Invisible, silenciado y prácticamente abandonado: El Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala en su 20.º aniversario

El gobierno de Arévalo revierte con lentitud los recortes al presupuesto y al personal del AHPN.

El Archivo de Seguridad Nacional llama a la comunidad internacional a apoyar las iniciativas de memoria histórica en América Latina.

Washington, D.C., 20 de agosto de 2025 – Hace veinte años, un grupo de investigadores de derechos humanos en Guatemala se topó con un enorme archivo que contenía millones de registros históricos pertenecientes a la brutal y antigua policía nacional del país. Con el apoyo de la Fiscalía de Derechos Humanos del gobierno, financiación de fundaciones y embajadas extranjeras, y la asistencia de asesores internacionales, incluyendo el Archivo de Seguridad Nacional, el grupo logró rescatar los archivos deteriorados de un almacén abandonado hace mucho tiempo y convertirlos en el mayor repositorio público de registros policiales de Latinoamérica. Desde entonces, el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) ha sido fuente de asombrosas revelaciones sobre el papel de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en algunos de los peores abusos contra los derechos humanos documentados durante los 36 años de conflicto interno del país (1960-1996), incluyendo asesinatos políticos, secuestros, tortura y desapariciones forzadas. En el camino, se convirtió en un modelo para los sitios de memoria histórica en todo el mundo gracias a los decididos esfuerzos de los guatemaltecos por apropiarse de su historia y llevar a los responsables ante la justicia. Pero hoy, el célebre archivo policial de Guatemala es solo una sombra de lo que fue: una institución vaciada que opera a niveles drásticamente reducidos y con poco contacto con el público al que se supone debe servir. El auge del autoritarismo que azotó al país durante la última década permitió a ideólogos corruptos de derecha utilizar el sistema judicial como arma contra jueces, fiscales, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas ambientales, entre otros. El AHPN, vinculado desde hace tiempo a la lucha por la justicia transicional y la memoria histórica, se convirtió en víctima de la intensa hostilidad gubernamental.

Este informe del Archivo de Seguridad Nacional se basa en dos visitas in situ realizadas en 2023 y 2025, dos décadas después del descubrimiento del AHPN, y se basa en años de experiencia y participación en el archivo policial y las iniciativas de memoria histórica en Guatemala. Los autores concluyen que el deterioro de las condiciones del archivo refleja una tendencia más amplia hacia la eliminación y el descuido de la memoria histórica en toda la región y hacen un llamado a la comunidad internacional para que proteja y apoye a instituciones como el AHPN que trabajan para preservarla.

Hace veinte años

Cuando se descubrió el Archivo Histórico de la Policía Nacional en julio de 2005, Guatemala había transcurrido casi una década desde los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin a más de 30 años de insurgencia armada y violenta represión estatal. En 1999, la Comisión de Esclarecimiento Histórico concluyó que el 93 % de los abusos contra los derechos humanos documentados fueron cometidos por fuerzas militares, policiales o paramilitares guatemaltecas, y que unos 200 000 civiles desarmados fueron asesinados o desaparecieron durante una sostenida campaña gubernamental de contrainsurgencia que derivó en genocidio.[1] Sin embargo, aunque la guerra había terminado, aún quedaba mucho trabajo por hacer para impulsar el reconocimiento y la reconciliación nacional, exigir responsabilidades a los perpetradores y crear un nuevo consenso posconflicto sobre lo sucedido.

Las fuerzas de seguridad del país se habían negado a participar en el proceso de la comisión de la verdad y negaron a los investigadores el acceso a los archivos gubernamentales. Así pues, el descubrimiento, en los terrenos de una base policial en funcionamiento en el centro de Ciudad de Guatemala, de una enorme bodega abandonada que albergaba un siglo de registros policiales representó una oportunidad significativa e inesperada para penetrar en una de las instituciones más opacas del país y contribuir a la justicia para sus numerosas víctimas. Bajo el liderazgo de Gustavo Meoño Brenner, exlíder guerrillero, un equipo de decenas de personas se dedicó a limpiar, organizar y escanear los documentos, convirtiendo los espacios oscuros y descuidados de la base en un hervidero de actividad y promesas. El proyecto procesó y digitalizó millones de registros y abrió sus puertas a los investigadores una vez que una cantidad considerable de ellos estuvo disponible para su consulta varios años después.

Pero la desmesurada visibilidad pública del archivo, así como sus contribuciones a los juicios de derechos humanos, enfureció a los poderosos sectores ultraconservadores de Guatemala, entre ellos militares retirados y adineradas élites empresariales. Tras la victoria presidencial de Jimmy Morales, el candidato favorito de la derecha política, en 2016, el gobierno buscó activamente frenar los avances en la reforma judicial, las iniciativas anticorrupción y la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. La principal cómplice de Morales fue su fiscal general, María Consuelo Porras, a quien nombró en mayo de 2018.[2] Desde que asumió el cargo, Porras ha acosado, vigilado, procesado y encarcelado a decenas de defensores de derechos humanos, investigadores anticorrupción, activistas indígenas, abogados, fiscales, jueces y periodistas. Su rol le valió la designación del Departamento de Estado de EE. UU. como «actor corrupto y antidemocrático» en 2021, así como las sanciones impuestas por Estados Unidos y Gran Bretaña en 2025.

Guatemala no es el único país donde los archivos y las labores de documentación de derechos humanos están bajo ataque directo o sufren actos deliberados de negligencia. En todo el continente americano, a medida que las democracias se debilitan y los líderes autoritarios ascienden al poder, ha surgido un nuevo antagonismo hacia las personas y organizaciones que construyen narrativas de la represión y la violencia estatal del pasado. La negación de historias incómodas ha llevado al abandono generalizado de las iniciativas de memoria histórica: mediante el cierre de archivos, la destrucción de documentos, nuevas limitaciones al derecho a la información y la censura de diversas historias. Algunos ejemplos incluyen la decisión del presidente Javier Milei de retirar la financiación de los sitios de memoria que contienen registros de la guerra sucia de Argentina (1976-1983); las amenazas a los archivos de derechos humanos peruanos por parte de políticos de derecha que buscan reescribir la historia del país; La decisión de México de modificar su ley de acceso a la información pública para ampliar la facultad del gobierno de denegar el acceso público a sus registros, y la eliminación de información sobre las luchas por los derechos civiles en los Archivos Nacionales de Estados Unidos (AHPN) de las exhibiciones públicas.

A medida que el gobierno de Guatemala intensificaba sus ataques contra la justicia y los derechos humanos, el archivo policial se convirtió rápidamente en blanco de ataques. En 2018, el director del AHPN, Gustavo Meoño, fue destituido de su cargo. Inmediatamente se exilió; durante años, había sido objeto de denuncias infundadas presentadas por figuras de la derecha y temía por su libertad.[3] Decenas de empleados, desde archivistas hasta investigadores, expertos en informática y personal de acceso público, fueron despedidos y sus contratos no fueron renovados. Se ordenó al PNUD que se retirara de su función administrativa, lo que puso fin a la semiautónomaidad del archivo y lo convirtió en una entidad dependiente del gobierno federal.[4] En 2019, el ministro de Gobernación de Morales, Enrique Degenhart, amenazó con confiscar el AHPN del Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) y devolver sus fondos a la reconstituida Policía Nacional Civil.

Esto no ocurrió, en gran parte gracias a la presión de organizaciones guatemaltecas de derechos humanos, la sociedad civil y aliados internacionales. En respuesta a una petición legal del fiscal de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, para proteger el AHPN, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala dictaminó en 2020 que el archivo pertenecía al patrimonio cultural de la nación y debía ser supervisado por el MICUDE, no por el Ministerio de Gobernación. Igualmente importante, la Corte ordenó al MICUDE garantizar que la institución contara con los recursos financieros, administrativos y humanos necesarios para continuar la labor de procesar los archivos, preservarlos, protegerlos y hacerlos accesibles al público.

En cierto sentido, el fallo ratificó el intento del gobierno de «institucionalizar» el archivo policial incorporándolo al sistema nacional de archivos del país, dependiente del Ministerio de Cultura. Y no era ilógico considerar que la transición era natural, pues debería haber ofrecido un modelo más sostenible para el futuro.[5] Pero, en realidad, la pérdida del estatus independiente especial del AHPN lo dejó vulnerable a maquinaciones políticas y burocráticas que muy rápidamente socavaron su capacidad de funcionar al notable nivel que había alcanzado durante 13 años.

El declive del AHPN

Para cuando la Corte Suprema emitió su fallo, un segundo gobierno conservador, bajo la presidencia de Alejandro Giammattei, había asumido el poder en Guatemala. Si bien el Ministerio del Interior abandonó sus esfuerzos por recuperar el archivo policial, su administración practicó una negligencia extrema, permitiendo que el AHPN se marchitara. Siguiendo los pasos de su predecesor, el gobierno de Giammattei continuó recortando el presupuesto del archivo, reduciendo drásticamente su personal a tiempo completo y reduciendo su visibilidad pública. Académicos externos reportaron dificultades para organizar visitas de investigación; como resultado, el número de usuarios anuales se desplomó. En 2023, un grupo de simpatizantes del AHPN realizó un informe sistemático y detallado sobre el impacto de las acciones del gobierno en las funciones del archivo. Integrado por miembros de la Asociación de Amigos de la UNESCO en Guatemala (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), este grupo utilizó la sentencia de la Corte Suprema de 2020 para comparar el AHPN antes de 2018 —año en que el director Meoño fue despedido y el personal cesado— con el archivo de 2023, año en que se emitió el informe.[6]

Prácticamente en todos los casos, los autores encontraron un incumplimiento de las órdenes de la Corte. Su estudio —en inglés, “Archivo Histórico y Sitio de Memoria: Monitoreo del cumplimiento de la sentencia 1281-2019 de la Corte Suprema de Justicia relativa a la protección y el funcionamiento del AHPN”— concluyó que el AHPN tenía dificultades para cumplir con sus obligaciones de procesar los registros y garantizar el acceso público a la colección. Entre los hallazgos más impactantes del informe:

El presupuesto del AHPN pasó de un promedio de $1 millón al año en el período 2016-18, cuando aún se permitía la contribución de donantes internacionales, a un promedio de $124,000 al año en el período 2019-22 tras la toma de posesión del gobierno guatemalteco (págs. 13-14).
El gobierno ha despedido a empleados del AHPN a un ritmo constante, dejando cada vez menos personal para realizar las numerosas tareas necesarias para el funcionamiento de la institución. En 2017, había 63 personas trabajando en áreas como coordinación y administración, procesamiento de archivos, investigación e investigaciones, informática y digitalización, mantenimiento y seguridad. En 2020, contaba con 30 empleados y, para 2023, contaba con 21. El equipo de investigaciones, responsable de investigar casos de derechos humanos, entre otros asuntos críticos, fue eliminado por completo. Y el personal dedicado a responder a las solicitudes públicas de información se redujo de 11 personas a dos, entre 2020 y 2022. (pp. 15-17)
Según el informe, todas las métricas relacionadas con las funciones archivísticas básicas del AHPN han disminuido en un período de cinco años. Al comparar las tasas de clasificación y descripción de documentos, por ejemplo, los autores del informe encontraron que en 2022 el personal logró completar el 10% de lo logrado en 2017. (p. 24) La digitalización (escaneo de los documentos originales y frágiles) en 2022 fue inferior al 30% de lo que fue en 2017. (p. 25) Finalmente, en cuanto al uso público del AHPN, 5,794 investigadores consultaron las bases de datos del archivo para obtener información en 2017; en 2022, el número de usuarios se redujo a 574. (p. 25)

El Archivo Histórico de la Policía Nacional en el año 2025

En la última sección de esta publicación, la analista senior Kate Doyle, quien durante años se desempeñó como asesora internacional del Archivo Histórico de la Policía Nacional, y su colega analista Claire Dorfman informan sobre las condiciones dentro del AHPN con base en dos visitas in situ realizadas en 2023 y 2025.

En ambos viajes, realizamos un recorrido por las instalaciones, consultamos documentos en la sala de investigación pública y realizamos extensas entrevistas con empleados actuales y anteriores, funcionarios gubernamentales e investigadores de derechos humanos. Para este informe, describimos nuestra visita en marzo de 2025, con el fin de brindar la información más actualizada.

Nuestro primer desafío fue programar una visita. El AHPN ya no cuenta con un sitio web para consultar ni un número de teléfono al que llamar. Tras encontrar la página de Facebook del Archivo General de Centro América (AGCA), escribimos un correo electrónico a la oficina principal (agcasecretaria@yahoo.com) y nos dirigieron a la actual coordinadora del AHPN, Ulda Castillo. Ulda amablemente accedió a mostrarnos el archivo y a permitirnos hablar con el personal sobre su trabajo.

Nuestro segundo reto fue encontrar el edificio.

Kate ha visitado el AHPN innumerables veces desde su descubrimiento en 2005. Sin embargo, recientemente, la entrada se cambió de su antigua ubicación en la Avenida Pedrera, en la Zona 6 de la Ciudad de Guatemala. La nueva entrada sigue estando en la Pedrera, pero no hay dirección oficial, número ni letrero en la avenida que indique adónde ir.

