«De repente se acordaron de los indígenas en Ecuador»

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El 30 de setiembre de 2010, al mediodía, el presidente Rafael Correa se dirige al regimiento donde se encuentran los policías sublevados contra una reciente ley salarial aprobada por la Asamblea Nacional. Correa les explica que sus sueldos se han duplicado durante su administración y seguirán aumentando, pero los amotinados no quieren escuchar y le lanzan gases lacrimógenos. En la confusión, el presidente se lastima una rodilla y es llevado al Hospital de Policía Nacional con signos de asfixia, donde es retenido por los policías sublevados. Algunos proponen asesinarlo para terminar con el problema, pero otros se niegan.

Horas después, diferentes manifestaciones en contra del secuestro toman las calles en varias ciudades y, por la noche, un grupo de operaciones especiales del ejército se enfrenta a los amotinados. Luego de un intercambio de disparos que se extiende por media hora, rescatan al presidente a las nueve de la noche y, aunque el auto que lo transporta es baleado, logra escapar. Dos militares y dos policías quedan muertos.

Las interpretaciones de los hechos que se suceden son dos. Para unos fue una simple rebelión de una parte de la policía y para otros un nuevo intento de golpe de Estado. Al fin y al cabo, la interminable lista de complots organizados y financiados por Washington abarca más de un siglo y, sólo en Ecuador, incluye un golpe de Estado en 1963 y el asesinato de otro presidente en 1981, no por casualidad, dos líderes desobedientes. La intervención más reciente en la región ocurrió apenas un año atrás con el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya. Un par de años después, Fernando Lugo será depuesto con un golpe del Congreso de Paraguay, similar al que le espera a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, cuatro años más tarde.

Todos los golpes de Estado responden a un mismo patrón ideológico, aunque con algunas variaciones de procedimiento. Debido a una experiencia histórica que desprestigió viejas formas de dictaduras militares, estos Golpes 2.0 confían más en la manipulación de la opinión política y mediática que en la tradicional intervención abrupta, visible y desprestigiada de los ejércitos nacionales.

Otro patrón radica en la paciente, continua y millonaria participación de Washington en la política interna, en el estratégico y conocido desgaste psicológico contra los presidentes desobedientes de países ajenos. Desde que a principios de siglo XXI América Latina comenzó a vivir una ola de gobiernos progresistas y democráticos como nunca antes, desde que estos gobiernos demostraron, peligrosamente, que la justicia social también producía prosperidad económica, la prensa dominante y las fundaciones internacionales comenzaron una campaña incesante de acoso y desestabilización de los gobiernos desobedientes en nombre de otros agentes sociales y por alguna causa noble.

De repente, luego de doscientos años de insistir en violar todos los acuerdos y todos los derechos más básicos de los nativos en su propio suelo y en suelo ajeno, Washington se convierte en un poderoso donante de variados movimiento indígenas de Ecuador a través de fundaciones como la National Endowment for Democracy y la USAID, la cual ha venido operando en el país con un presupuesto anual de casi cuarenta millones de dólares.

Ambas organizaciones ya habían participado, entre otros complots internacionales, en el fallido golpe de Estado de 2002 en Venezuela contra otro presidente desobediente. Más allá de las sombras, el presupuesto de la CIA y la NSA ha escalado a decenas de miles de millones de dólares por año (semejante al PIB de uno o dos países centroamericanos). Nadie sabe en qué se invierte esa fortuna, pero, en base a los antecedentes conocidos, no es necesario ser un genio para adivinar dónde y cómo.

Ahora, en Ecuador, también son donantes del “periodismo independiente” y de grupos como la Fundación Q’ellkaj, la que, con el propósito de “fortalecer la juventud indígena y sus capacidades empresariales”, se convirtió en una férrea opositora del gobierno de Rafel Correa. En 2005 un grupo integrado por Norman Bailey (agente de la CIA y asesor de diferentes compañías internacionales, como la Mobil International Oil) fundó la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE). Una investigación de Eva Golinger revelará que cuatro de los cinco fundadores del grupo indigenista opositor, el CEIE, poseen vínculos directos con el gobierno de Estados Unidos: Ángel Medina, Fernando Navarro, Raúl Gangotena y Lourdes Tibán. Bailey, un experto en América Latina con un profuso currículum en la NSA y en el gobierno de Ronald Reagan, en 1965 había publicado con el Center for Strategic and International Studies el libro The Strategic Importance of Latin America donde dejó claro la importancia de “la economía radical de la empresa libre” a la que llamó “neo-liberalism”.

