«Bolivia III: Fuera indios de Bolivia»
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La Paz, Bolivia. 11 de noviembre de 2019—En medio de protestas sociales y para evitar un baño de sangre, el presidente Evo Morales, sobreviviente de varios accidentes aéreos, toma un avión rumbo a México. En la Universidad Mayor de San Andrés, algunos estudiantes pintan en una de sus paredes: “Fuera indios de la UMSA”. A diez años del golpe de Estado apoyado por Washington en Honduras, la historia vuelve a rimar, como a lo largo del siglo pasado, pero recurriendo a formas más sutiles de la manipulación mediática y narrativa.
El 15 de noviembre, la nueva presidenta de facto, Jeanine Áñez, decreta que todo miembro de las Fuerzas Armadas que participe en la represión de las manifestaciones “estará exento de responsabilidad penal”. En el transcurso de siete días, once personas son masacradas y 120 quedan malheridas en el poblado de Sacaba. Cuatro días después, en Senkata, otras once personas son asesinadas y 78 son heridas en enfrentamientos con los efectivos policiales y militares. El acoso y los muertos de la nueva dictadura promovida por Washington y su secretaría, la OEA, continuarán en distintas partes del país, aunque con menos cobertura mediática. Aunque varios organismos denunciarán la represión y las masacres, el nuevo ministro de gobierno afirmará que los manifestantes se mataron a sí mismos: a ningún represor se le ocurriría dispararle a alguien por la espalda con una pistola calibre 22.
En Bolivia, los indígenas siempre fueron una minoría con apenas el 60 por ciento de la población. Minoría en los diarios, en las universidades, en los colegios importantes, en el clero, en la política, en la televisión. Por siglos, la minoría para el mundo fue la mayoría invisible y explotada de su propio país. Desde tiempos de Franz Tamayo y desde mucho antes, los indios habían sido convenientemente acusados de borrachos, haraganes e insensibles, porque de ellos sólo se veían algunos pocos jornaleros los domingos, cuando malgastaban sus miserables salarios en alguna cantina de pueblo. El resto del tiempo lo pasaban bajo tierra.
En 2004 la representante de Bolivia al concurso Miss Universo, conocido por su racismo y machismo hegemónico, Gabriela Oviedo, había aclarado: “Desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios del lado Oeste del país… Es La Paz la imagen que refleja eso, gente pobre, gente de baja estatura y gente india… Yo soy del otro lado del país, del lado Este, que no es frío, es muy caliente; nosotros somos altos y somos gente blanca y sabemos inglés”. Pero como eso del racismo ya había caído en desgracia mucho antes, se lo había reemplazado con otras formas de discriminación, como los defectos de la cultura y la corrupción ajena. Dos años antes, en las elecciones de 2002, el embajador de Estados Unidos había hecho campaña electoral contra el candidato de los indios pobres: “los bolivianos —declaró— deben considerar seriamente las consecuencias de votar a líderes vinculados de alguna forma con el narcotráfico”. Todos sabían que no se refería al monopolio de la coca impuesta por Coca-Cola en Perú para evitar la competencia y el aumento del precio de su ingrediente estrella, ni a la coca importada de Bolivia por la misma trasnacional.[1] Tampoco se refería al principal productor de cocaína exportada ilegalmente a Estados Unidos, Colombia, país militarizado por Washington desde los años sesenta, ni a su presidente Álvaro Uribe (vinculado a los más poderosos carteles de la droga por los propios agentes y embajadores de Washington) sino al activista cocalero y candidato a la presidencia de Bolivia, Evo Morales.[2] El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el cubano Otto Reich, advierte al pueblo boliviano de que si se les ocurre elegir al indio sindicalista, la ayuda de Estados Unidos al país podría ser cancelada.[3]
Por supuesto, Morales perdió las elecciones de 2002 y el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada fue electo para un segundo mandato por resolución del senado, debido a que el candidato más votado no alcanzó la mitad de todos los votos emitidos. Como en diversos casos anteriores en América Latina, la elección de un protegido de Washington (es decir, de la oligarquía criolla y sus servidores) automáticamente significaba que el sistema democrático funcionaba de forma limpia y justa. Como la supuesta estabilidad a fuerza del silencio de los de abajo terminó un año después en un baño de sangre en las calles de La Paz, Sánchez fue reemplazado por su vicepresidente, Carlos Mesa. Poco después del triunfo de Evo Morales en las elecciones de diciembre de 2005, los tradicionales ganadores, ahora perdedores, propusieron un referéndum de autonomía para dividir el país en dos: de un lado los blancos ricos y del otro los indios pobres. Al Oriente, la Medialuna fértil, las llanuras de los grandes hacendados, y al Occidente las montañas de los campesinos pobres que habían votado por el indio Morales y su partido Movimiento al Socialismo. El problema fue que, aunque del lado de los blancos estaban las reservas de hidrocarburo, del lado de los indios quedaban los mayores recursos minerales del país, desde el cobre y el estaño hasta el 60 por ciento de las reservas mundiales de litio en Uyuni, mineral imprescindible en la elaboración de baterías para aparatos electrónicos de todo tipo que mueven el mundo en la Era digital. El referéndum se llevó a cabo en 2008, pero nunca tuvo valor constitucional.