Hay, como descubrimos tras caminar por la avenida durante 10 o 15 minutos, una puerta azul que da a un estacionamiento de tierra lleno de autobuses policiales. Pasamos junto a los autobuses, junto a un perro desaliñado que dormía al sol, hasta llegar a un edificio largo y bajo que pertenece al Departamento de Investigaciones y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), que ahora tiene el viejo letrero del AHPN atornillado al techo. El sendero que lleva a la puerta principal del archivo recorre todo el edificio, junto a un colorido mural pintado hace años por artistas de la comunidad, ahora sucio y deteriorado.

Mostramos nuestras identificaciones a un par de policías afuera y luego entramos por la antigua entrada del AHPN, ahora vacía. Es difícil reconciliar el espacio con el archivo policial de antaño: ya no hay bullicio de personal, ocupado atendiendo a visitantes o trabajando en sus escritorios. Ulda nos recibió y nos acompañó a través de la puerta marcada como «Solo personal autorizado» para hablar con los empleados del archivo. Donde antes había docenas de personas trabajando con los documentos, caminamos por pasillos vacíos, pasando por oficinas vacías. Solo 17 personas trabajan aquí ahora, incluyendo a los cuatro guardias de seguridad, un mensajero y una mujer de limpieza, dejando a 11 personas para realizar el verdadero trabajo del archivo policial.

Dos personas trabajan en la limpieza y conservación de documentos. Ulda nos contó que recientemente habían terminado de preparar los expedientes policiales del departamento de Huehuetenango y que estaban listos para ser escaneados. Ahora estaban revisando montones de documentos de Baja Verapaz.[7]

Avanzando por el pasillo, pasando por las puertas marcadas como «Restringido», entramos al espacio de trabajo dedicado a las investigaciones, donde solo hay una persona asignada para consultar el sistema de registros en respuesta a las solicitudes de información. Es la última empleada que queda de la época de Gustavo Meoño y la única persona competente para ayudar a los investigadores visitantes a navegar por la anticuada base de datos del AHPN en busca de documentos. En su escritorio había un grueso archivo de cartas del Ministerio Público (MP), cada una con múltiples solicitudes de información. Nos contó que reciben entre 10 y 12 cartas solicitando información del MP cada día y están obligados a responder en un plazo de diez días.[8] Dijo: «Es mucha responsabilidad, tengo que responder a todas las solicitudes». Aunque es la única persona en el archivo plenamente cualificada para realizar investigaciones, a veces otros empleados tienen que dejar de trabajar para ayudarla debido a la grave escasez de personal.

Ulda nos contó: «¡Estamos tan abrumados que incluso Paty, la mujer de la limpieza, ha colaborado para ayudarnos a buscar e investigar y poder responder a estas solicitudes!».

Pasamos al área de escaneo, donde cuatro personas estaban inclinadas sobre cuatro máquinas. El encargado de la digitalización nos hizo una breve demostración de su trabajo; los documentos que estaba escaneando eran cables deteriorados de la década de 1960, muchos devorados por insectos. Nos explicó que normalmente hay cinco personas escaneando todo el día, todos los días, pero que al quinto empleado se le había asignado temporalmente el papel de fotógrafo para nuestra visita y nos acompañaba de sala en sala, tomando fotos que presumiblemente serían enviadas a los superiores como prueba de la actividad continua del AHPN y de sus visitantes.

Otro empleado se encarga de la custodia documental, es decir, de llevar un registro de los archivos originales en papel y de supervisar cuándo salen del área segura donde se almacenan. Nos condujo a las estanterías, donde miles de cajas llenan los estantes metálicos. El suelo de la entrada había sido arrancado, dejando al descubierto un profundo agujero en la tierra y las tuberías que había debajo. Se colocaron tablas de madera desvencijadas sobre partes del agujero para permitir el paso de la gente. «Están arreglando la plomería», explicó Ulda. Al pasar por encima del agujero irregular en el suelo, el custodio nos describió el sistema biométrico y las cámaras de seguridad que habían instalado para proteger los archivos de daños.

Nuestra última parada fue la sala de lectura pública, donde hay una docena de terminales de ordenador instaladas en largas mesas para los investigadores visitantes. Dos investigadores de la Fiscalía de Derechos Humanos estaban sentados frente a las pantallas, consultando la base de datos en busca de registros. Juan Bautista era el encargado. Es un hombre cortés, de hecho, la cara visible del AHPN, que da la bienvenida a los forasteros y explica cómo presentar solicitudes o consultar la antigua base de datos «Total Image», de la que aún depende el archivo policial. La plataforma es tan compleja y poco intuitiva que Bautista a menudo necesita la ayuda del único miembro del personal que queda de antes de 2018 para guiar a los investigadores en su navegación. Por supuesto, cuando acude a la sala de lectura para ayudar a los investigadores, tiene que hacer una pausa para responder a las crecientes solicitudes de información del Ministerio Público, lo que la retrasa aún más.[9]

Bautista nos comentó que ya muy poca gente viene al AHPN a investigar. Recordó haber visto a un par de académicos internacionales en los últimos años: uno mexicano y el otro guatemalteco de Estados Unidos. Pero ningún investigador local viene a menos que sea del gobierno. «A veces vienen expolicías o sus familias a buscar información personal sobre pensiones, ese tipo de cosas». Como hay tan poco que hacer en la sala de investigación, a menudo ayuda a la sección de investigaciones a responder a las solicitudes del Ministerio Público.

Hace años, el archivo policial tenía una sólida presencia en línea a través de su rico sitio web (ahora eliminado), su constante flujo de noticias en Twitter y Facebook, y sus videos ocasionales en YouTube. Al prepararnos para dejar el archivo, le preguntamos a Ulda si existía algún plan para crear una página web o una cuenta en redes sociales para el AHPN. La invisibilidad actual de la institución —su falta de presencia pública en línea y la dificultad incluso para encontrar el edificio— es claramente un enorme obstáculo para los visitantes. ¿Cómo actualiza el AHPN a los investigadores o comparte noticias sobre los avances del archivo? Por ejemplo, ¿cómo difundirían la reciente digitalización del conjunto de archivos de Huehuetenango, un verdadero logro?

Ulda afirmó que el AHPN no tiene permitido crear su propia página web ni comunicarse unilateralmente con el público. Esas decisiones deben ser tomadas por el Ministerio de Cultura y Deportes o por la dirección del archivo nacional. Tampoco existe un procedimiento establecido para compartir actualizaciones sobre los avances del archivo. Los forasteros se enteran de ellos por el boca a boca, por visitantes que publican en sus redes sociales o por algún artículo periodístico ocasional.

A pesar de su puesto como Coordinadora del AHPN, Ulda, junto con el resto de sus colegas del archivo policial, es lo que en Guatemala se conoce como una «029», es decir, una empleada con contrato temporal, en lugar de ocupar un puesto fijo. Los contratos del archivo tienen una duración de solo tres meses y deben renovarse cuatro veces al año. Esa falta de estabilidad, incluso para el personal de mayor jerarquía —esa impermanencia e incertidumbre sobre su futuro—, explica por qué la persona que dirige las funciones diarias del archivo no tiene la autoridad para decidir si lanzar un sitio web, contactar con universidades o difundir los logros del archivo.

Cuando le dijimos a Ulda que íbamos a hablar con un funcionario del MICUDE, hizo un gesto de oración con las manos, como diciendo: «Por favor, busquen ayuda».

La lucha por los archivos, de nuevo

Desafortunadamente, la ayuda no está en camino. Si bien la elección del candidato moderado y prodemocrático Bernardo Arévalo como presidente en 2023 prometía un renovado enfoque en los derechos humanos, Arévalo y su administración han tenido que gobernar bajo el ataque constante de congresistas conservadores y la fiscal general, Consuelo Porras. Entre ambos, han intentado enjuiciar al presidente en 13 ocasiones y diez veces su despojo de inmunidad. La lucha política en curso ha dejado huérfanas las iniciativas de justicia transicional y memoria, entre ellas el archivo policial.

Expresamos nuestra preocupación por el AHPN durante una reunión con la Viceministra de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Laura Cotí Lux, una de las funcionarias clave que supervisa los archivos gubernamentales en Guatemala, incluido el AHPN. Ella coincidió en que el archivo policial necesitaba más recursos para operar eficazmente. Pero el MICUDE no es propietario absoluto de los edificios que albergan el archivo policial ni del terreno que ocupa, añadió, a pesar del fallo de la Suprema Corte de 2020. Estos siguen perteneciendo a la Secretaría de Gobernación.

“Como vieron, las condiciones del edificio no son las ideales. Pero no queremos invertir muchos recursos en mejorar las instalaciones mientras no tengamos la garantía de conservarlas. Cada año, hay más limitaciones en el espacio disponible; el AHPN se ve reducido [por la Policía Nacional Civil (PNC)] a áreas cada vez más pequeñas. Cada año, el territorio de la PNC se expande y nos rodea más”.

Dada la escasez de recursos disponibles para el archivo en el presupuesto federal, dijo Cotí Lux, los donantes internacionales pueden volver a realizar donaciones directamente al AHPN; pero no observamos evidencia de una campaña activa para solicitar fondos, ni hay nadie que lidere dicha iniciativa.[10] El viceministro señaló la falta de archivistas profesionales en Guatemala como una de las razones de la escasa plantilla de trabajadores contratados, a pesar de que la era Meoño dejó un legado de empleados de archivo experimentados y capacitados que fueron quienes rescataron el repositorio abandonado y lo convirtieron en la institución que es hoy. Durante los presidentes Morales y Giammattei, todos menos uno fueron despedidos. Cuando preguntamos por qué el AHPN aún no cuenta con un sitio web ni un programa de divulgación, Cotí Lux nos respondió que es Haroldo Zamora, director del Archivo Nacional (AGCA), quien toma las decisiones sobre la estrategia de comunicación del archivo policial, no el MICUDE.[11]

El Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Cultura y Deportes han expresado su disposición a invertir nuevos recursos en el AHPN para mejorar las condiciones del archivo, pero hasta la fecha, esas palabras no se han traducido en acciones concretas. El escaso compromiso del gobierno con la mejora del archivo policial implica que las conclusiones del informe de la Asociación de Amigos de la UNESCO en Guatemala, elaborado al final del gobierno de Giammattei en febrero de 2023, siguen vigentes hoy, 18 meses después del inicio de la presidencia de Arévalo. El AHPN necesita espacio, financiación, personal, tecnología, seguridad y mejoras de infraestructura adecuadas para su correcto funcionamiento. Necesita personal permanente para su estabilidad y continuidad. Y necesita que se le garantice el derecho al terreno donde se asienta y a los edificios que ocupa. (pp. 32-34)

De nuestra propia experiencia visitando el archivo, podemos añadir que la institución necesita urgentemente una dirección física, un número de teléfono y un correo electrónico para que los investigadores externos puedan contactar directamente con el AHPN. Debe contar con una entrada independiente y protegida, plazas de aparcamiento para el personal y los visitantes, y un área dedicada a eventos comunitarios. El Archivo Nacional de Guatemala (AGCA) debería facilitar de inmediato la creación de un nuevo sitio web y reabrir sus cuentas en redes sociales, restaurando así el acceso público a sus publicaciones, fotografías, videos y el historial de sus actividades.

El hecho de que el Archivo Policial haya sobrevivido años de hostilidad por parte de gobiernos anteriores y siga sobreviviendo a la lenta asistencia del actual gobierno es testimonio del activismo sostenido de la sociedad civil guatemalteca y de los simpatizantes internacionales. La solidaridad que la coalición de amigos del AHPN demostró a lo largo de los años al presionar a Guatemala para que preservara el archivo contribuyó a garantizar su continuidad. Pero quizás la acción más importante que los simpatizantes del AHPN pueden realizar hoy sea la más sencilla: programar una visita. Investiguen sus vastos fondos, soliciten copias de documentos, hablen con el personal, compartan su experiencia en redes sociales y exijan al gobierno que aumente los recursos del Archivo Policial.[12]

El AHPN es un tesoro de la historia guatemalteca. Si bien sus circunstancias son únicas, se inscribe en un movimiento más amplio de justicia transicional, que se sustenta en una sociedad civil activa y vocal. Guatemala fue en su día un símbolo de este esfuerzo para países de todo el mundo; puede volver a serlo.

Antes de partir de Guatemala, conversamos con un grupo de extrabajadores del AHPN. Formaron parte de la primera generación de personas contratadas por Gustavo Meoño después de 2005 para ayudar a rescatar los enormes y deteriorados archivos de la Policía Nacional: depurándolos, clasificándolos, digitalizándolos y abriéndolos al público. Ninguno de ellos trabaja allí actualmente. Acordamos no nombrarlos para que pudieran hablar con libertad. Pero la mayoría de sus historias estaban teñidas de nostalgia, no de amargura.

Hablaron del papel que el archivo ha desempeñado en sus vidas y carreras como archivistas e investigadores. También reconocieron la singular experiencia de contribuir al éxito de los juicios de derechos humanos a través de su trabajo en el AHPN. «Trabajar allí fue un privilegio. Cuando los documentos empiezan a hablar…», se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar. Todos asintieron.

