De repente se acordaron de los indígenas en Ecuador

“De repente se acordaron de los indígenas en Ecuador”

El 30 de setiembre de 2010, al mediodía, el presidente Rafael Correa se dirige al regimiento donde se encuentran los policías sublevados contra una reciente ley salarial aprobada por la Asamblea Nacional. Correa les explica que sus sueldos se han duplicado durante su administración y seguirán aumentando, pero los amotinados no quieren escuchar y le lanzan gases lacrimógenos. En la confusión, el presidente se lastima una rodilla y es llevado al Hospital de Policía Nacional con signos de asfixia, donde es retenido por los policías sublevados. Algunos proponen asesinarlo para terminar con el problema, pero otros se niegan.

Horas después, diferentes manifestaciones en contra del secuestro toman las calles en varias ciudades y, por la noche, un grupo de operaciones especiales del ejército se enfrenta a los amotinados. Luego de un intercambio de disparos que se extiende por media hora, rescatan al presidente a las nueve de la noche y, aunque el auto que lo transporta es baleado, logra escapar. Dos militares y dos policías quedan muertos.

Las interpretaciones de los hechos que se suceden son dos. Para unos fue una simple rebelión de una parte de la policía y para otros un nuevo intento de golpe de Estado. Al fin y al cabo, la interminable lista de complots organizados y financiados por Washington abarca más de un siglo y, sólo en Ecuador, incluye un golpe de Estado en 1963 y el asesinato de otro presidente en 1981, no por casualidad, dos líderes desobedientes. La intervención más reciente en la región ocurrió apenas un año atrás con el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya. Un par de años después, Fernando Lugo será depuesto con un golpe del Congreso de Paraguay, similar al que le espera a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, cuatro años más tarde.

Todos los golpes de Estado responden a un mismo patrón ideológico, aunque con algunas variaciones de procedimiento. Debido a una experiencia histórica que desprestigió viejas formas de dictaduras militares, estos Golpes 2.0 confían más en la manipulación de la opinión política y mediática que en la tradicional intervención abrupta, visible y desprestigiada de los ejércitos nacionales.

Otro patrón radica en la paciente, continua y millonaria participación de Washington en la política interna, en el estratégico y conocido desgaste psicológico contra los presidentes desobedientes de países ajenos. Desde que a principios de siglo XXI América Latina comenzó a vivir una ola de gobiernos progresistas y democráticos como nunca antes, desde que estos gobiernos demostraron, peligrosamente, que la justicia social también producía prosperidad económica, la prensa dominante y las fundaciones internacionales comenzaron una campaña incesante de acoso y desestabilización de los gobiernos desobedientes en nombre de otros agentes sociales y por alguna causa noble.

De repente, luego de doscientos años de insistir en violar todos los acuerdos y todos los derechos más básicos de los nativos en su propio suelo y en suelo ajeno, Washington se convierte en un poderoso donante de variados movimiento indígenas de Ecuador a través de fundaciones como la National Endowment for Democracy y la USAID, la cual ha venido operando en el país con un presupuesto anual de casi cuarenta millones de dólares.

Ambas organizaciones ya habían participado, entre otros complots internacionales, en el fallido golpe de Estado de 2002 en Venezuela contra otro presidente desobediente. Más allá de las sombras, el presupuesto de la CIA y la NSA ha escalado a decenas de miles de millones de dólares por año (semejante al PIB de uno o dos países centroamericanos). Nadie sabe en qué se invierte esa fortuna, pero, en base a los antecedentes conocidos, no es necesario ser un genio para adivinar dónde y cómo.

Ahora, en Ecuador, también son donantes del “periodismo independiente” y de grupos como la Fundación Q’ellkaj, la que, con el propósito de “fortalecer la juventud indígena y sus capacidades empresariales”, se convirtió en una férrea opositora del gobierno de Rafel Correa. En 2005 un grupo integrado por Norman Bailey (agente de la CIA y asesor de diferentes compañías internacionales, como la Mobil International Oil) fundó la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE). Una investigación de Eva Golinger revelará que cuatro de los cinco fundadores del grupo indigenista opositor, el CEIE, poseen vínculos directos con el gobierno de Estados Unidos: Ángel Medina, Fernando Navarro, Raúl Gangotena y Lourdes Tibán. Bailey, un experto en América Latina con un profuso currículum en la NSA y en el gobierno de Ronald Reagan, en 1965 había publicado con el Center for Strategic and International Studies el libro The Strategic Importance of Latin America donde dejó claro la importancia de “la economía radical de la empresa libre” a la que llamó “neo-liberalism”.