Las tradicionales fachadas de la CIA en Ecuador, como era de esperar, organizaron movilizaciones y protestas contra el presidente desobediente. Según la correspondencia de la misma USAID en Quito, la independencia de Ecuador para entenderse con los enemigos de Washington (Bolivia, Cuba y Venezuela) no podía ser tolerada. Mucho menos que Ecuador, haciendo uso de su soberanía, hubiese decidido dar asilo político a Julian Assange en su embajada de Londres y, peor aún, que no haya renovado el alquiler gratuito que obligaba a Ecuador a ceder la base militar de Manta para uso de la Air Forces Southern en nombre de la conocida excusa de lucha contra el narcotráfico. En realidad, el presidente Rafel Correa le ofreció a Washington negociar la permanencia militar de Estados Unidos en Manta. El 21 de octubre de 2007 propuso renovar el alquiler de la base “con una condición: que nos permitan poner una base militar en Miami, una base ecuatoriana”. No fue aceptado.

En 2014, la USAID será obligada a abandonar sus operaciones en Ecuador. En 2018 el nuevo presidente apoyado por Washington, Lenin Moreno, aprobará el regreso de los aviones militares de Estados Unidos pese a que la constitución, aprobada por el pueblo ecuatoriano diez años antes, establece que “Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”.

Como en los últimos sesenta años, el gobierno paralelo de las súper agencias secretas que no conocen fronteras, no dejarán de vender máscaras y caballos de Troya. Si algo no falta es dinero y recursos humanos con pequeñas ambiciones. 

JM, febrero 2021

«De repente se acordaron de los indígenas en Ecuador»

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Próximo libro: La frontera salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina

https://www.pagina12.com.ar/326858-de-repente-se-acordaron-de-los-indigenas-en-ecuador

Suddenly, they all remembered about the indigenous people in Ecuador

Jorge Majfud

Translated by  Andy Barton

Edited by  Supriyo Chatterjee সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

Below is a fragment from an upcoming book, La frontera salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina (The Savage Frontier : 200 Years of Anglo-Saxon Fanaticism in Latin America). It is a useful refresher on Ecuador’s recent history that allows for an improved understanding of the events that are currently taking place during this electoral period.-Tlaxcala

At midday on 30th September 2010, President Rafael Correa spoke at the barracks (the Regimiento No. 1 de la Policía Nacional, Quito) where the police officers who had rebelled against a recent piece of salary law approved by the Asamblea Nacional (National Assembly) were located. Correa explained to them that their salaries had doubled during his administration and that they would continue to increase, but the mutinous officers did not want to hear any of it and began launching tear gas. Amidst the confusion, the President injured one of his knees and was taken to the Hospital de Policía Nacional (the National Police Hospital) showing signs of asphyxiation, where he was detained by the rebelling police officers. Some of them proposed assassinating him as a solution to the problem, but others rejected this.

Hours later, demonstrations in multiple cities filled the streets in protest at the kidnapping. That night, a branch of the army’s special forces confronted the mutinous officers; following an exchange of gunfire that lasted for 30 minutes, they managed to rescue the president at 9 p.m. Although the vehicle transporting him was besieged by gunfire, it managed to escape. Two soldiers and two police officers died as a result.

There are two interpretations of the events that transpired that day. For some, it was merely a police rebellion; while for others, it was yet another attempted coup d’état. After all, the endless list of coups organised and funded by Washington spans more than a century; in Ecuador alone, this includes a coup d’état in 1963 and a presidential assassination in 1981. Unsurprisingly, both were ‘disobedient’ leaders. The most recent intervention in the region had happened barely a year ago with the coup in Honduras against Manuel Zelaya. A couple of years later, Fernando Lugo would be disposed with a coup in the Paraguayan congress, a fate almost identical to that awaiting Dilma Rousseff, the president of Brazil, four years later.