Notas

[1] Véase el resumen en inglés del informe de la CEH, Guatemala, Memoria del Silencio: Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Conclusiones y Recomendaciones (págs. 17 y 20) para obtener estadísticas sobre víctimas y perpetradores de abusos contra los derechos humanos durante el conflicto.

[2] En 2022, Porras fue nombrado para un nuevo mandato de cuatro años por el sucesor de Morales, el presidente Alejandro Giammattei.

[3] Un juez firmó una orden de arresto en su contra en 2023, acusándolo de su presunta participación en un atentado con bomba en 1980 en Ciudad de Guatemala, cuando Meoño era miembro del grupo insurgente Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

[4] Cabe destacar que, a partir de 2019, cuando el archivo policial se convirtió en una colección dentro del Archivo Nacional de Guatemala, su nombre se cambió a Fondo Documental del Antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional (FDaAHPN). La torpeza de este nuevo acrónimo explica, sin duda, por qué la mayoría de los guatemaltecos aún se refieren a la colección como el AHPN, y nosotros hacemos lo mismo en esta publicación.

[5] Como consultor del PNUD en 2019, el archivista español Antonio González Quintana concluyó que la institucionalización del AHPN era un paso necesario en su evolución. Escribió que, como «bien patrimonial cultural de interés para el país, debe ser protegido por las instituciones públicas, que deben velar por su salvaguardia y uso». https://nsarchive.gwu.edu/document/19327-plan-estrate-gico-ahpn (p. 17)

[6] Los autores del informe fueron Lucía Pellecer, Luisa Rivas, Daniel Barczay, Rodolfo Kepfer y Juan Muñoz.

[7] El AHPN no solo contiene millones de páginas de archivos de la sede central de la antigua Policía Nacional en Ciudad de Guatemala, sino también archivos históricos que han sido trasladados al archivo desde muchos de los 22 departamentos del país.

[8] El AHPN, como todos los archivos gubernamentales, debe proporcionar registros para las investigaciones judiciales en curso. Dar seguimiento a la gran cantidad de solicitudes es un desafío significativo en las condiciones actuales.

[9] Cuando visitamos el AHPN en 2023, probamos el sistema nosotros mismos. Descubrimos que, con la ayuda del empleado de investigaciones, pudimos consultar la base de datos sobre temas de nuestro interés (como ciertos casos de derechos humanos, nombres de lugares, nombres de víctimas o exfuncionarios guatemaltecos) e identificar los registros relevantes. Solicitamos copias de los registros y Bautista nos envió versiones digitales por correo electrónico en una semana.

[10] El primer director del AHPN, Gustavo Meoño, recaudó millones de dólares para el archivo a lo largo de los años, hasta que fue acusado por funcionarios del gobierno de Morales de canalizar ilegalmente dinero extranjero a la institución. Por lo tanto, el incentivo para reanudar tales gestiones no está claro de inmediato.

[11] Hoy en día, el único lugar donde se pueden encontrar los informes sumamente útiles e informativos que el personal del AHPN elaboró describiendo la riqueza del archivo es un sitio web alojado por la Universidad de Texas en Austin, que contiene una copia de los 20 millones de registros escaneados antes del despido de Meoño en 2018. Para encontrar los diez informes, vaya a la página «Acerca de» y desplácese hacia abajo hasta «Recursos relacionados».

[12] Como para subrayar la precaria situación del AHPN, poco después de nuestra salida de Guatemala a finales de marzo, la base de datos del archivo policial sufrió un grave problema técnico, lo que obligó al personal a suspender por completo el acceso público a los registros. A finales de agosto, el problema persistía, aunque la coordinadora Ulda Castillo nos aseguró en un mensaje de WhatsApp que «se han tomado medidas para resolver el problema con prontitud y, una vez concluido, se restablecerá el servicio». El Archivo de Seguridad Nacional seguirá supervisando el restablecimiento de la base de datos.

Ideology and Intervention: A Critical Review of Jorge Majfud’s The Wild Frontier

La opinión pública es un producto de consumo

Washington DC. 15 de agosto de 1953—El presidente Dwight Eisenhower firma la autorización para la Operación PBSuccess con la cual la CIA ha decidido derrocar al presidente de Guatemala, Jacobo Árbenz, inventando la historia de la amenaza comunista. En palabras del nieto de Theodore Roosevelt, Kermit Roosevelt Jr, quien un año antes había participado con éxito en el derrocamiento de otro presidente democráticamente electo, Mohamed Mossadegh, “Guatemala será otro Irán”. En Guatemala, sólo cuatro de los 61 congresistas electos son comunistas y su influencia en el ejército, como en cualquier otro ejército latinoamericano, es cero. No sin ironía, son los comunistas quienes aconsejan al presidente la opción de una reforma capitalista, es decir, que las tierras a expropiar no pasen a manos del gobierno sino a las manos de los agricultores guatemaltecos.

El 3 de diciembre de 1953, la CIA aprueba un presupuesto de tres millones de dólares para esta operación, al que luego agregará otros cuatro millones y medio.[1] En apoyo, John Foster Dulles nombra embajador de Guatemala a John Peurifoy, un estudiante fracasado de West Point que quería ser presidente de Estados Unidos y que, con ese objetivo, había logrado el puesto de ascensorista en el Capitolio a través de un favor especial de un congresista conocido. Dulles huele que el ex ascensorista tiene lo que él necesita: una paranoia confiable sobre “el peligro rojo”. En diciembre, poco después de la llegada del nuevo embajador Peurifoy, el subjefe de la embajada de Estados Unidos en Guatemala y diplomático sobreviviente, William L. Krieg, completa su informe y afirma que las fuerzas reaccionarias y oligárquicas son “vagabundos de primer orden… parásitos que sólo piensan en el dinero”, mientras que los comunistas “trabajaban duro, tienen ideas y son conscientes del propósito de su trabajo”, aparte de ser “honestos y comprometidos”. La tragedia, agrega Bill Krieg, es que “las únicas personas que están comprometidas con el trabajo duro son aquellas que, por definición, son nuestros enemigos”.

Por esas cosas del destino, casi todos los involucrados en la planificación del golpe de Estado contra Árbenz son inversores de la United Fruit Company: el Secretario de Estado, John Foster Dulles; el director de la CIA, Allen Dulles; el asistente del Secretario de Estado de Asuntos Interamericanos y hermano del ex director de la United Fruit Company, John Moors Cabot; el senador y embajador ante la ONU, Henry Cabot Lodge; la secretaria del presidente Eisenhower, Ann Whitman, esposa de Edmund Whitman, director de prensa de la CIA; Walter Bedell Smith, Subsecretario de Estado, quien será parte de la junta directiva de la United Fruit Company.

Las razones económicas son profundas y extensas, pero fáciles de comprender. En 1936, el actual Secretario de Estado, John Foster Dulles, como abogado de la firma Sullivan & Cromwell había madurado en Wall Street el monopolio bananero de la United Fruit Company para Guatemala, todo con la invalorable asistencia y ayuda del dictador de turno, el general Jorge Ubico.^[2] Desde entonces, John también había sido el representante de Railways of Central America y de Electric Bond & Share. Ahora, junto con su hermano, el director de la CIA Allen Dulles, echa mano al poderoso aparato del Estado de la mayor potencia mundial para evitar que los pobres en algún lugar remoto del mundo se hagan con un trozo minúsculo de tierra de su propio país para producir alimentos básicos y amenazar la autoridad de los exitosos del Norte. La fiesta de la UFCo en Guatemala había acabado en 1944 cuando el profesor de filosofía Juan José Arévalo y su “Socialismo espiritual” inspirado en Franklin Roosevelt ganó las primeras elecciones libres de ese país. Con la desconocida democracia se inició un raro período de reformas que le pusieron límite a los regalos de tierras y a las exoneraciones impositivas que beneficiaron a El Pulpo durante la dictadura de Jorge Ubico. Recurriendo a su clásico método de hacer decir a otros lo que él quería que el pueblo repitiera, de la misma forma que antes les había puesto un cigarrillo en la boca de las cantantes de ópera, el propagandista mercenario Edward Bernays le pone una banana en las manos a las estrellas de Hollywood y comienza el maquillaje de El Pulpo. Como siempre, la campaña propagandística de Bernays es todo un éxito.

No sólo se trata de reducir costos de producción a fuerza de subsidios y de salarios de hambre. La ideología de los negocios necesita de una psicología y de una ética a su servicio. La casi absoluta dependencia de los trabajadores a compañías como la UFCo evitaban que los pobres se pudiesen retirar a sus propias tierras, dejando de ser trabajadores asalariados y consumidores desesperados. Mucho antes de sus matanzas en América latina, la UFCo supo que debía inocular el deseo por las cosas materiales en sus asalariados del sur. Esta no era una idea nueva, para nada. Un siglo antes, para decretar la abolición de la esclavitud tradicional en sus posesiones del Caribe, los ingleses habían diseñado un tipo de esclavitud deseada por los nuevos esclavos. El 10 de junio de 1833, un miembro del Parliament Rigby Watson lo había puesto en términos muy claros: “Para hacerlos trabajar y crearles el gusto por los lujos y las comodidades, primero se les debe enseñar, poco a poco, a desear aquellos objetos que pueden alcanzarse mediante el trabajo. Existe un progreso que va desde la posesión de lo necesario hasta el deseo de los lujos; una vez alcanzados estos lujos, se volverán necesidades en todas las clases sociales. Este es el tipo de progreso por el que deben pasar los negros, y este es el tipo de educación al que deben estar sujetos”. La UFCo tomó nota y lo puso en práctica. En 1929, su periodista más promocionado (y amigo de Henry Ford), Samuel Crowther, informó que en América Central “la gente trabaja sólo cuando se les obligaba. No están acostumbrados, porque la tierra les da lo poco que necesitan… Pero el deseo por las cosas materiales es algo que debe cultivarse… Nuestra publicidad tiene el mismo efecto que en Estados Unidos y está llegando a la gente común, porque cuando aquí se desecha una revista, la gente las recoge y sus páginas publicitarias aparecen como decoración en las paredes de las chozas de paja. He visto los interiores de las cabañas completamente cubiertos de páginas de revistas estadounidenses… Todo esto está teniendo su efecto en despertar el deseo de consumo en la gente”. Samuel Crowther consideraba al Caribe como el lago del Imperio americano, el cual protegía y dirigía el destino de sus países para gloria y desarrollo de todos.

Pero el desarrollo no llega, sino todo lo contrario. Tampoco el deseo por el consumo de cosas materiales llega con la fuerza que llega el deseo por la libertad y la democracia que recorre América latina y, a este punto, ya ha derribado varias dictaduras. Con la elección de Jacobo Árbenz, un capitán de la clase alta pero con esa manía de algunos de mirar hacia abajo, las reformas del profesor Arévalo se continuaron sin llegar a radicalizarse. Durante su gobierno se habían formado cientos de comités de campesinos pobres para discutir y administrar las nuevas tierras, lo que entonces fue visto como un signo inequívoco de comunismo o de algo igualmente peligroso. Cuando Árbenz asumió la presidencia, el 70 por ciento de la población era analfabeta, índice que ascendía hasta el 90 por ciento entre la población indígena, es decir, más del 60 por ciento de los guatemaltecos que eran sometidos a trabajos forzados con una remuneración inexistente por tradición y una expectativa de vida de 38 años. Entre la UFCo y la oligarquía criolla, el dos por ciento de la población era dueña del 72 por ciento de las tierras, en un país cuya economía casi exclusivamente se basaba en la agricultura.

La tensión y el conflicto de intereses creado por el período democrático de 1944-1954 alcanzó a cobrarse la vida de dos terratenientes, pero esto no alcanzó a detener el proceso de democratización del país. En 1950, Árbenz había comenzado un plan de reforma agraria que afectó el 1,3 por ciento de la superficie disponible para la agricultura. La reforma incluyó la expropiación de una fracción menor de tierras improductivas en manos de la UFCo, tierras que la compañía había recibido de las dictaduras anteriores a Arévalo.^[3] El Pulpo no aceptó que se le pagase el valor que él mismo había declarado en sus impuestos (2,98 dólares por acre) y reclamó la suma de 75 dólares por acre.

Derrocado el presidente democrático y reemplazado por el general Castillo Armas, uno de los tantos títeres que nunca son difíciles de encontrar, Edward Bernays, la CIA y el gobierno de Eisenhower continuarán el esfuerzo de lavar la imagen del dictadorcillo nervioso. Antes del exitoso golpe de Estado, el general de bigotes estilo Hitler era conocido de Washington. En 1946 había completado un curso de entrenamiento en Fort Leavenworth, Kansas y en 1950 había fracasado en su intento de golpe de Estado contra Arévalo. En 1953 la CIA lo había localizarlo en Honduras y lo había llevado a una sesión de entrenamiento en Opa-Locka, en Florida. Luego le había pagado 3.000 dólares mensuales (29,000 dólares al valor de 2020) más provisiones para sus 140 hombres. Cada acción en la que participaron Castillo Armas y sus hombres terminaron en derrota y con varios muertos. A la CIA nunca le importó porque este grupo no era operativo; sólo representaba la segunda excusa principal para mantener a la prensa ocupada.