Las tradicionales fachadas de la CIA en Ecuador, como era de esperar, organizaron movilizaciones y protestas contra el presidente desobediente. Según la correspondencia de la misma USAID en Quito, la independencia de Ecuador para entenderse con los enemigos de Washington (Bolivia, Cuba y Venezuela) no podía ser tolerada. Mucho menos que Ecuador, haciendo uso de su soberanía, hubiese decidido dar asilo político a Julian Assange en su embajada de Londres y, peor aún, que no haya renovado el alquiler gratuito que obligaba a Ecuador a ceder la base militar de Manta para uso de la Air Forces Southern en nombre de la conocida excusa de lucha contra el narcotráfico. En realidad, el presidente Rafel Correa le ofreció a Washington negociar la permanencia militar de Estados Unidos en Manta. El 21 de octubre de 2007 propuso renovar el alquiler de la base “con una condición: que nos permitan poner una base militar en Miami, una base ecuatoriana”. No fue aceptado.

En 2014, la USAID será obligada a abandonar sus operaciones en Ecuador. En 2018 el nuevo presidente apoyado por Washington, Lenin Moreno, aprobará el regreso de los aviones militares de Estados Unidos pese a que la constitución, aprobada por el pueblo ecuatoriano diez años antes, establece que “Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”.

Como en los últimos sesenta años, el gobierno paralelo de las súper agencias secretas que no conocen fronteras, no dejarán de vender máscaras y caballos de Troya. Si algo no falta es dinero y recursos humanos con pequeñas ambiciones. 

JM, febrero 2021

“De repente se acordaron de los indígenas en Ecuador”

Próximo libro: La frontera salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina

https://www.pagina12.com.ar/326858-de-repente-se-acordaron-de-los-indigenas-en-ecuador

Suddenly, they all remembered about the indigenous people in Ecuador

Jorge Majfud

Translated by  Andy Barton

Edited by  Supriyo Chatterjee সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

Below is a fragment from an upcoming book, La frontera salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina (The Savage Frontier : 200 Years of Anglo-Saxon Fanaticism in Latin America). It is a useful refresher on Ecuador’s recent history that allows for an improved understanding of the events that are currently taking place during this electoral period.-Tlaxcala

At midday on 30th September 2010, President Rafael Correa spoke at the barracks (the Regimiento No. 1 de la Policía Nacional, Quito) where the police officers who had rebelled against a recent piece of salary law approved by the Asamblea Nacional (National Assembly) were located. Correa explained to them that their salaries had doubled during his administration and that they would continue to increase, but the mutinous officers did not want to hear any of it and began launching tear gas. Amidst the confusion, the President injured one of his knees and was taken to the Hospital de Policía Nacional (the National Police Hospital) showing signs of asphyxiation, where he was detained by the rebelling police officers. Some of them proposed assassinating him as a solution to the problem, but others rejected this.

Hours later, demonstrations in multiple cities filled the streets in protest at the kidnapping. That night, a branch of the army’s special forces confronted the mutinous officers; following an exchange of gunfire that lasted for 30 minutes, they managed to rescue the president at 9 p.m. Although the vehicle transporting him was besieged by gunfire, it managed to escape. Two soldiers and two police officers died as a result.

There are two interpretations of the events that transpired that day. For some, it was merely a police rebellion; while for others, it was yet another attempted coup d’état. After all, the endless list of coups organised and funded by Washington spans more than a century; in Ecuador alone, this includes a coup d’état in 1963 and a presidential assassination in 1981. Unsurprisingly, both were ‘disobedient’ leaders. The most recent intervention in the region had happened barely a year ago with the coup in Honduras against Manuel Zelaya. A couple of years later, Fernando Lugo would be disposed with a coup in the Paraguayan congress, a fate almost identical to that awaiting Dilma Rousseff, the president of Brazil, four years later.

