Una característica histórica de Uruguay es su vocación por innovaciones sociales ejemplares e infrecuentes (que lo llevan a momentos míticos, tipo Maracanazo) seguidas de largos periodos de letargo que terminan en la decrepitud espiritual y la razonable convicción de nunca estar tan mal como el resto del continente. Entiendo que hoy se encuentra en ese momento de decadencia autocomplaciente que lo devora todo de forma imperceptible.
Es el momento en que la izquierda debe despertar de su complicidad ideológica y moral. Las posibilidades para un Uruguay 2030 son múltiples, pero conviene empezar por lo urgente; por lo político, ideológico y social.
El candidato del Frente Amplio en 2029 estará desacoplado del decrépito neoliberalismo del actual gobierno del “FA” o no tendrá posibilidades de ganar. De hecho, sería saludable que no gane, si su función consiste, como hoy, en legitimar un orden estático y vigilado por una minoría nacional e internacional. Un partido que administra con prolijidad el mismo modelo que decía combatir, termina siendo la versión amable de su adversario, el viejo caballo de Troya de los poderes que siempre secuestraron las banderas de los movimientos populares como una estrategia más efectiva que la confrontación directa. Si a eso le agregamos la ausencia radical de ideas, el diagnóstico es de infarto inminente.
El desacople no es un gesto retórico. Va de lo nacional a lo internacional, de la política tributaria a la política exterior. Algunas figuras históricas del FA, como Oscar Andrade y otros, ya se han posicionado en este sentido en varios temas, como es el caso de Palestina o el de los impuestos al uno por ciento más rico del país. Lo que falta es que esté en el índice del programa del FA, no en una temblorosa nota al pie.
Por otra parte, creo que también es urgente y necesario replantear algunos términos políticos según la realidad actual. Pongamos un ejemplo ilustrativo como propuesta de cambio de conciencia y de práctica que debería impulsar la clase política de la izquierda, de los gremios y del resto de la cultura. Consideremos un caso modesto pero crucial y en línea opuesta a la destrucción causada por la más reciente masacre de pequeños emprendedores en Argentina ―en nombre del capitalismo psicópata.
Las PYMES son parte del nuevo proletariado. El dueño del almacén de la esquina, la mujer que sostiene un taller de costura con tres empleadas, el conductor de Uber o el mecánico que emplea a cuatro ayudantes y ninguno puede dejar de trabajar para sobrevivir como cualquier capitalista de verdad, tienden a creer que pertenecen al mismo gremio que los empresarios millonarios, mientras que sus empleados pertenecen a una clase social y política diferente y hostil. Si no son todo lo exitoso que creen deberían ser, se debe a que el Estado y “los vagos” se los impiden. Es la fantasía más popular y la más rentable para quienes la promueven. Debe ser deconstruida.
Según el INE, en 2023 las micro, pequeñas y medianas empresas eran el 99 por ciento de todas las empresas uruguayas y generaban el 68 por ciento del empleo formal privado en industria, comercio y servicios. Son dos de cada tres puestos de trabajo. Sin embargo, aunque el 83 por ciento del “núcleo exportador” actualmente son mipymes, entre todas apenas suman el 4,5 por ciento de lo que Uruguay vende al exterior. En un país con un mercado interno pequeño, las exportaciones son vitales.
Para peor, la expectativa de vida del proyecto del paria proletario (el emprendedor abandonado) es baja. Uno de cada dos emprendimiento cierra a los tres años. El emprendedor solitario culpa al Estado de sus males y ahoga sus penas consumiendo la ilusión de que algún día será como los “empresarios exitosos” que lo asfixian. Sí, el Estado es responsable, pero por las razones equivocadas.