Ahora el vicepresidente Richard Nixon lo invitará a Washington para hablar en la televisión sobre el gobierno comunista de Árbenz, derribado por el pueblo guatemalteco que nunca aceptó la mentira y la intervención extranjera (la escenografía de fondo mostrará una cruz como lanza de San Jorge sobre la hoz y el martillo). El general nervioso le dice a Nixon: “Dígame lo que quiere que yo haga y lo haré de inmediato”. En los años y en las décadas por venir, las sucesivas dictaduras de Guatemala no podrán disimular los cientos de miles de masacrados que seguirán como consecuencia de los salvadores planes de Washington. Uno sólo de estos, el dictador Efraín Ríos Mont, ordenará la masacre de 18.000 indígenas en 1982. Poco después, en su visita al infierno tropical, el presidente Ronald Reagan elogiará al genocida como ejemplo de la lucha por la libertad en Guatemala y contra “el régimen” sandinista de sus vecinos nicaragüenses. Las iglesias más poderosas de Estados Unidos, como el Club700, también apoyarán al hermano evangélico hasta su muerte en 2018.

Pese a la brutal campaña, la CIA reconoce que, tanto en Guatemala como en América latina, los comunistas son una fuerza menor. El mismo diagnóstico hará la Agencia y algunos ejércitos latinoamericanos, como el argentino, antes de lanzarse a la aventura de salvar a sus países con más golpes de Estado. En 1954, de los 61 legisladores guatemaltecos, sólo cuatro son comunistas. Excepto en los sindicatos de trabajadores donde, por razones obvias, tienen algún protagonismo. Como desde hace un siglo, el problema central no es el comunismo sino la desobediencia que convenientemente es calificada como comunismo. Antes de que Árbenz fuera electo presidente, la embajada de Estados Unidos le había enviado una lista al presidente Juan José Arévalo con nombres que debían ser removidos de su gobierno, pero el presidente, con una actitud insólita, había ignorado la petición. Amenazar los beneficios de una empresa estadounidense con la excusa de una ley aprobada por algún congreso bananero era otra clara demostración de insubordinación. El mismo investigador del Departamento de historia de la CIA, el profesor Nicholas Cullather, concluirá décadas después que la United Fruit Company acostumbraba a reportar ganancias y valores muy inferiores a las reales para evadir impuestos, pero Edward Bernays convenció al Congreso de Estados Unidos y a la opinión pública de lo contrario: “no se trataba de bananas sino de comunismo”. Desde el arranque, la idea era muy convincente. “Donde vean que se habla o se critica a la United Fruit Company, deben sustituir el nombre de la empresa por el del país, Estados Unidos”. Algunos reportes califican a Jacobo Árbenz como un político conservador. Los militares estadounidenses en Guatemala tampoco ven ningún “peligro comunista”, pero, como en la invasión de México 110 años antes, proceden contra sus propias opiniones en nombre de la eficacia, el deber y el honor. Hasta que décadas después a algunos se les revuelva la conciencia y comiencen a decir lo que piensan.

En este momento, Edward Bernays es el asesor de la empresa en cuestión (la United Fruit Company), el propagandista más importante del siglo e inventor de las Relaciones Públicas modernas. Él mismo elige a los periodistas que considera menos informados del Times, Newsweek, The New York Times y del Chicago Tribune y los envía a Guatemala con todo pago por la United Fruit Company para “reportar sobre actividades comunistas” en América Central. En el viaje a Guatemala, entre habanos y mucho whisky, los organizadores se encargan de cristalizar el dogma entre los periodistas: todos iban a cubrir los eventos de un país que había sido tomado por una dictadura marxista. Los rusos prefieren el vodka. Luego de inoculados, al llegar al país real la visión de los reporteros se adapta al dogma, no a la realidad, y rápidamente se traducen en titulares en la prensa estadounidense y en la Opinión Pública del País Libre.

El único periodista que se atreverá a mencionar la razonable reforma agraria del presidente Jacobo Árbenz y el malestar de la población con la transnacional estadounidense es Sydney Gruson, del New York Times. Poco después, el director de negocios del New York Times recibirá la visita de su amigo, el director de la CIA, Allen Dulles, y Sydney Gruson será retirado del tema América Central.

Sin haber puesto nunca un pie en Guatemala, Bernays sabe de qué se trata todo. Ese es su oficio: no sólo saber lo que otros ignoran sino hacerles creer lo que sus clientes quieren que otros crean. Bernays es un viejo mercenario y es tan bueno que su salario anual (cien mil dólares, sin contar las extras) es superior al de cualquier presidente de Estados Unidos. Sobrino de Sigmund Freud, su interés no es tanto el estudio de la mente ajena sino el dinero que se deriva de su manipulación. En 1924 había convencido al presidente Calvin Coolidge de cocinar panqueques para sus seguidores durante su campaña de reelección, tradición populista que sobrevivirá como un dogma hasta el siglo XXI. En 1927, con su campaña “Antorchas de la libertad” había logrado que las mujeres se pusieran a fumar para aumentar las ganancias de los cigarrillos Lucky Strike. Hasta las feministas desprevenidas cayeron en su trampa. El gran Bernays es también el responsable de que los estadounidenses desayunen huevos con tocino, lo cual logró para aumentar las ventas de tocino de su cliente, la Beech-Nut Packing Company de Nueva York. Es también una de las mentes maestras en la venta de guerras y golpes de Estado, como este en Guatemala. No solo Adolf Hitler había leído con admiración el libro The Passing of the Great Race (La derrota de la raza superior) del estadounidense Madison Grant, a quien escribió agradeciendo por haberle provisto de su biblia política, sino que también su futuro ministro de propaganda, Joseph Goebbels, tenía los libros de Edward Bernays en un lugar accesible de su biblioteca (sí, Goebbels también tenía amigos judíos). En los años cuarenta, Bernays había sido contratado por la United Fruit Company, conocida por sus tentáculos como El Pulpo, transnacional que regía sobre el Caribe y América Central desde el siglo XIX con presupuestos mayores que los de cualquiera de las repúblicas bananeras en las cuales operaba libremente.

Ahora, la estrategia es clara: es necesario sacudir el fantasma del comunismo una vez más. Medios no faltan y no se desestima ninguno. Es muy fácil ser un genio cuando sobra el dinero. El poderoso agente de la CIA Howard Hunt Jr. visita a los obispos católicos de Estados Unidos y los convence sobre el peligro guatemalteco, por lo que los obispos no se demoran en condenar el comunismo del presidente Árbenz. El 9 de abril de 1954, una carta pastoral llega a manos del arzobispo Mariano Rossell y Arellano y luego, otras más elaboradas, a los obispos de Guatemala alertando de las peligrosas fuerzas “enemigas de Dios y la Patria”. Rossell y Arellano será decisivo en la destrucción de la democracia y el Estado de derecho en su país y dejará su cargo de arzobispo, como suele ocurrir, cuando se muera en 1964. Poco antes del golpe de Estado, el 4 de abril de 1954, ordenará tallar un Jesús de madera, luego reproducido en bronce, el que será bautizado como el Cristo de Esquipulas. Así, Jesús, quien en vida detestaba las armas tanto como prefería a los pobres y marginados, será usado como “Comandante en jefe” de las fuerzas fascistas del Movimiento de Liberación Nacional contra el gobierno de Árbenz y en favor del imperio estadounidense, sin considerar que Jesús fue ejecutado por el imperio de turno como un simple criminal, junto con otros dos y por razones políticas, no religiosas. La declaración del arzobispo reza: “alzamos nuestras voces para alertar a los católicos que la peor doctrina atea de todos los tiempos (el comunismo anticristiano) continúa su avance descarado en nuestro país, disfrazándose de movimiento de reforma social para las clases más necesitadas… Todo católico debe luchar contra el comunismo por su misma condición de católico… Son gente sin nación, escoria de la tierra, que han recompensado la generosa hospitalidad de Guatemala predicando el odio entre clases con el fin de saquear y destruir nuestro país por completo”. Los talking points funcionan a la perfección en castellano. El fanatismo católico se parece mucho a su viejo enemigo, el fanatismo protestante.

Menos poderosos, los principales sindicatos de Guatemala todavía apoyan al presidente. Aunque Árbenz no fuese comunista, aunque como en cualquier país de América Latina los comunistas fuesen una minoría muy menor, convencer a la gente en Estados Unidos y en Guatemala que sí lo era, no significa ningún problema.^[4] El derecho de otros pueblos a ser lo que se les antoje ser, incluso comunistas, ni siquiera está sobre la mesa. Sin la más mínima prueba, las radios y los principales diarios comienzan a publicar la novela de Washington: “Estamos convencidos de los lazos entre Guatemala y Moscú”. Más que suficiente. Al fin y al cabo, un país con una agencia ultrasecreta como la CIA siempre sabe más que el resto de los mortales y se reserva el derecho a proveer pruebas “por razones de seguridad”.

En la OEA, el representante de Guatemala, Guillermo Toriello Garrido, protesta contra la resolución del organismo acerca del derecho de otras naciones a intervenir en caso de que se constate la influencia del comunismo. La resolución es presentada a instancias del director de la CIA, Allen Dulles, quien en la misma reunión de Caracas califica de ejemplar la dictadura venezolana de Marcos Pérez Jiménez. En medio del ruido internacional, Toriello alcanzaba a ver con claridad lo que millones no pueden ni podrán: “es muy penoso que cualquier movimiento nacionalista o independiente deba ser calificado así [de comunista], como también cualquier acción antiimperialista o antimonopólica… Y lo más crítico de todo es que aquellos que califican de tal manera la democracia, lo hacen a fin de destruir esa misma democracia”.

México, Argentina y Uruguay son los únicos que apoyan los argumentos de Toriello, critican todo tipo de intervencionismo y se oponen a la “Declaración de Caracas”. Pero se abstienen de votar. Guatemala queda sola. La resolución 93 impulsada por Washington es contundente y se propone “adoptar las medidas necesarias para proteger la independencia política [de los países americanos] contra la intervención del comunismo internacional, que actúa por los intereses del despotismo foráneo, y reitera la fe del pueblo de América en el efectivo ejercicio de la democracia representativa”. La literatura política del poder, conocida como Realismo o Realpolitik, está dotada de una infinita libertad de imaginación patriótica.

Mientras tanto, en Opa-Locka, Florida, la campaña ficticia de Radio Liberación continúa preparando a la opinión pública para la etapa final, mientras finge ser una radio rebelde que opera desde la selva guatemalteca. Como complemento, y como será una larga tradición en el continente, la CIA y la USIA plantan, a fuerza de dólares, al menos 200 artículos en distintos diarios latinoamericanos denunciando el peligro comunista en Guatemala.^[5] Es solo una parte del plan. Aunque los oficiales estadounidenses consideran que las políticas de Árbenz son “democráticas y conservadoras”, Guatemala ni siquiera logra los créditos del Banco Mundial para llevar a cabo su reforma agraria. Algunos hacendados guatemaltecos están furiosos y solicitan el auxilio del dictador nicaragüense Anastasio Somoza quien, durante su visita al presidente Truman en la Casa Blanca en abril del año pasado, le había informado, en su buen inglés: “sólo envíenme las armas y limpiaré Guatemala para ustedes de un plumazo”.

Desde el triunfo de Árbenz en las elecciones de 1950, Washington se ha abstenido de vender armas al nuevo gobierno. Un sacrificio terrible pero por una buena causa. En 1953 había bloqueado la compra de material defensivo de Canadá y Alemania, pero ahora le entrega las mejores armas al exilio guatemalteco en Honduras y Nicaragua. El 9 de febrero, en colaboración con el FBI, la CIA concreta su Operación Washtub, por la cual planta armas soviéticas en la costa de Nicaragua para que sean descubiertas por los pescadores y la dictadura de Somoza pueda acusar a Guatemala de planes comunistas en la región.

Sin más opciones, el presidente Árbenz (como hará Patrice Lumumba en el Congo, siete años más tarde) recurrirá a Checoslovaquia. El 5 de mayo de 1954, el MS Alfhem escandinavo llegará a puerto Barrios con un cargamento de armas que resultarán obsoletas y una nueva excusa para la intervención de Washington. En junio, la CIA bombardeará con Napalm el barco británico Springfjord en puerto San José, el que resultará ser un cargamento de algodón y café de la compañía estadounidense Grace Line, razón por la cual será uno de los pocos errores por los cuales la CIA será demandada. El 27 de mayo de 1954, el dictador amigo Anastasio Somoza informa a la prensa que, aparte de las armas encontradas, se disponen de fotografías del submarino soviético que las cargaba, con destino a Guatemala.