Each of the coups d’état conform to the same ideological template, although with some small procedural variations. Due to an historical experience that has delegitimised the old forms of military dictatorships, the modern coup gives a greater role to the manipulation of political and media opinion than in the traditional sudden, visible and delegitimised intervention by national armies.

Another template is rooted in the patient, sustained and million-dollar participation of Washington in domestic politics and in the strategic and widely acknowledged psychological warfare against disobedient presidents from foreign countries. Since the dawn of the 21st century, when Latin America began to experience a wave of progressive and democratic governments at an unprecedented rate, and when these governments demonstrated, dangerously, that social justice could also bring about economic prosperity, the hegemonic press and international foundations initiated an unrelenting harassment and destabilization campaign against disobedient governments in the name of other social actors and on behalf of some noble cause or another.

Suddenly, after 200 years of incessantly violating each and every agreement and fundamental right of the native populations on their own soil and abroad, Washington became an important benefactor of various indigenous movements in Ecuador through foundations such as the National Endowment for Democracy and USAID, which has been operating in the country with an annual budget of nearly $ 40 million.

Both organizations had already participated, among other international schemes, in the failed coup d’état in Venezuela in 2002 against another disobedient president. Lurking in the shadows, the budget of the CIA and the NSA has been continually increased by tens of millions of dollars each year (close to the GDP of one or two countries in Central America). No one knows what that fortune is invested in; however, based on the known antecedents, it does not take a rocket scientist to guess where and how.

Currently, in Ecuador, both U.S. agencies are also benefactors of “independent journalism” and of groups such as the Fundación Q’ellkaj, the very same that, with the aim of “empowering the indigenous youth and its entrepreneurial skills”, became a fierce opponent of the government of Rafael Correa. In 2005, a group comprising Norman Bailey (a CIA agent and advisor in different international companies, such as Mobil International Oil) founded the Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (the Indigenous Business Corporation of Ecuador). An investigation by Eva Golinger revealed that four of the five founders of this indigenous opposition have direct links to the U.S. government: Ángel Medina, Fernando Navarro, Raúl Gangotena and Lourdes Tibán. In 1965, Bailey, an expert in Latin America with an extensive resumé in the NSA and the Ronald Reagan administration, published the book “The Strategic Importance of Latin America” through the Center for Strategic and International Studies, where he left no doubt as to the importance of the “radical economy of free enterprise”, which he termed “neoliberalism”.

As is to be expected, the traditional artifices of the CIA in Ecuador organised mass mobilisations and protests against the disobedient president. According to the USAID’s own correspondence in Quito, Ecuador’s independence in establishing relations with Washington’s enemies (Bolivia, Cuba and Venezuela) was not to be tolerated. It was even less tolerable that Ecuador, exercising its sovereignty, could have decided to give political asylum to Julian Assange in its London embassy, and less tolerable still that it had not renewed the free rental agreement that forced Ecuador to relinquish its military base in Manta for the use of the Air Forces Southern Command in the name of a familiar excuse: “the War on Drugs”. In reality, President Rafael Correa had offered Washington the chance to negotiate the continued military presence of the U.S. in Manta. On 21st October 2007, he proposed the renewal of the base “under one condition: that they allow us to put a military base in Miami, an Ecuadorean base”. His offer was not accepted.

In 2014, USAID was to be forced to abandon its operations in Ecuador. In 2018, the new president, supported by Washington, Lenin Moreno, would approve the return of U.S. military planes. This was despite the fact that the constitution, approved by the Ecuadorean people 10 years earlier, set out that “Ecuador is a peaceful territory. The installation of foreign military bases or foreign facilities with military aims will not be permitted”.

Just like in the last 60 years, the parallel government of vast secret agencies which refuses to recognise national borders shows no signs of ending its sale of disguises and Trojan horses. For it, there is no shortage of money or human resources with narrow ambitions.

“La ciudadanía cultural y las leyes ‘Greaser’ del siglo 21”

English: Great Seal of The State of Alabama

Por Bruce Campbell

 
Los latinos están desapareciendo de las escuelas públicas, de las cocinas de los restaurantes, de las obras de construcción, y de los sembrados del estado de Alabama.