Lo que hay que desarmar no es una empresa sino un espejismo: el pequeño empresario no es un capitalista fracasado; es un trabajador solitario y desamparado, intoxicado por resentimientos mal dirigidos. Si las PYMES son clase trabajadora, el partido de los trabajadores debe tener políticas concretas para ellas. Empecemos por el crédito, que es donde el discurso del libre mercado muestra su verdadera cara. En febrero de 2026, el crédito bancario al emprendedor-trabajador privado en Uruguay equivalía a apenas el 31 por ciento del PIB, frente a un promedio latinoamericano cercano al 55 por ciento (78 en la Unión Europea). Peor aún: un estudio del Banco Central encontró que el 21 por ciento de los créditos a empresas se otorgó en el tope legal de usura, aunque esas operaciones representaron solo el 6,1 por ciento del capital prestado. Traducido: los préstamos chicos pagan la tasa máxima, lo que recuerda al redlining segregacionista en Estados Unidos y la respuesta que, en 1971, el sindicalista Rucci le dio a Mohammed Alí en un asado en una fábrica de Buenos Aires sobre la ausencia de negros: “aquí, los negros somos nosotros”. En el capitalismo desatado, el mercado libre es libre para unos pocos.
¿Soluciones? Se pueden diseñar (1) créditos especiales a través de la banca pública, con tasas y plazos diseñados para empresas de capital limitado, no para grandes deudores con abogados; y (2) subsidios parciales escalonados, definidos según una evolución temporal (más apoyo en los primeros años, cuando una de cada dos muere) y según un tamaño de capital definido, para que el beneficio no se filtre hacia arriba.
Aún dentro de un marco capitalista que todavía no ha dejado de regir, debe haber un cambio ideológico narrativo o de conciencia de clase: el dueño y sus empleados deben entenderse como ffunciones diferentes de una misma clase social, la trabajadora, en una escala donde todavía subsiste el conocimiento interpersonal. La relación diaria y personal del empleador con sus empleados no es un detalle sentimental; es una forma de organización social que el capital concentrado necesita destruir en su mecanismo de deshumanización estratégica. La intervención del Estado debe verse como lo que puede ser: el único aliado que estas empresas tienen frente a los bancos, las plataformas y las cadenas que les fijan precios.
La ola fascista neoliberal aún tiene mucho espacio para expandirse y para continuar su proceso de destrucción en nombre de la salvación VIP, pero comenzará a moverse en retirada en la próxima década. No por convicción de sus beneficiarios, que nunca renuncian a nada, sino por agotamiento material. Los números ya no caben en el relato.
En enero de 2026, en vísperas de Davos, Oxfam informó que los 12 milmillonarios más ricos del planeta poseen más riqueza que los 4.000 millones de personas más pobres, la mitad de la humanidad. Solo en 2025 la fortuna concentrada creció 2,5 billones, suficiente, según la misma organización, para erradicar 26 veces la pobreza extrema. Mientras tanto, una de cada cuatro personas en el mundo sufre inseguridad alimentaria y casi la mitad vive bajo la línea de pobreza ampliada del Banco Mundial.
¿Mérito? El informe del año anterior estimó que el 60 por ciento de la riqueza de los milmillonarios proviene de herencias, clientelismo o poder monopólico. Es decir, de sus asociaciones con los Estados que ellos mismos maldicen. El esfuerzo existe, claro. Lo ponen otros. Si siempre se acepta que en una guerra deban morir cientos de miles de jóvenes pobres para salvar a un país, ¿por qué no se acepta el sacrificio de cien mega millonarios para salvar al mundo?
Primero vinieron los cañones, luego los golpes de Estado en todas sus variaciones y actualizaciones, después los préstamos condicionados y, al final, la dictadura más eficaz de todas, la que no necesita tanques porque ya ocupó el sentido común. Las potencias mediáticas y financieras no intervienen países; intervienen el alma mismo de los pueblos en su conjunto y de los individuos por separado.
Cuando esa marea se retire, dejará a la vista lo que tapaba. Países como Uruguay deben decidir ahora qué hacer para dirigirnos hacia lo inevitable sin pasar por las explosiones sociales que vivirán los países que estuvieron bajo esas dictaduras.
Jorge Majfud, octubre 2026
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