En 1987, el mayor John R Stockwell, oficial de la CIA involucrado en la operación, reconocerá que “la matanza de 85.000 guatemaltecos a manos de gobiernos apoyados por Estados Unidos no ha hecho nuevos amigos para este país, se los puedo asegurar… Al final, la UFCo quebró y su presidente se suicidó”. Otro agente de la CIA, miembro activo de la operación en Guatemala, el coronel de la marina Philip Clay Roettinger, es el encargado de entrenar a los soldados en Honduras y llevar al general Castillo Armas, “ese hombrecillo nervioso”, a la presidencia. En 1986, Roettinger reconocerá que “nadie en el gobierno pensaba que Guatemala podría ser alguna amenaza para Estados Unidos… la única amenaza que el gobierno guatemalteco podía suponer era para los intereses de la United Fruit Company; esa era la única razón”. Años después del golpe, Roettinger lo abandonará todo y se mudará a Guanajuato, México.^[6]

Las cosas tampoco resultaron muy bien para el nuevo dictador, el general Castillo Armas. Antes de ser asesinado en 1957, el general del bigote estilo Hitler será honrado por la Universidad de Columbia con un doctorado honorario por su “lucha por la democracia” (razón por la cual Rómulo Gallego devolverá su título conferido por la misma institución). Castillo Armas visitará Washington y participará en un programa televisivo con el vicepresidente Richard Nixon. Con la escenografía de una hoz y un martillo atravesados por la lanza implacable de la cruz, Nixon dirá: “la de Guatemala ha sido una rebelión del pueblo contra un régimen comunista… en otras palabras, el régimen de Jacobo Árbenz no era un gobierno de Guatemala sino uno controlado por fuerzas extranjeras”. El general y máximo dictador de Guatemala, Castillo Armas, responde a todo que “yes, yes”. No entiende inglés ni entiende nada de lo demás. Sólo sabe que su fuerza de represión procede de los miembros del régimen de Jorge Ubico (un nazi sin disimulos en un país de indios), que su régimen ha prohibido al escritor ruso Fiódor Dostoyevski, por subversivo, y que hace pocos años atrás alguien le dijo que, tal vez, Estados Unidos podía ayudarlo a ser presidente después de perder las elecciones con el maldito Jacobo Árbenz.

El 29 de diciembre de 1996 la ONU auspiciará un acuerdo de Paz en Guatemala. Para entonces, el dos por ciento de la población será dueña de la mitad de la tierra cultivable en Guatemala. 200.000 personas habrán sido asesinadas bajo sucesivas dictaduras militares, 93 por ciento de ellos ejecutados o masacrados por los Soldados de la patria. En 1999, el presidente Bill Clinton visitará el país y reconocerá la responsabilidad de su país en la destrucción de la democracia en 1954 y las sucesivas ayudas a los militares genocidas. “El apoyo de Estados Unidos al ejército de Guatemala y a la inteligencia involucrada en la violencia en Guatemala fue un error que no debe volver a repetirse”, dice. Las mismas lágrimas caerán en 2010 cuando la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, reconozca la barbaridad cometida por Washington al realizar experimentos con sífilis y gonorrea en los pobres de Guatemala en los años cuarenta. Como siempre, todo, cuando ya no le importe a nadie ni tenga ninguna consecuencia para las víctimas. Ni para el poder.

O casi.

Joge Majfud

[1] En total, 73 millones de dólares al valor de 2020.

^[2] Las compañías estadounidenses dominaban la política y la economía de la región desde el siglo pasado. A mediados del siglo XX, Samuel Zemurray, fundador de Cuyamel Fruit Company, autor del golpe de Estado de Honduras en 1911 y más tarde director de UFCo, había reconocido que “en Honduras un legislador vale menos que una mula”.

^[3] El gobierno había propuesto nacionalizar 95.000 hectáreas regaladas por el dictador Jorge Ubico a la UFCo, apenas el doble del área del rancho que del presidente estadounidense Lyndon Johnson en Chihuahua en los años 70, contra la ley y la constitución mexicana.

^[4] Como en la mayoría de los países latinoamericanos de la época, la Unión Soviética no tenía una embajada y su presencia era, en comparación a la omnipresente presencia (legal e ilegal, gubernamental y privada) de Estados Unidos, insignificante e irrelevante. Al igual que Patrice Lumumba en el Congo y otros líderes del Tercer mundo que fueron arrinconados por las políticas exteriores de Europa y Estados Unidos, Árbenz echará mano a la ayuda checoeslovaca, cuando sea demasiado tarde.

^[5] Plantar artículos de opinión en los grandes medios latinoamericanos no será la única práctica recurrente de la CIA. Otra costumbre que será descubierta por los investigadores muchas décadas después incluirá la introducción de armas en grupos amigos o enemigos para que sean descubiertas por la desprevenida prensa local.

^[6] Según consta en los archivos de la CIA en una “Copia desinfestada” en 2011 de un artículo del 16 de marzo de 1986, el coronel Roettinger escribirá que Árbenz era más capitalista que socialista, un presidente que pretendía cambiar el capitalismo dependiente por un “Estado capitalista moderno”, es decir, demasiado independiente. En “For a CIA Man, It’s 1954 Again” Roettinger se lamentará, “nuestro éxito condujo a 31 años de dictadura militar y a 100.000 personas asesinadas, aparte de destruir las necesarias reformas económicas y sociales en ese país… ahora el presidente Ronald Reagan nos dice lo mismo que nos dijo en Florida el director de la CIA de entonces, Allan Dulles, que nuestra lucha es contra el comunismo…”

Jorge Majfud. La frontera salvaje: 200 años de fanatismo anglosajón en América latina

Ideology and Intervention: A Critical Review of Jorge Majfud’s The Wild Frontier

La dictadura de nuestras orgullosas democracias

“Milei insta a Maduro a realizar elecciones libres en Venezuela” rezan los titulares del continente. Para redondear el efecto propagandístico, les ofreció refugio a los opositores, como si sus vidas corriesen peligro, como sí era el caso de sus admiradas dictaduras liberales, como la de Pinochet, admirada por sus admirados Milton Friedman y Friedrich von Hayek quien, en Chile, 1981, lo dejó más que claro: “Prefiero una dictadura liberal a una democracia que no respete el liberalismo”.

No voy a defender aquí la proscripción de políticos a las elecciones de ningún país, pero recordemos que la empresaria María Corina Machado, por su conocido historial golpista y entreguista, también hubiese sido proscrita de las elecciones en muchos países como en Estados Unidos. Vayamos más allá de la adoctrinación histórica y sistemática de los medios hegemónicos y del discurso cristalizado por siglos de tradición imperial (Entre los ideoléxicos secuestrados y de mayor efectividad están “libertad” y “adoctrinación” y que urge rescatar sin timideces).

Observemos que tampoco las elecciones son libres cuando las corporaciones compran políticos con miles de millones de dólares en donaciones, les escriben las leyes, llevan de vacaciones a los jueces de la Suprema Corte, dominan los medios creadores de realidades paralelas y son los primeros en contratar mercenarios tipo Team Jorge que manipulan a los electores al mejor postor―que, no por casualidad, suelen compartir la misma ideología de los grandes negocios, todo en nombre de “freedom, freedom” (“la libertad, carajo”) y contra la “adoctrinación de niños inocentes”.

La hipócrita invocación a “nosotros somos una democracia” ha servido desde el siglo XIX para que los imperios occidentales impongan su brutalidad genocida en las colonias a las que vampirizaban y exterminaban, con un récord de cientos de millones de muertos. Historia que continúa hoy con los niños esclavos en África y en gran parte de las naciones estratégicamente endeudadas, fanatizadas y adoctrinadas del Sur Global. El mismo argumento que usa el Estado de Israel y los cristianos sionistas para justificar las históricas violaciones a los derechos humanos de los palestinos desde hace un siglo. Les cuesta entender la confusión estratégica creada por la maquinaria propagandística imperial. Algo tan simple como el hecho de que yo pueda poner un maldito voto en mi país no me legitima para imponer mi voluntad a otros países, sean o no democracias liberales. Mucho menos a bombardearlos y masacrarlos en nombre de la democracia y la libertad.

Al menos en algo estoy de acuerdo con Vargas Llosa, quien aseguró que todas las dictaduras son malas. Claro, así, en abstracto. Pero no todas las dictaduras son iguales. No estoy de acuerdo en decir que la dictadura de Pinochet o de Castro fueron la misma cosa. Hay diferencias radicales y no se trata de “la prosperidad”, porque una fue creada y financiada por El imperio del momento; la otra fue acosada, invadida, bloqueada, demonizada, hambreada y saboteada por décadas con bombas, armas biológicas y atentados terroristas de todo tipo―ampliaré en mi próximo libro a publicarse este año, aunque me han dicho que no alcanzaré a verlo.

Las múltiples dictaduras del Sur desde el siglo XIX fueron dictaduras coloniales y bananeras, apoyadas por los imperios del Atlántico Norte. En América Latina, todas fueron hijas de Washington y sus jefes, las transnacionales. Como ya explicamos varias veces, la Revolución cubana no sólo fue una revolución independentista contra la dictadura pro-mafia y pro-Washington de Batista, sino también contra un historial de humillantes intervenciones, apropiaciones y privatizaciones de la isla. Como bien lo advirtió Ernesto Che Guevara, si permitían una democracia abierta iban a ser destruidos como lo fue la democracia de Árbenz en Guatemala, por lo que la solución era prevenir la manipulación de los medios por parte de los “campeones de la libertad”. El fiasco de Bahía Cochinos le dio la razón, invasión y bloqueo que derivó en la asociación con la Unión Soviética.

La misma historia del golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, del cual participaron empresarios como Corina Machado y fueron apoyados por la prensa nacional e internacional, como el New York Times, razón por la cual Chávez fue contra estos lobbies y conglomerados cleptofascistas que evangelizan todos los días en nombre de la libertad, paradoja similar a los terroristas como los Contra o los del Batallón Atlácatl que eran definidos por Reagan como “freedom fighters”.

Como ya dijimos, las peores dictaduras racistas, genocidas e imperialistas fueron orgullosas democracias. ¿Estoy contra las democracias? Por el contrario, estoy a favor de la democratización de las democracias, en contra de ese discurso y ritual vacío creado por sus medios hegemónicos.

Hace pocos días, un carguero derrumbó el puente sobre la bahía de Baltimore matando a seis personas. A la prensa le tomó varios días decir que todos eran trabajadores que estaban reparando el puente durante la noche. Le costó más tiempo decir que eran de Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Nunca mencionó que algunos de ellos eran indocumentados. Pero basta con que un solo indocumentado en algún lugar del país cometa un crimen para aparecer en todos los medios. Luego las masas repiten el evangelio según el capitalismo que criminaliza sus propios Desechos Humanos (los trabajadores), sobre todo los más pobres que ni pueden votar.

Ayer, una amiga venezolana había ido a un gimnasio y escuchó que dos hombres hacían músculos mientras miraban Fox News. Uno dijo:

―Los venezolanos que vienen están todos en la lista del FBI.

Obviamente, si ese fuese el caso, no iban a ser tan tontos de venir aquí. Excepto si, como fue por décadas el caso de la mafia cubana (Bosch, Posada Carriles, Ricardo Morales y cientos más) trabajaron para la CIA.

Otros explican que “los venezolanos vienen huyendo de la dictadura de Maduro”. No dicen que Washington promovió esa inmigración cortando la década de crecimiento económico y reducción de la pobreza de Hugo Chávez con sucesivos bloqueos comerciales, restricción de créditos que hicieron explotar la inflación y se cobraron la vida de decenas de miles durante la pandemia debido a la prohibición de Washington de permitirle a Venezuela el retiro de treinta toneladas de su propio oro de los bancos de Londres.

Similar historia de la ley “Pies secos, pies descalzos” que garantizaba que los cubanos no fuesen a tramitar visas legales al consulado estadounidense en La Habana, sino que arriesgaran sus vidas en el mar emigrando de forma ilegal, porque al llegar a Florida tenían residencia automática y Miami tenía propaganda segura.

“Los socialistas tienen una doble vara”, remató el presidente argentino. “Si los dictadores son de ellos está todo bien”. Al presidente se le cayó su propia doble vara. Podría recordar la máxima de Jesús, aquello de la paja en el ojo ajeno, pero tal vez no la recuerda. Milei no se cansa de mencionar a Moisés (a pesar de que no era un liberal, sino un dictador que distribuyó a dedo tierra ajena, jamás en régimen de propiedad privada), pero no cita a Jesús porque es demasiado comunista para su gusto.

jorge majfud, marzo 2024

La dictadura de nuestras orgullosas democracias

https://rebelion.org/la-dictadura-de-nuestras-orgullosas-democracias

https://www.lr21.com.uy/mundo/1474835-la-dictadura-de-nuestras-orgullosas-democracias-milei-maduro-por-jorge-majfud

Arqueólogos descubren una tumba maya perdida

Palenque palace in Mexico

El solsticio de verano no podía haber ido mejor para la arqueología. Si ayer mismo Egipto sacaba a la luz la segunda barca solar de Keops, junto a la Gran Pirámide, también en el otro lado del mundo, a la sombra de otras pirámides, en un sueño de jungla, jaguares y petroglifos, se revelan emocionantes hallazgos.

El uso de una pequeña cámara de control remoto -los usos de la arqueología han cambiado desde Howard Carter y ni te digo lo distintos que son de los de Indiana Jones- ha permitido adentrarse en los misterios de la que parece ser la tumba intacta de un dirigente maya de la ciudad de Palenque.