Se alegran los nativistas, xenófobos, racistas, y activistas y legisladores del Partido Republicano que apoyan la nueva legislación dura (HB 56) que toma por blanco a los migrantes indocumentados.

La huída de miles de latinos del estado a pesar de su estatus legal no es una consecuencia imprevista de la legislación – es precisamente su objetivo.  Como Lindsey Lyons, el alcalde de Albertville, Alabama, lo dijo en una entrevista con National Public Radio: “Vamos a ver un éxodo de los que se mudan a otros estados que no contemplen semejante legislación.”  El objetivo no es la reforma al sistema de inmigración; el objetivo es hacer que la población latina creciente se vaya.

Para los autores y para quienes apoyan la ley, el estado de Alabama está viviendo una fantasía que han promovido y han deseado ver puesta en escena al nivel nacional.  De modo importante, la fantasía de una población latina que se pierde de vista no es una fantasía estrictamente legal.  Se trata, de hecho, de un proyecto cultural, y tiene una larga historia.

Cultura, Poder, Ilusión
¿Cómo hacer que decenas de millones de latinos desaparezcan de la esfera pública nacional? Es un truco espectacular, comparable al truco del ilusionista David Copperfield cuando hizo desaparecer la Estatua de la Libertad frente a un público televisivo.  La decepción de Copperfield en 1983 se hizo bajo el cubierto de la oscuridad y usando una manipulación estratégica de la perspectiva del público. Las artimañas que buscan la invisibilidad relativa de los latinos en los Estados Unidos se llevan a cabo en plena luz y recurriendo a manipulaciones retóricas y medidas legislativas.

A estas alturas, nos es bastante familiar la retórica. La asociación constante, tocada como tambor por los nativistas anti-inmigrantes, entre los términos “ilegal” y “mexicano” y “inmigrante,” amplificada y reproducida por los medios masivos y en el discurso demagógico político, ha creado una nube semántica que oscurece la presencia, en plena vista, de diversos millones de latinos en la vida pública de los Estados Unidos.

El dueño de un restaurante en el vecindario donde vivo en Minneapolis, un hombre que había emigrado (legalmente) de Ecuador, me relató una experiencia que tuvo mientras tomaba un paseo veranal con su hijo. Fue interrogado por la policía, y la suposición pertinaz de los oficiales de policía fue que el ecuatoriano era mexicano, y al parecer creían también que había entrado a los Estados Unidos ilegalmente.

“Soy de Ecuador,” me dijo, “pero sólo podían ver a un mexicano ilegal.” La Estatua de la Libertad, se podría decir, se esfumó frente a sus propios ojos.

La ilusión pública en este caso resulta de mensajes culturales que niegan a los latinos su ciudadanía cultural – es decir, el derecho de ser diferente y de contribuir con esa diferencia al proceso público.  Teóricamente, todos los ciudadanos son iguales bajo la ley.  Sin embargo, en la práctica las normas culturales públicas están estructuradas por una jerarquía implícita de valores y privilegios que eleva a algunos ciudadanos por encima de otros.

Piense de cómo en una reunión pública el ciudadano que habla un inglés acentuado con una fonética no inglés podría conllevar menos autoridad moral con su audiencia que el locutor nativo hablante del inglés, a pesar de ser igualmente inteligibles y poseer los mismos derechos legales los dos. O piense de cómo un hombre que lleva un dashiki del oeste de África podría parecer, para muchas personas de un público estadounidense, un extranjero.  Las jerarquías de raza, clase social, género, y hasta edad se reflejan en el reconocimiento, o negación, de la ciudadanía cultural plena de diferentes grupos sociales.

Las marcas de las diferencias culturales en el cuerpo político pueden ser, y frecuentemente son, convertidos en signos de estatus de ciudadano de segunda clase.  Esta es una encrucijada importante de la cultura y la política en los Estados Unidos (igual que en otros países), un nexo de lo cultural y lo político que se aprovecha activamente por los que quisieran que los latinos se desaparecieran de la esfera pública.

