En 1886 la Suprema Corte decidió que las corporaciones estaban amparadas en le enmienda 14 de la constitución que había reconocido pocos años antes que los negros también eran ciudadanos. Si los negros lo son, ¿por qué no las corporaciones? En 1917 se prohibió que las corporaciones donaran a las campañas políticas. Su promotor fue el senador demócrata de Carolina del Sur Ben Tillman, un supremacista blanco y paramilitar y aficionado al linchamiento de negros libres y opositor al derecho de las mujeres a participar en las elecciones. Por entonces, los racistas estaban en desventaja económica con sus enemigos del norte industrializado. Pero, como lo indica nuestro modelo de Progresión Inversa, los bandos irían a cambiar otra vez de signo a finales del siglo XX y los más férreos defensores de la libertad del dinero en política serán los conservadores, ahora republicanos. El juez ultraconservador negro, campeón de la lucha contra los derechos de gays y lesbianas en el siglo XXI, Clarence Thomas, se opuso a la ley Tillman por considerarla motivada por intereses contra las corporaciones que a principios del siglo XX simpatizaban con la causa de los negros y reformistas. En 1976 se reconoció que invertir dinero en política era parte de la “libertad de expresión” hasta que en 2010 la Corte Suprema abolió el límite de donaciones en base al mismo argumento. Todo decidido en contradicción a la opinión pública que, al menos en este caso, no había sido convencida por la propaganda previa.

En la campaña electoral de 2012, el candidato republicano, el hombre de negocios Mitt Romney respondió a una crítica del público sobre derechos ciudadanos afirmando: “amigo, las corporaciones son personas también”.

La ironía consiste en que esas corporaciones, reconocidas como personas, poseen más capitales que muchos países y, según las nuevas leyes aprobadas bajo la acción de sus propios lobbies, pueden demandar países soberanos mientras son protegidas con inmunidad de que países los demanden, porque en la práctica son individuos soberanos que deciden por encima de países donde tienen intereses económicos.

Esta casi impunidad legal no sólo los protege de juicios y demandas en países dependientes sino también previene cualquier forma de control popular a través de la opacidad de sus operaciones. Al ser empresas privadas, se mantiene el derecho al secreto y a las decisiones unilaterales. El problema radica en que no se trata de pequeñas empresas, como puede serlo una pizzería o un taller mecánico, sino gigantes que poseen más poder financiero que muchos países, aparte del poder legal que ya vimos. Los tratados comerciales amablemente llamado “tratados de libre comercio”, a pesar de que de libres solo tienen la libertad de los ejecutivos y los inversores más importantes de esas corporaciones. La transparencia, base de cualquier control democrático y popular, brilla por su ausencia.

Luego de la crisis de los años 80 debido a la matanza de cerdos en Haití, requerida por Washington para prevenir un posible contagio de peste porcina de República Dominicana, el arroz se convirtió en el alimento y en el producto de mercado más importante del país. Para 1990, dos tercios de la economía de Haití dependía del arroz. En 1994, como fórmula mitológica de un libre mercado inexistente, los cultivadores de arroz de Haití se arruinaron en masa cuando el FMI y el presidente Bill Clinton los obligó a eliminar los aranceles a la importación de arroz. El acuerdo benefició a los arroceros de Arkansas, el estado natal del presidente Clinton, pero arruinó a los modestos arroceros en la media isla, por lo que muchos, desesperados, se arrojaron al mar para buscar trabajo en otras tierras. Muchos se hundirán en las aguas del Caribe y en el olvido del mundo desarrollado. Los que llegaron a Estados Unidos fueron vistos como el ejemplo vivo y perpetuo de la corrupción, de la improductividad y de la falta de comprensión de la libertad del mercado.

Casi simultáneamente, se firmó el tratado NAFTA entre Canadá, Estados Unidos y México, se asoció la idea de libertad con el recorte de tarifas para la libre circulación de las exportaciones. La promesa era que esta libertad de mercado bajaría los precios de los productos y generaría prosperidad en ambos lados de las fronteras. No era secreto que la frontera seguía existiendo, y a partir del tratado de forma más impenetrable, para los seres humanos, sobre todo para los pobres que nunca son bienvenido a pesar de que la ley de la oferta y la demanda los moviliza de un país al otro y a pesar de todas las leyes que intentan evitarlo. El resultado fue estrictamente el opuesto al prometido. El precio del maíz, base de la alimentación y de la economía en distintos pueblos de México, irónicamente aumentó como consecuencia de la importación de maíz más barato de Estados Unidos. Lógicamente, por la destrucción de la producción local, una tradición capitalista e imperialista que lleva siglos. El precio de las tortillas se duplicó en pocos años. En una década, casi veinte millones de mexicanos cayeron en la pobreza gracias a las bondades del libre mercado. La desnutrición infantil dejó marcas conocidas en al menos una generación. Dos millones de campesinos mexicanos debieron abandonar sus tierras, las que, como un siglo antes durante el régimen liberal y privatizador del Porfiriato, pasaron a manos de los hacendados más ricos, muchos de ellos extranjeros. La inmigración ilegal a Estados Unidos explotó y quienes no pudieron cruzar se alquilaron en las maquiladoras de la frontera por salarios de hambre. Como siempre, las mujeres fueron víctimas dobles de la necesidad: como obreras explotadas, como empleadas de servidumbre, como víctimas sexuales que, no en pocos casos, se usaba y tiraba en algún pozo. El mismo viejo y conocido negocio redondo de los de arriba. En una década, casi veinte millones de mexicanos cayeron en la pobreza gracias a las bondades del libre mercado.