El sepulcro, sellado durante 1.500 años, se encuentra, según informaciones de AP y Reuters, en el interior de una pirámide en la Acrópolis Sur del área arqueológica de la gran urbe maya y era conocido desde 1999, pero lo inestable de la estructura, con peligro de que parte de la construcción se desplomara sobre la habitación de la tumba, impedía el acceso para su estudio.

La cámara, introducida a cinco metros de profundidad a través de un pequeño agujero en lo alto de la pirámide, ha mostrado frescos en las paredes y en el suelo cerámica y piezas de un ajuar funerario hechas de jade y madreperla. Los arqueólogos creen que se trata del enterramiento de un gobernador sagrado de Palenque y quizá de uno de los fundadores de la dinastía de señores de la ciudad. Las pinturas representan figuras en negro sobre un vívido rojo de fondo. La película tomada no permitía inicialmente identificar más que lo que parecían escombros y detritos. Los restos arqueológicos parecen estar directamente sobre el suelo, así que no hay en la tumba un sarcófago como el célebre de Pakal el Grande (K’nich Janaab Pakal, 615-683 después de Cristo), el más conocido de los señores mayas, hallado por Alberto Ruz en los años cincuenta no muy lejos, en la misma Palenque, en el Templo de las Inscripciones.

Los hallazgos en las ciudades mayas como Palenque no son en absoluto infrecuentes. El área descubierta en esta gran capital abarca en la actualidad más de dos kilómetros cuadrados, pero los arqueólogos calculan que sólo se ha explorado el 10 % de la ciudad. Miles de estructuras aún yacen cubiertas por la jungla.

En Palenque, como en otras ciudades mayas, un problema para el estudio de su historia reside en que los gobernantes más modernos se enterraban sobre las tumbas de sus predecesores. Pakal y otros señores del período clásico tardío literalmente sepultaron con sus construcciones las épocas anteriores, el período formativo y el clásico temprano.

La tumba investigada, de unos cinco metros cuadrados y cubierta con un arco maya data según los expertos de entre el 431 y el 550 después de Cristo, en el clásico temprano, y de ahí su extraordinario interés. Algunos estudios opinan que podría tratarse del sepulcro de K’uk’Bahlam, el primer señor de la ciudad-estado. Otros apuntan a que quizá sea la tumba de Ix Yohl Ik’nal, la famosa mujer que rigió Palenque. En el área ya fue hallada en 1994 la tumba de una mujer de alta cuna y de gran prestigio, bautizada por los arqueólogos como la Reina Roja por el pigmento rojo que cubría su enterramiento.

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Honduras: Los parásitos del pueblo gozan de buena salud

Image via Wikipedia

Os parasitas do povo (Portuguese)

Honduras

Los parásitos del pueblo gozan de buena salud

El domingo 28 de junio por la mañana, los militares de Honduras rodearon al presidente y, mientras lo apuntaban con sus armas le preguntaron por qué no había obedecido las órdenes del general Romeo Vásquez. Como el presidente pensaba que él debía dar las órdenes a sus subordinados, éstos lo invitaron a retirarse de la casa de gobierno. De ahí a un auto y luego a un avión de la fuerza aérea hasta Costa Rica.

Al mismo tiempo, todos los medios de comunicación del país fueron copados y se les sugirió por la fuerza no transmitir información que no fuera controlada directamente por el proceso democrático que se estaba llevando a cabo. Apenas pudimos escuchar las declaraciones del presidente depuesto al arribar a Costa Rica, unos pocos periodistas que “ilegalmente” informaron al mundo de lo que estaba pasando y unos cuantos hondureños que nos mantuvieron informados vía electrónica.

Según las fuerzas armadas de Honduras, todo este proceso fue en defensa de la legalidad y la constitución. Los militares se justificaron diciendo que recibían órdenes de la Corte Suprema. A pesar de que la constitución hondureña no prevé este mecanismo para saltearse la autoridad de un presidente legal y legítimo, era necesaria una excusa para tontos. La declaración sólo demuestra que en Honduras se llevó a cabo un golpe de estado con todas sus letras; en nombre de la “legalidad” militares y jueces se pasaron por encima la misma constitución.

Si en el pasado este trabajo de gorilas era propio de los altos jefes militares, ahora vemos que la misma ilegalidad está apoyada, promovida y justificada por el poder judicial de un país. La complicidad del parlamento confirma esta práctica: las leyes se respetan siempre y cuando sirvan a los intereses de los sectores más poderosos de una sociedad.

Cualquier constitución de cualquier país decente y democrático prevé la destitución de un presidente. Pero este proceso tiene determinadas condiciones y un número específico de etapas legales que garantizan su validez. Que yo recuerde, en ninguna constitución democrática se prevé que el presidente puede ser tomado por la fuerza militar, secuestrado y expulsado de su propio país. Menos en nombre de la legalidad. Menos por orden de un puñado de jueces. Menos con la complicidad del jefe de un parlamento que además es el opositor político del presidente.

Todo lo cual demuestra hasta qué profundidad la cultura golpista sobrevive aún en las clases dirigentes de Honduras. Y no sólo de Honduras, lo que de paso sirve para estar alertas ante las viejas sobras de la historia latinoamericana.

Hoy defender al presidente Zelaya no es defender sus políticas ni mucho menos a su persona. Hoy defenderlo, aún contra las instituciones (secuestradas) de Honduras significa defender la democracia y cualquier estado de derecho en cualquier parte del mundo basado en el respeto a las leyes y la constitución no sólo cuando conviene. Porque en una democracia las leyes y la constitución no se corrigen rompiéndolas sino cambiándolas. Algo que precisamente pretendía hacer el presidente secuestrado.

Lamentablemente debo terminar esta breve nota de profundo repudio con las últimas líneas con que terminé la nota anterior al golpe:

Hoy Honduras se debate ante el desafío latinoamericano de enfrentar cualquier cambio político hacia la igual-libertad, hacia su destino de independencia y dignidad, o volver a los miserables tiempos en que nuestros países eran definidos como republiquetas o repúblicas bananeras.

Jorge Majfud

Junio, 2008

Pagina/12 (Argentina)

HONDURAS : LES PARASITES DU PEUPLE

Par Jorge Majfud, Lincoln University

Traduction : Esteban

Révision : Fausto Giudice

Hier, dimanche 28 juin au matin, les militaires du Honduras ont encerclé le Président et, pointant leurs armes sur lui, ils lui ont demandé pourquoi il n’avait pas obéi aux ordres du général Romeo Vásquez. Comme le président pensait que c’était à lui de donner les ordres à ses subordonnés, ceux-ci l’ont invité à quitter le Palais du Gouvernement. De là dans une voiture puis dans un avion des forces aériennes jusqu’au Costa Rica.

Simultanément, tous les médias du pays ont été réquisitionnés et on leur a suggéré par la force de ne transmettre aucune information qui ne soit directement contrôlée par le processus démocratique qui était en cours. Aussitôt que nous avons pu entendre écouter les déclarations du président destitué qui avait atterri au Costa Rica, quelques journalistes ont «illégalement» informé le monde de ce que passait et quelques Honduriens nous ont tenus informés par voie électronique.

Selon les Forces Armées du Honduras, tout ce processus a été organisé pour défendre la légalité et la Constitution. Les militaires se sont justifiés en disant qu’ils recevaient des ordres de la Cour Suprême. En dépit de la Constitution hondurienne qui n’a pas prévu ce mécanisme pour ôter l’autorité d’un Président légal et légitime, il était donc nécessaire de trouver une excuse pour les idiots. La déclaration démontre qu’au Honduras il s’agit clairement d’un coup d’État dans tous les sens du terme ; au nom de la « légalité », des militaires et des juges ont passé outre la Constitution elle-même.

Si par le passé ce genre de travail de gorilles était réservé aux hauts chefs militaires, aujourd’hui nous pouvons voir que la même illégalité est soutenue, encouragée et justifiée par le pouvoir judicaire d’un pays. La complicité du Parlement confirme cette pratique : les lois ne sont respectées que si elles servent les intérêts des secteurs les plus puissants d’une société.

Toute Constitution dans tout pays digne de ce nom et démocratique prévoit la destitution d’un président. Mais ce processus se fait sous certaines conditions avec des étapes légales spécifiques qui garantissent leur validité. Autant que je m’en souvienne, dans aucune Constitution démocratique il n’est prévu que le président puisse être destitué par la force militaire, kidnappé et expulsé de son propre pays. Encore moins au nom de la légalité. Encore moins sur ordre d’une poignée de juges. Encore moins avec la complicité du chef d’un Parlement qui en outre est l’adversaire politique du Président.

Tout cela démontre jusqu’à quelle profondeur la culture putschiste se maintient encore dans les classes dirigeantes du Honduras. Et pas seulement au Honduras, et cela, soit dit en passant, doit servir à rester vigilants face aux résidus de l’histoire latino-américaine.

Défendre aujourd’hui le président Zelaya n’est pas défendre sa politique ni même sa personne. Aujourd’hui, le défendre, même contre les institutions (confisquées) du Honduras, signifie défendre la démocratie et tout État de droit dans une quelconque partie du monde qui soit basé sur le respect des lois et de la Constitution et pas seulement quand cela convient. Car dans une démocratie les lois et la Constitution ne se corrigent pas en les brisant, mais plutôt en les changeant. C’était précisément ce que prétendait faire le président qui a été destitué par la force.

Je le déplore mais, je dois terminer cette brève chronique de rejet profond avec les dernières lignes par lesquelles j’ai terminé la chronique précédant le coup d’État : aujourd’hui le Honduras se débat face au défi latino-américain : affronter un quelconque changement politique vers l’égal-liberté, vers son destin d’indépendance et sa dignité, ou revenir aux temps misérables où nos pays étaient définis comme des « républiquettes » ou des républiques bananières.

Os parasitas do povo

«Hoje, Honduras se debate diante do desafio latino-americano de enfrentar qualquer mudança política para a igual-liberdade, para o seu destino de independência e dignidade, ou de voltar aos miseráveis tempos em que os nossos países eram definidos como ‘republiquetas’ ou ‘repúblicas bananeiras’».

Neste domingo, 28 de junho, pela manhã, os militares de Honduras cercaram o presidente e, enquanto apontavam suas armas contra ele, perguntaram-lhe por que não havia obedecido as ordens do general Romeo Vásquez. Como o presidente pensava que ele devia dar as ordens a seus subordinados, estes o convidaram a se retirar da Casa de Governo. Daí para um carro e depois a um avião da força aérea até a Costa Rica.

Ao mesmo tempo, todos os meios de comunicação do país foram dominados, e foi-lhes sugerido, pela força, que não transmitissem informação que não fosse controlada diretamente pelo processo democrático que estava sendo realizado. Apenas alguns poucos jornalistas, que «ilegalmente» informaram ao mundo sobre o que estava acontecendo, e uns quantos hondurenhos que nos mantiveram informados via eletrônica, conseguiram escutar as declarações do presidente deposto ao chegar à Costa Rica.

Segundo as Forças Armadas de Honduras, todo esse processo foi em defesa da legalidade e da Constituição. Os militares se justificaram dizendo que recebiam ordens da Corte Suprema. Apesar de que a Constituição hondurenha não preveja esse mecanismo para assaltar a autoridade de um presidente legal e legítimo, era necessária uma desculpa para bobos. A declaração só demonstra que, em Honduras, efetivou-se um golpe de Estado com todas as suas letras. Em nome da «legalidade», militares e juízes passaram por cima da própria Constituição.

Se, no passado, esse trabalho de gorilas era próprio dos altos chefes militares, agora vemos que a mesma ilegalidade está apoiada, promovida e justificada pelo Poder Judicial de um país. A cumplicidade do Parlamento confirma essa prática: as leis são respeitadas sempre e quando sirvam aos interesses dos setores mais poderosos de uma sociedade.

Qualquer Constituição de qualquer país decente e democrático prevê a destituição de um presidente. Mas esse processo tem determinadas condições e um número específico de etapas legais que garantem sua validade. Pelo que eu me lembre, em nenhuma Constituição democrática se prevê que o presidente pode ser tomado pela força militar, sequestrado e expulso de seu próprio país. Menos ainda em nome da legalidade. Menos ainda por ordem de um punhado de juízes. Menos ainda com a cumplicidade de um chefe de um Parlamento que, além disso, é o opositor político do mandatário.

Tudo isso demonstra até que profundidade a cultura golpista sobrevive ainda nas classes dirigentes de Honduras. E não só de Honduras. O que aconteceu serve para estar alerta diante das velhas sobras da história latino-americana.

Hoje, defender o presidente Zelaya não é defender suas políticas, nem muito menos a sua pessoa. Hoje, defendê-lo, mesmo contra as instituições (seqüestradas) de Honduras, significa defender a democracia e qualquer estado de direito em qualquer parte do mundo, baseado no respeito às leis e à Constituição não só quando convém. Porque, em uma democracia, as leis e a Constituição não são corrigidas quebrando-as, mas sim mudando-as. Algo que precisamente o presidente sequestrado pretendia fazer.