El tomar por blanco a los inmigrantes con el martillo retórico de “ilegal” golpea pesadamente para sujetar en la mente pública una cadena de equivalencias.  Donde se trata de los latinos, el martillo y el yunque anti-inmigrantes de “ilegal” y “mexicano” buscan convertir a la piel morena, el español, y otras marcas de la visibilidad latina, en señales de la periferia de la vida pública estadounidense.  “Ellos,” nos dicen a los no latinos, no son como “nosotros.”

Destrás del amarillismo de los medios y de las posturas de campaña electoral, se halla una política de subrodinación y aislamiento cultural, y de divisionismo cívico. En la medida en que las marcas externas de la identidad latina se convierten en el equivalente cívico de letras escarlatas, los latinos se dejan menos legítimos como actores públicos, y menos visibles como compatriotas y ciudadanos. En el mismo proceso, los recursos específicos de su herencia cultural que podrían traer al proyecto nacional quedan categóricamente segregados y expulsados de las esfera pública.

Las consecuencias culturales son diversas. El español no se reconoce como lenguaje legítimo de participación cívica.  Regiones enteras del país se despojan de su rica herencia hispana en las mentes de muchos estadounidenses, a quienes se les facilita el olvido de la historia pluricultural grabada en topónimos como Arizona, Nevada, y Florida.

La ignorancia por parte del público estadounidense sobre los puertorriqueños – quienes a partir de la ley Jones de 1917 nacen ciudadanos de los Estados Unidos, aunque sin el derecho de votar en las elecciones de los Estados Unidos – se profundiza y se extiende a otra generación más.  El bilingüismo se hace sospechoso, en vez de ser reconocido como un tremendo recurso económico y cultural nacional, y como una virtud cívica.  Otras formas importantes de cultura pública – los murales, los corridos, las pachangas, entre otras – se castigan como cultura del Otro.  Las voces críticas de la política exterior de los Estados Unidos, las voces de las comunidades que tienen experiencia directa de las implicaciones para los derechos humanos para los Salvadoreños, para los Guatemaltecos, y otros, del financiamiento militar o de los tratados comerciales, se silencian.

Y mi vecino ecuatoriano-americano se encuentra enredado en una decepción de la cultura de masas que le niega la ciudadanía cultural plena, a pesar de sus derechos legales innegables.  Se le niega el poder de definir su propia presencia pública, su propia identidad como compatriota y ciudadano, y de ser reconocido como auténticamente Americano.

Ley, política, cultura
La magia negra promulgada por la retórica pública manipuladora tiene sus límites, afortunadamente.  La gente puede aguantar, y responder, los insultos.  Y el discurso público nunca es asunto de un solo lado.  Mi vecino ecautoriano-americano, por ejemplo, sin duda ha relatado su experiencia a muchos de sus compatriotas, produciendo una conciencia local que sirve de contrapeso en alguna medida para la tergiversación general de las realidades nacionales ejecutada por el amarillismo anti-inmigrante.  Los educadores siguen enseñando el español, y el interés estudiantil en el idioma sigue creciendo al lado del número creciente de estadounidenses que reconocen el valor político y económico y cultural del bilingüismo.

Y en algún momento, el discurso anti-inmigrante empieza a decir más sobre él que lo produce que sobre el objeto de su rencor.  De las 308 millones de cabezas contadas en el Censo de 2010, más de 50 millones (o más de 16%) se identificaron como Hispano o Latino. En algún momento, el hablar como si 16% de la nación no existiera (o no debiera existir) se convierte en estrategia de payaso (por no decir algo más fuerte).

Este es el momento en que entran en el escenario los mecanismos legislativos del  espectáculo cínico de la desaparición de los latinos.  Una confluencia de intereses xenófobos, nativistas, y Republicanos – después de haber visto desarrollarse los cambios demográficos de las últimas dos décadas, y al ver la consolidación de las consecuencias electorales de tales cambios – percibe una necesidad aún mayor de aislar la cultura latina y subordinar la participación pública de los latinos. Han aprendido que la retórica sola está perdiendo su magia.

De manera predicible, después de que las elecciones de 2008 resultaron en victorias convincentes para el Partido Demócrata, con márgenes significativos de apoyo entre los votantes latinos, en varios estados las asambleas legislativas bajo control Republicano han aprobado leyes que toman por blanco a los inmigrantes indocumentados.