Each of the coups d’état conform to the same ideological template, although with some small procedural variations. Due to an historical experience that has delegitimised the old forms of military dictatorships, the modern coup gives a greater role to the manipulation of political and media opinion than in the traditional sudden, visible and delegitimised intervention by national armies.

Another template is rooted in the patient, sustained and million-dollar participation of Washington in domestic politics and in the strategic and widely acknowledged psychological warfare against disobedient presidents from foreign countries. Since the dawn of the 21st century, when Latin America began to experience a wave of progressive and democratic governments at an unprecedented rate, and when these governments demonstrated, dangerously, that social justice could also bring about economic prosperity, the hegemonic press and international foundations initiated an unrelenting harassment and destabilization campaign against disobedient governments in the name of other social actors and on behalf of some noble cause or another.

Suddenly, after 200 years of incessantly violating each and every agreement and fundamental right of the native populations on their own soil and abroad, Washington became an important benefactor of various indigenous movements in Ecuador through foundations such as the National Endowment for Democracy and USAID, which has been operating in the country with an annual budget of nearly $ 40 million.

Both organizations had already participated, among other international schemes, in the failed coup d’état in Venezuela in 2002 against another disobedient president. Lurking in the shadows, the budget of the CIA and the NSA has been continually increased by tens of millions of dollars each year (close to the GDP of one or two countries in Central America). No one knows what that fortune is invested in; however, based on the known antecedents, it does not take a rocket scientist to guess where and how.

Currently, in Ecuador, both U.S. agencies are also benefactors of “independent journalism” and of groups such as the Fundación Q’ellkaj, the very same that, with the aim of “empowering the indigenous youth and its entrepreneurial skills”, became a fierce opponent of the government of Rafael Correa. In 2005, a group comprising Norman Bailey (a CIA agent and advisor in different international companies, such as Mobil International Oil) founded the Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (the Indigenous Business Corporation of Ecuador). An investigation by Eva Golinger revealed that four of the five founders of this indigenous opposition have direct links to the U.S. government: Ángel Medina, Fernando Navarro, Raúl Gangotena and Lourdes Tibán. In 1965, Bailey, an expert in Latin America with an extensive resumé in the NSA and the Ronald Reagan administration, published the book “The Strategic Importance of Latin America” through the Center for Strategic and International Studies, where he left no doubt as to the importance of the “radical economy of free enterprise”, which he termed “neoliberalism”.

As is to be expected, the traditional artifices of the CIA in Ecuador organised mass mobilisations and protests against the disobedient president. According to the USAID’s own correspondence in Quito, Ecuador’s independence in establishing relations with Washington’s enemies (Bolivia, Cuba and Venezuela) was not to be tolerated. It was even less tolerable that Ecuador, exercising its sovereignty, could have decided to give political asylum to Julian Assange in its London embassy, and less tolerable still that it had not renewed the free rental agreement that forced Ecuador to relinquish its military base in Manta for the use of the Air Forces Southern Command in the name of a familiar excuse: “the War on Drugs”. In reality, President Rafael Correa had offered Washington the chance to negotiate the continued military presence of the U.S. in Manta. On 21st October 2007, he proposed the renewal of the base “under one condition: that they allow us to put a military base in Miami, an Ecuadorean base”. His offer was not accepted.

In 2014, USAID was to be forced to abandon its operations in Ecuador. In 2018, the new president, supported by Washington, Lenin Moreno, would approve the return of U.S. military planes. This was despite the fact that the constitution, approved by the Ecuadorean people 10 years earlier, set out that “Ecuador is a peaceful territory. The installation of foreign military bases or foreign facilities with military aims will not be permitted”.

Just like in the last 60 years, the parallel government of vast secret agencies which refuses to recognise national borders shows no signs of ending its sale of disguises and Trojan horses. For it, there is no shortage of money or human resources with narrow ambitions.