Lamentavelmente, devo terminar essa breve nota de profundo repúdio com as últimas linhas com as quais terminei a nota anterior ao golpe:

Hoje, Honduras se debate diante do desafio latino-americano de enfrentar qualquer mudança política para a igual-liberdade, para o seu destino de independência e dignidade, ou de voltar aos miseráveis tempos em que os nossos países eram definidos como ‘republiquetas’ ou repúblicas bananeiras.

Jorge Majfud

Tradução de Moisés Sbardelotto.

Jorge Majfud, escritor uruguaio e professor da Escola de Humanidades da Lincoln University. O artigo foi publicado no jornal argentino Página/12, 29-06

América latina y el violento camino hacia la liberación humanista

(ensayo)

El humanismo actual y sus enterradores

Una de las características del pensamiento conservador a lo largo de la historia moderna ha sido la de ver el mundo según compartimentos más o menos aislados, independientes, incompatibles. En su discurso, esto se simplifica en una única línea divisoria: Dios y el diablo, nosotros y ellos, los verdaderos hombres y los bárbaros. En su práctica, se repite la antigua obsesión por las fronteras de todo tipo: políticas, geográficas, sociales, de clase, de género, etc. Estos espesos muros se levantan con la acumulación sucesiva de dos partes de miedo y una de seguridad.

Traducido a un lenguaje posmoderno, esta necesidad de las fronteras y las corazas se recicla y se vende como micropolítica, es decir, un pensamiento fragmentado (la propaganda) y una afirmación localista de los problemas sociales en oposición a la visión más global y estructural de la pasada Era Moderna.

Estas comarcas son mentales, culturales, religiosas, económicas y políticas, razón por la cual se encuentran en conflicto con los principios humanísticos que prescriben el reconocimiento de la diversidad al mismo tiempo que una igualdad implícita en lo más profundo y valioso de este aparente caos. Bajo este principio implícito surgieron los estados pretendidamente soberanos algunos siglos atrás: aún entre dos reyes, no podía haber una relación de sumisión; entre dos soberanos sólo podía haber acuerdos, no obediencia. La sabiduría de este principio se extendió a los pueblos, tomando forma escrita en la primera constitución de Estados Unidos. El reconocer como sujetos de derecho a los hombres y mujeres comunes (“We the people…”) era la respuesta a los absolutismos personales y de clase, resumido en el exabrupto de Luis XIV, “l’État c’est Moi”. Más tarde, el idealismo humanista del primer bosquejo de aquella constitución se relativizó, excluyendo la utopía progresista de abolir la esclavitud.

El pensamiento conservador, en cambio, tradicionalmente ha procedido de forma inversa: si las comarcas son todas diferentes, entonces hay unas mejores que otras. Esta última observación sería aceptable para el humanismo si no llevase explícito uno de los principios básicos del pensamiento conservador: nuestra isla, nuestro bastión es siempre el mejor. Es más: nuestra comarca es la comarca elegida por Dios y, por lo tanto, debe prevalecer a cualquier precio. Lo sabemos porque nuestros líderes reciben en sus sueños la palabra divina. Los otros, cuando sueñan, deliran.

Así, el mundo es una permanente competencia que se traduce en amenazas mutuas y, finalmente, en la guerra. La única opción para la sobrevivencia del mejor, del más fuerte, de la isla elegida por Dios es vencer, aniquilar al otro. No es raro que los conservadores de todo el mundo se definan como individuos religiosos y, al mismo tiempo, sean los principales defensores de las armas, ya sean personales o estatales. Es, precisamente, lo único que le toleran al Estado: el poder de organizar un gran ejército donde poner todo el honor de un pueblo. La salud y la educación, en cambio, deben ser “responsabilidades personales” y no una carga en los impuestos a los más ricos. Según esta lógica, le debemos la vida a los soldados, no a los médicos, así como los trabajadores le deben el pan a los ricos.

Al mismo tiempo que los conservadores odian la Teoría de la evolución de Darwin, son radicales partidarios de la ley de sobrevivencia del más fuerte, no aplicada a todas las especies sino a los hombres y mujeres, a los países y las sociedades de todo tipo. ¿Qué hay más darviniano que las corporaciones y el capitalismo en su raíz?

Para el sospechosamente célebre profesor de Harvard, Samuel Huntington, “el imperialismo es la lógica y necesaria consecuencia del universalismo”. Para nosotros los humanistas, no: el imperialismo es sólo la arrogancia de una comarca que se impone por la fuerza a las demás, es la aniquilación de esa universalidad, es la imposición de la uniformidad en nombre de la universalidad.

La universalidad humanista es otra cosa: es la progresiva maduración de una conciencia de liberación de la esclavitud física, moral e intelectual, tanto del oprimido como del opresor en última instancia. Y no puede haber conciencia plena si no es global: no se libera una comarca oprimiendo a otras, no se libera la mujer oprimiendo al hombre, and so on. Con cierta lucidez pero sin reacción moral, el mismo Huntington nos recuerda: “Occidente no conquistó al mundo por la superioridad de sus ideas, valores o religión, sino por la superioridad en aplicar la violencia organizada. Los occidentales suelen olvidarse de este hecho, los no-occidentales nunca lo olvidan” (The Clash of Civilizations, 1993).

El pensamiento conservador también se diferencia del progresista por su concepción de la historia: si para uno la historia se degrada inevitablemente (como en la antigua concepción religiosa o en la concepción de los cinco metales de Hesíodo) para el otro es un proceso de perfeccionamiento o de evolución. Si para uno vivimos en el mejor de los mundos posibles, aunque siempre amenazado por los cambios, para el otro el mundo dista mucho de ser la imagen del paraíso y la justicia, razón por la cual no es posible la felicidad del individuo en medio del dolor ajeno.

Para el humanismo progresista no hay individuos sanos en una sociedad enferma como no hay sociedad sana que incluya individuos enfermos. No es posible un hombre saludable con un grave problema en el hígado o en el corazón, como no es posible un corazón sano en un hombre deprimido o esquizofrénico. Aunque un rico se define por su diferencia con los pobres, nadie es verdaderamente rico rodeado de pobreza.

El humanismo, como lo concebimos aquí, es la evolución integradora de la conciencia humana que trasciende las diferencias culturales. Los choques de civilizaciones, las guerras estimuladas por los intereses sectarios, tribales y nacionalistas sólo pueden ser vistas como taras de esa geopsicología.

Ahora, veamos que la magnífica paradoja del humanismo es doble: (1) consistió en un movimiento que en gran medida surgió entre los religiosos católicos del siglo XIV y luego descubrió una dimensión secular de lacreatura humana, y además (2) fue un movimiento que en principio revaloraba la dimensión del hombre como individuo para alcanzar, en el siglo XX, el descubrimiento de la sociedad en su sentido más pleno.

Me refiero, en este punto, a la concepción del individuo como lo opuesto a la individualidad, a la alienación del hombre y la mujer en sociedad. Si los místicos del siglo XV se centraban en su yo como forma de liberación, los movimientos de liberación del siglo XX, aunque aparentemente fracasados, descubrieron que aquella actitud de monasterio no era moral desde el momento que era egoísta: no se puede ser plenamente feliz en un mundo lleno de dolor. Al menos que sea la felicidad del indiferente. Pero no es por algún tipo de indiferencia hacia el dolor ajeno que se define cualquier moral en cualquier parte del mundo. Incluso los monasterios y las comunidades más cerradas, tradicionalmente se han dado el lujo de alejarse del mundo pecaminoso gracias a los subsidios y las cuotas que procedían del sudor de la frente de los pecadores. Los Amish en Estados Unidos, por ejemplo, que hoy usan caballos para no contaminarse con la industria automotriz, están rodeados de materiales que han llegado a ellos, de una forma o de otra, por un largo proceso mecánico y muchas veces de explotación del prójimo. Nosotros mismos, que nos escandalizamos por la explotación de niños en los telares de India o en las plantaciones en África y América Latina consumimos, de una forma u otra, esos productos. La ortopraxia no eliminaría las injusticias del mundo —según nuestra visión humanista—, pero no podemos renunciar o desvirtuar esa conciencia para lavar nuestros remordimientos. Si ya no esperamos que una revolución salvadora cambie la realidad para que ésta cambie las conciencias, procuremos, en cambio, no perder la conciencia colectiva y global para sostener un cambio progresivo, hecho por los pueblos y no por unos pocos iluminados.

Según nuestra visión, que identificamos con el último estadio del humanismo, el individuo con conciencia no puede evitar el compromiso social: cambiar la sociedad para que ésta haga nacer, a cada paso, un individuo nuevo, moralmente superior. El último humanismo evoluciona en esta nueva dimensión utópica y radicaliza algunos principios de la pasada Era Moderna, como lo es la rebelión de las masas. Razón por la cual podemos reformular el dilema: no se trata de un problema de izquierda o derecha sino de adelante o atrás. No se trata de elegir entre religión o secularismo. Se trata de una tensión entre el humanismo y el trivalismo, entre una concepción diversa y unitaria de la humanidad y en otra opuesta: la visión fragmentada y jerárquica cuyo propósito es prevalecer, imponer los valores de una tribu sobre las otras y al mismo tiempo negar cualquier tipo de evolución.

Ésta es la raíz del conflicto moderno y posmoderno. Tanto el Fin de la historia como el Choque de civilizaciones pretenden encubrir lo que entendemos es el verdadero problema de fondo: no hay dicotom��a entre Oriente y Occidente, entre ellos y nosotros, sino entre la radicalización del humanismo (en su sentido histórico) y la reacción conservadora que aún ostenta el poder mundial, aunque en retirada —y de ahí su violencia.

La secreta violencia de orden

Uno de los principios más consolidados en la reciente historia de la humanidad es la prescripción del diálogo. Diálogo entre países, entre culturas, entre razas, entre sexos. Sin embargo, al mismo tiempo que la aceptación casi universal de este principio significa un triunfo del antiguo humanismo —como el principio de la necesaria igualdad en la diversidad— no por eso ha de ser un triunfo consolidado en la práctica. Como los demás ideoléxicos positivos, el principio del diálogo entre diferentes debe sufrir de la colonización semántica del poder de turno.

Si los imperios pasados asesinaron en nombre de la verdad verdadera, hoy en día no es posible hacerlo sin recurrir al diálogo. Es decir, se oprime y se imponen los valores del más fuerte en defensa del diálogo, ya que el otro significa una amenaza permanente, la interrupción de esta relación que se asume como igualitaria.

Habría que ver de qué tipo de diálogo estamos hablando en nombre del diálogo, así a secas. No por ser Dios único y sus Sagradas Escrituras las mismas, ha impedido a lo largo de la historia que los hombres y mujeres se odien y se asesinen en su nombre, por causa de las diferentes representaciones que cada uno hace del Padre, por causa de los nombres distintos que cada uno le ha dado, o por las incompatibles lecturas que diferentes sectas hacen de los mismos escritos, en nombre de la verdadera interpretación.

Como todo ideoléxico, también el diálogo se convierte en un instrumento semántico de dominación, de justificación y de manipulación de la conciencia colectiva. Si ese diálogo es una forma de apaciguar los ánimos del oprimido para legitimar una opresión, un estado injusto, si ese diálogo es una simple negociación, concesión o limosna que da el poderoso, el privilegiado, quienes administran las cuotas morales y las narraciones de la historia, entonces no es exactamente el tipo de diálogo que tengo en mente.

En este caso, muy frecuente en las relaciones internacionales, en las relaciones políticas y en las más domésticas relaciones matrimoniales donde predomina la voluntad de uno de los miembros, el diálogo es, en la práctica, un monólogo. Un monólogo semejante a aquellos tratados europeos, que bien supieron usar los primeros humanistas en el siglo XVI, donde la tesis central se exponía en forma de diálogo entre dos personajes pero todas las razones estaban siempre de un lado y el otro servía apenas de tonto verificador. No muy diferentes son los más antiguos Diálogos, de Platón. Y ni que hablar del estilo de catequesis que practican las modernas cadenas internacionales de televisión, donde, en nombre del diálogo y la información objetiva, un periodista invita a algún débil disidente para burlarse de las opiniones ajenas y confirmar las suyas propias, las opiniones del poder, de la propaganda y del dinero. Como lo formuló en versos el poeta Hebert Abimorad, un diálogo es la verdad dividida en dos partes desiguales. Esto, que a su vez puede ser una verdad inevitable, se convierte en un problema cuando una de las partes se reserva el derecho de dictar cuál es la verdad mayor en un diálogo entre desiguales, en un monólogo a dos voces.

El mismo peligro de manipulación semántica corren los más débiles al consumir irreflexivamente el ideoléxico democracia. No es posible una democracia sin el principio de una progresiva radicalización de sí misma. Es decir, no es posible una democracia representativa, tal como es el anacrónico modelo del siglo XIX; un modelo de democracia estática, orgullosa de sí misma, autocomplaciente, propuesta como ejemplo universal aunque para imponerse deba romper con todos sus propios principios.

