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«Esa ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Uruguay», dijo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, lamentó este lunes la negativa de la Cámara de Diputados de Uruguay a anular la Ley de Caducidad, que impide procesar a los militares implicados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

«Se sigue haciendo cuesta arriba abordar el legado de muchos años de abusos sistemáticos por parte del Estado, como muestra el reciente rechazo por parte de la cámara baja del Parlamento de Uruguay a derogar (NdeR: lo tratado en el Parlamento fue para anular la ley)  finalmente la Ley de Caducidad de 1986, que blinda a los autores de crímenes internacionales cometidos durante la dictadura militar ante un procesamiento», señaló Pillay.

«Esa ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Uruguay», recordó.

La responsable de la ONU intervenía ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que este lunes inauguró una nueva sesión, y se refería a que «las transiciones democráticas son incompletas si no pueden concluir las reformas institucionales apropiadas, incluidos los procesos de justicia transicional».

«El fracaso en fortalecer las nuevas instituciones lleva no solo a la impunidad de pasadas violaciones de los derechos humanos, sino a nuevas violaciones, corrupción y crimen organizado», afirmó la alta comisionada.

Pillay puso como ejemplo a Latinoamérica, donde -dijo- «se tomaron tales decisiones en algunos países hace décadas, durante difíciles periodos de transición».

El pasado 20 de mayo, la Cámara de Diputados de Uruguay rechazó anular la Ley de Caducidad de 1986 que impide procesar a los militares acusados de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), y que había sido invalidada unas semanas antes por el Senado.

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