizar que Escobar se rindiera pacíficamente.”

Uribe «estaba visiblemente agitado» durante su reunión con el funcionario de la embajada de Estados Unidos, y «constantemente paseaba por la pequeña oficina», según el sumario. Uribe «dijo que quería que la Embajada tuviera conocimiento de su papel exacto en el asunto y entendiera que todo era transparente.» Uribe negó enfáticamente los rumores de que el propio Escobar estaba en la reunión y dijo que rechaza absolutamente cualquier pensamiento de diálogo o concesiones a Escobar».

El delegado político de la Embajada dijo que el Senador Vélez Trujillo le había dicho que «él cree que fue Uribe quien inició el contacto con la madre de Escobar», y le recordó «que Uribe es primo de la familia de narcotraficantes Vásquez de Ochoas [sic] …la que ha financiado su campaña política”. Vélez Trujillo dijo que “Escobar, a través de los Ochoas, está ahora exigiendo a Uribe que devuelva los favores tratando de abrir un canal de comunicación con [el presidente colombiano César] Gaviria».

Alejandro González, el ex senador liberal de Antioquia, le dijo a la Embajada que Uribe temía «por su vida porque no pudo retribuir a sus mentores del cartel de Medellín». González fue asesinado el año siguiente.

Los funcionarios de la Embajada de los EE. UU. Estaban «convencidos de que la reunión no fue ordenada por la administración Gaviria y que nada salió de ella», según el cable de febrero de 1993. Uribe y los otros dos «actuaban de acuerdo con lo que consideraban su propio interés individual», dice el informe, y «la participación de Uribe bien podría tener algo que ver con su relación con los Ochoas” mientras la Embajada negaba tener información reciente sobre el vínculo con los narcotraficantes.

Algunas de las acusaciones que vinculan a Uribe con el tráfico de drogas provienen de sus lazos políticos con Ernesto Samper Pizano, cuya administración presidencial (1994-1998) fue obstaculizada por la evidencia de que su campaña recibió contribuciones del Cártel de Cali, y de César Villegas Arciniegas, un amigo cercano y confidente de Samper que fue condenado en 1998 por su papel en el escándalo y asesinado más tarde en 2002.

En marzo de 1993, uno de los cables de Busby a Washington dijo que la Embajada creía que había «sustancia en los rumores» de que Samper, Villegas Arciniegas y Uribe, a quienes calificó como «un partidario clave de Samper», tenían vínculos con el narcotráfico.

Los rumores se debieron en parte a la evidencia de que Villegas Arciniegas, como director de planificación de la Administración de Aviación Civil de Colombia a principios de la década de 1980, había otorgado licencias de operación a narcotraficantes conocidos. Uribe, que era entonces director de la organización, lo nombró para el puesto.

Frechette, quien reemplazó a Busby como embajador de Estados Unidos, le dijo a El Nuevo Herald en 2009 que nunca estuvo satisfecho con la explicación de Uribe sobre por qué nombró a Villegas Arciniegas para el cargo. «¿Cómo viniste a contratar a Villegas?», le preguntó a Uribe. «¿Sabes que Villegas sin duda dio esas licencias a los narcos?»

Un cable de la Embajada de julio de 1993 decía que Uribe era «el único político de Medellín que se declaró incondicional de Samper» por lo que «será el hombre de Samper en Medellín, un distrito clave para cualquiera que quiera ser presidente de Colombia». Pero Uribe había «demostrado» ser un enigma para la Embajada «, según el cable, y el alcance de sus conexiones reales con los narcotraficantes seguía sin estar claro.

Según la Embajada de Estados Unidos de la época, la donación de dinero por parte del narco a los políticos era «una práctica casi universal en la política colombiana».

Jorge Majfud, 25 de mayo de 2018