Una democracia estática es simplemente el perfecto negocio de las clases dominantes, de las elites más fuertes. Un sistema reaccionario que moraliza en nombre del orden y del progreso. Es decir, una democracia es progresiva o no es democracia, y su objetivo es realizar la conciencia de que este mundo, siempre imperfecto, no tiene dueño legítimo. No por casualidad los conservadores del silgo XIX reaccionaban con furia cada vez que un progresista mencionaba la palabra democracia, obra del demonio según los monárquicos ibéricos.

Recuerdo que cuando era niño me sorprendía escuchar en un informativo que un jugador de fútbol había sido vendido a Europa por varios millones de pesos. Mi madre trataba de aclarar la situación explicándome que, en realidad, lo que se vendía era el contrato de ese jugador. Pero sus palabras finales, simples como su débil corazón, me quedaron grabadas a fuego: “Ni un hombre ni una mujer tienen precio. Ni todo el dinero de todos los bancos del mundo podrían pagar la vida de un solo ser humano”. Hoy en día no sé si esto es verdad o no, sobre todo porque a veces uno debe dudar de qué es un ser humano, un ser deshumanizado o un monstruo con aspecto humano. De cualquier forma, conservo aquella reflexión de mi madre como uno de mis principios morales e intelectuales más básicos.

Hasta el más humilde habitante del rincón más desconocido del planeta vale tanto como el presidente o el rey más poderoso del mundo. Ahora, la moral y los valores, si se miden por la cuota de poder de cada individuo, deberían ser inversamente proporcionales. ¿Cómo confiar en el poder, sobre todo cuando se ejerce sustrayéndolo del prójimo en su nombre propio, en uno de esos tantos delirios de representatividad? Es decir, debería ser más confiable una mujer, un hombre sin poder institucional que aquel que lo monopoliza. No se puede confiar ni en el mejor de los Césares.

Sin embargo, hasta hoy, la verdad ha sido la inversa. Es la moral del más fuerte la que predomina en la práctica y en el discurso social. Incluso muchos pensadores que iniciaron las repúblicas americanas restringieron el voto democrático a aquellos que poseían propiedades, ya que —se argumentaba— el sólo echo de tener intereses materiales los hacía más responsables para dirigir un país. En otras palabras, quienes poseen mayor poder social siempre van a ser más responsables de defenderlos en nombre de la felicidad ajena. Si esta teoría de la responsabilidad fue alguna vez verdad, lo cierto es que en el subconsciente colectivo, la idea sobrevive aún hoy en las nuevas sociedades, perpetuando el crimen contra la conciencia colectiva —la conciencia democrática.

No hay diálogo entre un esclavo y su amo, aunque éste muestre un gran corazón escuchando a aquel y concediéndole el poder de hablar y elegir el color blanco de su camisa o el nombre blanco que más le gusta según su gusto blanco. No hay democracia cuando unos tienen más posibilidades de educación y de participación en la vida política de su sociedad, aunque cada tanto llegue al gobierno el hijo de un camionero o un lustrador de zapatos se reciba de abogado o se haga millonario vendiendo tomates. Porque una democracia no se define por sus excepciones sino por sus reglas. Ni el diálogo ni la democracia deberían ser simples concesiones que hacen los poderosos motivados por su bondad. Un derecho humano no es un privilegio que se deba mendigar a quienes legal e ilegítimamente se han arrogado el derecho de concederlo cuando lo creen conveniente.

El diálogo y la democracia son derechos, pero nada más que derechos mientras se pretendan ejercer sobre la base de la desigualdad muscular entre las culturas, entre los países, entre los sexos, entre los diferentes de de todo tipo.

Claro, desde este punto de vista, tanto el diálogo como una verdadera democracia son sendas utopías. Utopías, sí, pero necesarias y vitales para la sobrevivencia de un mínimo de justicia.

Ahora, si las elites se reservan el derecho de afirmar que la igualdad de condiciones no es una razón básica de justicia, o que sus hijos y los hijos de un marginado tienen las mismas oportunidades de dirigir los destinos de su sociedad, de sus valores morales, entonces “los menos iguales”, es decir, quienes deben sufrir de esta ideología, de este concepto particular de justicia, también se reservarán el derecho a imponer su propia concepción de justicia por la violencia. Porque a una violencia se responde con otra, y la opresión económica, sexual, religiosa, cultural, ideológica y moral son formas de violencia. Incluso de las peores formas de violencia, ya que uno bien puede recuperarse de un puñetazo en la cara pero difícilmente un individuo se recupera de la violencia moral. Tal es el caso del racismo, del sexismo, del clasismo o de la violencia teológica que define quiénes están condenados al infierno y quiénes han sido salvados, quiénes se comunican con Dios en sus sueños y quiénes sólo son capaces de soñar con una mesa llena de comida.

La historia reciente nos demuestra que este cambio no llegará por la acción armada y revolucionaria de ningún ejército iluminado. Por el contrario, esto sería una regresión y una nueva excusa del poder. El cambio llegará, está llegando, con la maduración progresiva de la humanidad como conjunto, de la incansable crítica como conciencia, de la desobediencia como derecho, del respeto como necesidad, de la dignidad como obligación y de la justicia como orden humano antes que como un simple orden financiero.

La violencia de la violencia y el coeficiente crítico de progresión

Un conservador diría que una mujer es responsable de sufrir repetidas veces los golpes de un marido violento. Un humanista anacrónico responsabilizaría sólo al hombre. Un anthihumanista posmoderno observaría que el hombre y la mujer son productos de una sociedad violenta. Creo que un humanista de nuestro tiempo reconocería una responsabilidad triple, en la mujer, en el hombre y en la sociedad. Sin embargo, el circuito de la violencia, física y moral, parece tener un solo sentido y dirección: sociedad-opresor-oprimido.

Por alguna razón, la frase “la violencia engendra violencia” se popularizó en todo el mundo al mismo tiempo que su significado se mantenía restringido a la violencia del oprimido. Es decir, la violencia del amo sobre el esclavo es invisible en un estado de esclavitud, como en un estado de opresión la fuerza que lo sostiene usa todos los medios (ideológicos) para no perder esta categoría de invisibilidad o —en el peor de los casos, de que sea descubierta— de naturalidad.

Dentro de ese marco invisible o natural, el esclavo cubano Juan Manzano se refería con nostalgia a sus primeras amas como buenas mujeres: “a los pocos días tuve por allá a la misma señora Da. Joaquina que me trataba como a un niño, ella me vestía, peinaba y cuidaba de que no me rozase con los otros negritos de la misma mesa como en tiempo de señora la marquesa Justis se me daba mi plato que comía a los pies de mi señora la marquesa”. Luego vinieron los tiempos malos, donde el joven Juan era castigado al encierro y al hambre. Pasado el castigo, comía “sin medida” y por este pecado se lo volvía a castigar. “No pocas veces he sufrido por la mano de un negro vigorosos azotes”, recordó en su Autobiografía de un esclavo (1839), lo que prueba la perfección de la opresión aún en un estado primitivo de producción y educación. Lo que también nos sirve de aldaba para aquellos que nos enorgullecemos de nuestra libertad.

Afortunadamente, este tipo de esclavitud se abolió en América Latina a principios del siglo XIX. No obstante la esclavitud del mismo estilo se continuó en la práctica hasta el siglo XX. El ecuatoriano Juan Montalvo recordaba en 1887: “los indios son libertos de la ley, pero ¿cómo lo he de negar?, son esclavos del abuso y la costumbre”. Y luego: “palo que le dan para que se acuerde y vuelva por otra. Y el indio vuelve, porque esa es su condición, que cuando le dan látigo, temblando en el suelo, se levanta agradeciendo a su verdugo: ‘Diu su lu pagui, amu’ […] No, nosotros no hemos hecho este ser humillado, estropeado moralmente, abandonado de Dios y la suerte; los españoles nos lo han dejado hecho y derecho, como es y como será por los siglos de los siglos […] Las razas oprimidas y envilecidas durante trescientos años, necesitan ochocientos para volver en sí”.

El mismo Alcides Arguedas, en Pueblo enfermo (1909), recordaba que los hacendados bolivianos se negaban a desarrollar el ferrocarril porque los indios llevaban sus ganados de una comarca a la otra totalmente gratis y, por si fuese poco, su honestidad los hacía incapaces de robar una vaca ajena. Bastaría sólo este ejemplo para demostrar que las ideologías de las clases dominantes se enquistan en la moral de los oprimidos (como el hecho de que un analfabeto maneje complejas reglas gramaticales demuestra la existencia de un conocimiento inconsciente). Otro Arguedas, el peruano José María Arguedas, nos dejó una pintura viva de esta cultura del indio-pongo en Los ríos profundos (1958).

Según el boliviano Alcides Arguedas, los soldados tomaban a los indios de los pelos y a fuerza de sablazos los llevaban para limpiar cuarteles o les roban las ovejas para mantener a una tropa del ejército que estaba de paso. Para que nos quede claro que la opresión se sirve de todas las instituciones posibles, en el mismo libro leemos la cita a un escrito de la época que informaba, refiriéndose a uno de estos condenados por la historia, que “el buey y su hijo de siete años están embargados por el cura á cuenta de los derechos del entierro de su mujer”. Y más adelante: “Exasperada la raza indígena, abatida, gastada física y moralmente, inhábil para intentar la violenta reivindicación de sus derechos, hase entregada al alcoholismo de manera alarmante. […] ignora en absoluto su acción depresiva […] Al indio no se le ve reír nunca sino cuando está ebrio. […] su alma es depósito de rencores acumulados de muy atrás, desde cuando, encerrada la flor de la raza, contra su voluntad, en el fondo de las minas, se agota rápidamente, sin promover clemencia en nadie […] Hoy día, ignorante, degradado, miserable, es objeto de la explotación general y de la general antipatía”. Hasta que un día explota “oyendo a su alma repleta de odios, desfoga sus pasiones y roba, mata, asesina con saña atroz”. Y como la violencia no puede quedar impune, “van los soldados bien municionados; fusilan á cuantos pueden; roban, violan, siembran el pavor y espanto por donde pasan”. En esta cultura de la opresión, la mujer no puede ser mejor: “ruda y torpe, se siente amada cuando recibe golpes del macho; de lo contrario, para ella no tiene valor un hombre.”

Un año después, en diversos artículos aparecidos en diarios de La Paz y reunidos en el libro Creación de la pedagogía nacional, Franz Tamayo responde a algunas conclusiones de Arguedas y confirma otras: “el trabajo, la justicia, la gloria, todo se miente, todo se miente en Bolivia; todos mienten, menos aquel que no habla, aquel que obra y calla: el indio”. Luego: “Aun los blancos de cierta categoría dijeron de maldiciones divinas, y los curas de pueblos y aldeas propalaron entre sus ignorantes feligreses indios, enojos de Dios contra la decaída raza y su deseo de hacerla desaparecer por inobediente, poco sumisa y poco obsequiosa” (1910). Está de más decir que en lugar de Bolivia podríamos escribir cualquier otro nombre de país latinoamericano y no violentaríamos la verdad de la frase.

El amo es visualizado como un ser puro y bondadoso cuando concede un beneficio inusual al esclavo, como si poseyese un poder divino para administrar el derecho ajeno. Tal vez podríamos aceptar estos términos benevolentes si consideramos un contexto particular. El punto es que no les exigimos a los antiguos feudales que piensen como nosotros; nos exigimos a nosotros mismos no pensar como los antiguos feudales, como si no existiese una experiencia histórica en el medio.

Desde un punto de vista humanístico, la violencia del esclavo es siempre engendrada por la violencia del amo y no al revés. Pero cuando imponemos la idea de que la violencia del esclavo engendra más violencia, estamos igualando lo que no es igual para mantener un orden que, de hecho y en su discurso, niega la misma igualdad humana.

Por esta razón, así como a mediados del siglo XX los reaccionarios de todo tipo asociaban la integración racial con el comunismo —lo cual no sería ideológicamente erróneo, según la teoría pura— para revindicar el apartheid como sistema social, así también hoy asocian los principios humanistas con la tradicional izquierda política. Los conservadores no pueden comprender que parte de su tan mentada responsabilidad personal es pensar de forma global y colectiva. De otra forma, la responsabilidad personal es sólo egoísmo, es decir, irresponsabilidad moral. Si recién en 1972 Rene Dubos acuñó la famosa frase, “Piensa globalmente, actúa localmente”, el pensamiento reaccionario ha practicado siempre una fórmula moral inversa: “Piensa localmente, actúa globalmente”. En otras palabras, piensa como un provinciano en los intereses de tu aldea, de tu clase, y actúa como un imperialista que va a salvar la civilización como si fuese el brazo armado de Dios.

No obstante, debemos dar un paso más para salir del círculo. Una posibilidad tiene sus raíces en la prescripción de Jesús quien, a un tiempo, recomendó romper este círculo ofreciendo la otra mejilla sin dejar por ello de significar una respuesta

	majfud en 1976: Rebeldes conservadores
	Antonio de los Santo… en 1976: Rebeldes conservadores
	majfud en La libertad de los de arr…
	Antonio de los Santo… en La libertad de los de arr…
	Antonio de los Santo… en Democracias imperiales, dictad…

Escritos Críticos

Jorge Majfud ("Humano, demasiado humano")

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