La asamblea del estado de Arizona en 2010 aprobó SB 1070, una ley que criminaliza el no llevar consigo documentos que acrediten el estatus legal y permite que la policía detenga a cualquier persona sospechada de ser inmigrante indocumentado. (Para dejar claro que el blanco político y cultural incluía a los ciudadanos latinos, la mayoría Republicana también aprobó una ley que prohibe la enseñanza de Estudios Étnicos en las escuelas públicas.)  Luego, en 2011, los estados de Georgia, Indiana, Utah, y Carolina del Sur aprobaron sus propias versiones de la ley de Arizona, promoviendo de manera semejante las prácticas del perfil racial en el tratamiento oficial a los latinos y la criminalización de los esfuerzos por integrar económicamente y socialmente a los inmigrantes indocumentados.

No queriendo quedarse atrás, el estado de Alabama aprobó HB 56, una ley que, entre otras cosas, prohibe a que los inmigrantes indocumentados asistan a las unidersidades estatales, criminaliza “el transporte, el hospedaje, o el alquiler de propiedad” a los indocumentados, y requiere que las escuelas públicas verifiquen el estatus legal de todos sus estudiantes.

Estas leyes aplican el poder del estado – en la forma de las prácticas del perfil racial – para apoyar los mensajes culturales que subordinan y marginalizan a los latinos y los excluyen de las esfera pública.  Una medida del efecto cultural de la ley en Alabama: los niños latinos que no han desaparecido de las escuelas públicas ahora reportan que son maltratados e intimidados por otros niños que les dicen “ilegales.”

Todos estos estados comparten dos elementos clave: Primero, el gobierno del estado está bajo el control del Partido Republicano, y segundo, el Censo de 2010 halló una tasa de crecimiento drámatica de la población latina/hispana entre 2000-2010, un crecimiento demográfico que pronto o tarde podría poner en peligro la dominancia política de los Republicanos en el estado.

Georgia, Carolina del Sur, y Alabama vieron tasas de crecimiento alucinantes para la población latina/hispana, de 96.1%, 147.9%, and 144.8%, respectivamente. La tasa de crecimiento en Indiana para la categoría demográfica de Latinos/Hispanos fue 81.7%, y en Utah’s 77.8%, casi doble la tasa nacional para el mismo sector de la población. En el caso de Arizona, el crecimiento del sector latino/hispano fue “sólo” 46.3% – pero lo que sería aún más preocupante para los Republicanos, los racistas, y los xenófobos: la población latina/hispana había llegado a representar aproximadamente 30% de la población del estado.

Es difícil no llegar a la conclusión de que la legislación anti-inmigrante en estos estados se trata de un esfuerzo por cambiar los hechos demográficos para futuras elecciones, y antes del momento inevitable en que una reforma federal y comprensiva de la política migratoria ofrezca una oportunidad para hacerse ciudadanos a los estimados 12 millones de inmigrantes indocumentados en la nación, principalmente de México y Centroamérica.

A la misma vez, la legislación anti-inmigrante al nivel estatal puede verse como un esfuerzo desesperado por usar la ley como aparato para extender la vida de una política cultural que ha buscado históricamente la subordinación y la exclusión de los latinos de la esfera pública.

Redefiniendo América
Lo que está en juego en la coyuntura actual no es una cuestión solamente de leyes y resultados electorales.  Los parámetros culturales de la vida pública en los Estados Unidos también se están jugando. Lo que está en juego en el largo plazo es nada menos que las formas y el significado de la vida pública democrática en América  – es decir, la cuestión de quién se permite hablar, y cómo, y sobre qué.

Es importante recordar (y no permitir que otros olviden) que la cultura política que niega a los latinos la igualdad en la vida pública en los Estados Unidos tiene una larga historia.  Los esfuerzos actuales por expulsar a los latinos de la vida pública tienen parentesco común en los asaltos a los mexicano-americanos que ocurrieron después del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, el acuerdo oficial que puso fin a la guerra entre los Estados Unidos y México, y mediante el cual México cedió a los Estados Unidos aproximadamente la mitad de su territorio nacional.

El Tratado de 1848 incluyó una opción de ciudadanía estadounidense para los muchos mexicanos que de repente se econtraron viviendo en territorio ajeno, pero el sentimiento xenófobo y racista conspiró con ciertos intereses económicos para despojar a los mexicanos de su tierra en toda la región afectada por el Tratado, y quitándoles además sus concesiones mineras en California durante la fiebre de oro en aquella época. Una de las múltiples maneras en que estos intereses operaron al cuerpo social para extirpar la presencia mexicano-americana fue el aprobar de legislación que tomaba por blanco a los aspirantes a la ciudadanía.

Las leyes “Greaser” (así llamadas por sus partidarios, con el término racista “Greaser” indicando claramente el objetivo de la legislación) incluyeron una ley infame que se aplicaba explícitamente a “Toda persona típicamente conocida como ‘Greaser’ o de sangre india o española…y que anda armada y no es pacífica y quieta” [“All persons who are commonly known as ‘Greasers’ or the issue of Spanish and Indian blood…and who go armed and are not peaceable and quiet persons”]. Este ataque legislativo contra la presencia pública de los mexicano-americanos y los indígenas fue antecedida por el Impuesto al Minero Extranjero de 1850, el cual les cobró una tarifa abusiva a las concesiones mineras de los no nativos, con la consecuencia práctica de despojar a los mexicanos y latinoamericanos (y los franceses y alemanes) de sus concesiones en el contexto de la Fiebre de Oro. Por supuesto, la hostilidad xenófoba avivada contra los hispanohablantes ninguna distinción hizo entre los mexicanos y los californios nativos.

La política cultural que intenta desaparecer a los latinos no podrá superar la realidad contundente de una población creciente.  David Copperfield pudo desaparecer a la Estatua de la Libertad, pero al salir el sol la próxima mañana, allí estaba otra vez.  La diferencia es que Copperfield no quería cambiar el significando de la Libertad.

A final de cuentas, los intentos nativistas por actualizar para el siglo 21 las leyes “Greaser” del siglo 19, no harán que los latinos desaparezcan literalmente. Pero las artimañas en este caso cambian el significado potencial de América, disminuyen las posibilidades democráticas, debilitan el diálogo y las relaciones sociales posibles tanto en el presente como en el futuro.  Los recursos culturales y las perspectivas que los latinos podrían traer consigo a la mesa común se desprecian y se mantienen al margen de la esfera pública nacional.  Nuestros esfuerzos por contrarrestar la desigualdad promulgada y promovida por estas leyes necesitan encararse con la dimensión cultural de la lucha por definir la democracia americana.

Bruce Campbell es profesor de Estudios Latinos/Latinoamericanos en St. John’s University en Collegeville, MN.  Es autor de ¡Viva la historieta!: Mexican Comics, NAFTA, and the Politics of Globalization (University Press of Mississippi, 2009), y Mexican Murals in Times of Crisis (University of Arizona, 2003)

La scommessa delle Americhe.

Il futuro dell’America Latina.

“La scommessa delle Americhe. Viaggio nel futuro dell’America Latina: bandiere rosse, bandiere rosa” 2007
di Maurizio Chierici

La scommessa delle Americhe. Viaggio nel futuro dell’America Latina: bandiere rosse, bandiere rosa

Maurizio Chierici (Author)

La scommessa delle Americhe. Viaggio nel futuro dell'America Latina: bandiere rosse, bandiere rosa
In America Latina sembra finito il sonno tormentato dagli incubi. Dopo le elezioni del 2006 le bandiere sono cambiate ma l’adolescenza della democrazia non ha sciolto le sue inquietudini. Continua la ricerca di un’identità che è stata definita da elezioni per la prima volta trasparenti: passo importante, ma solo un passo. Il merito è delle società che stanno cambiando: si affacciano nuovi protagonisti e movimenti comunitari, presenze inedite delle quali è ancora impossibile valutare il peso politico perché l’assenza degli Stati Uniti, distratti dalla dottrina Bush, non permette di individuare il futuro con ragionevole approssimazione.Quel sonno tormentato dagli incubi sembra finito. L’America Latina si sveglia e volta pagina. Dopo le elezioni del 2006 le bandiere sono cambiate ma l’adolescenza della democrazia non ha sciolto le sue inquietudini. Confermano le tendenze i paesi dai governi consolidati a destra e a sinistra – Brasile, Venezuela e Colombia -, mentre la realtà resta incerta in Ecuador e in Nicaragua. Messico e Perù sono in bilico tra immobilità ed evoluzione: annuncia instabilità la differenza impalpabile dei voti, che risentono dello sfinimento delle forze al potere. La destra messicana è condizionata dalle tragedie sociali che il neoliberismo continua ad aggravare e il nuovo presidente Calderón ripropone un paese latino ma anche nordamericano, vicino agli Stati Uniti nel barocco della cultura spagnola; doppio profilo tra convenienze che non sempre coincidono e i problemi che continuano. Il ritorno in Perù di Alan Garcìa tradisce le ambiguità che lo hanno costretto all’esilio; rieccolo con le promesse – fragili, fuori tempo – di una socialdemocrazia ispirata ai fallimenti dei suoi anni Ottanta. Intanto continua la ricerca di un’identità che è stata definita da elezioni per la prima volta trasparenti: passo importante, ma solo un passo. Il merito è delle società che stanno cambiando: si affacciano nuovi protagonisti e movimenti comunitari, presenze inedite delle quali è ancora impossibile valutare il peso politico perché l’assenza degli Stati Uniti, distratti dalla dottrina Bush, non permette di individuare il futuro con ragionevole approssimazione. Se tornano, cosa succede? L’ottimismo dello scrittore uruguayano Jorge Majfud, molto amato e premiato negli Stati Uniti dove insegna Letteratura spagnola all’Università della Georgia, alleggerisce la contrapposizione, ricordando l’ammirazione per gli Stati Uniti, nazione dove trovavano rifugio gli animatori del risorgimento antispagnolo. Nel 1897 la colonia stava svanendo e il sentimento per la «patria umiliata» si aggrappava all’esempio della democrazia di Washington, ma il Novecento rovescia gli umori: i Latini dimenticano le sofferenze dell’impero di Madrid e riscoprono «l’ispanità», pur rifiutando il conservatorismo autoritario franchista, mentre gli intellettuali diffidano ma non diffidano i governanti e la Chiesa ufficiale. La delusione dell’essere passati dalla vecchia colonia alla colonia ricomposta nell’«impero americano» riaccende la rivolta, che nel giudizio di Majfud è destinata a spegnersi: «Il XXI secolo risolverà il tragico conflitto tra l’antica democrazia rappresentativa, che tutela gli interessi delle classi e delle nazioni, e la nascente democrazia diretta, effetto della radicalizzazione, conseguenza di emarginazioni lasciate degenerare e ormai organizzate in strutture interculturali. A metà del nostro secolo la superpotenza sparirà, lasciando posto a contenitori geopolitici nei quali progressivamente confluiranno popoli e nuovi protagonisti. Ciò porterà a una diminuzione degli squilibri sociali, quindi delle incomprensioni che dividono le nazioni. Nell’America Latina unita cambieranno i sentimenti ostili verso gli Stati Uniti a partire dal 2030».

The dark side of chocolate

CNN’s Richard Quest talks to filmmaker U. Roberto Romano, whose documentary “The Dark Side of Chocolate” investigates child labor and cocoa fields in the Ivory Coast.

Read a statement from the Global Chocolate and Cocoa Industry |
From the International Cocoa Initiative

But before you bite into a chocolate bar or take a sip of hot cocoa, consider, where did it come from?

It may be that the treat is the product of someone else’s hard labor. The person who may have sold it or who may have made it may not even be an adult.

The International Labour Organization estimates between 56 and 72 million African children work in agriculture, many in their own family farms. The seven largest cocoa-producing countries are Indonesia, Nigeria, Cameron, Brazil, Ecuador, the Ivory Coast and Ghana. Those last two together account for nearly 60 percent of global cocoa production.

And right now, you can still find children working in the cocoa fields as Romano and his crew did to film “The Dark Side of Chocolate.”

So, what should you as a consumer do? […]

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