Un pecado del presidente Evo Morales es ser indio, hablar como indio y haberse atrevido a abrirle las puertas a la población indígena (históricamente relegada a la inexistencia o a un valor inferior al de una vaca) al protagonismo en la política y la sociedad boliviana. Por la misma razón, de repente Washington y la oposición criolla se acordaron de la existencia de los indios en Bolivia. En 2011 un grupo indígena, los tipnis, organizaron diversas marchas y protestas contra el gobierno para evitar la construcción de una carretera a través de sus territorios. Aunque sus reclamos eran legítimos, grabaciones filtradas revelaron que los indígenas fueron usados e instigados por la embajada de Estados Unidos a través de uno de sus oficiales y miembro de la USAID, Eliseo Abelo. Los documentos filtrados por WikiLeaks en 2011 confirmaron esta práctica de la Embajada. Abelo había coordinado las protestas por teléfono con el líder aimara Rafael Quispe y con el diputado Pedro Nuni. Semanas después, en respuesta a las protestas, el presidente Morales canceló el proyecto, con lo cual dejó a la oposición sin su última excusa. En 2013, la USAID fue expulsada de Bolivia y en 2014 de Ecuador, por las mismas razones. El recurso de Washington de apoyar secretamente a grupos indígenas contra gobiernos desobedientes tenía un antecedente en la Nicaragua de la Revolución sandinista y se repitió en el Ecuador del presidente Rafael Correa.
Otro pecado de Morales es, como en el resto de los países desobedientes, el haber logrado un enorme éxito social y económico a lo largo de toda su gestión sin recurrir a la venta de soberanía nacional al FMI y a las poderosas transnacionales que escribieron las leyes y la historia de América Latina en el último siglo. Todo lo contrario. Cuando Morales ganó las elecciones de 2005 con el 54 por ciento de los votos, los representantes del FMI y del Banco Mundial le preguntaron cuánto dinero necesitaba y, por respuesta, Morales les dijo “nada”. Les pidió que cerraran sus oficinas en el Banco Central de La Paz y logró la nacionalización de los recursos minerales elevando los beneficios del Estado boliviano de un 15 por ciento a un 85 por ciento. El mismo presidente Morales, en la cumbre del G77 de 2014, explicó la lógica de la cláusula conocida como “En boca de pozo” que regía antes: la benevolente ley nacional establecía que los recursos del subsuelo eran de los bolivianos, pero solo en el subsuelo. Una vez que eran extraídos, el 85 por ciento pertenecía a las compañías internacionales. La nacionalización de los hidrocarburos fue otro pecado que cometería también el presidente Rafael Correa en Ecuador. Luego de cuarenta años de déficit fiscal, Bolivia comenzó a tener superávit, es decir, autonomía. Independencia. Demasiada. Intolerable. Inaceptable.
Ahora, la fuerza de los votos no es suficiente. Como escribió Theodore Roosevelt más de un siglo antes, “la democracia de este siglo no necesita más justificación para su existencia que el simple hecho de que ha sido organizada para que la raza blanca se quede con las mejores tierras del Nuevo mundo”. Washington y la tradicional clase dirigente boliviana han perdido la paciencia y se sacan al indio de encima. Semanas antes de las elecciones que servirán de excusa, diferentes grabaciones habían anunciado el complot desde Florida. Los documentos oficiales, como siempre, tardarán años en aparecer con algunos datos cubiertos por rectángulos negros. Desde los años setenta, como consecuencia de las múltiples confesiones de parte y de las investigaciones de varias comisiones en el Congreso de Estados Unidos, los servicios secretos y la inversión de Washington para manipular la política latinoamericana se han vuelto más herméticos. Los documentos referidos a este nuevo golpe de Estado tardarán muchos años en ser publicados, si ya no han sido quemados en una burn bag. ¿Por qué habrían de decirle toda la verdad a los hijos de quienes están tratando de engañar a un costo de varios miles de millones de dólares?[4]
Pero los signos son por demás familiares. Por ejemplo (y aunque ahora resulta casi imposible probarlo) la interrupción del conteo de votos durante veinte horas, hecho que disparó la sospechas sobre la posible manipulación de las elecciones por parte del gobierno, lleva la indeleble marca de la CIA. A lo largo de su historia, el servicio de inteligencia de Washington ha insistido, casi sin excepciones, con la estrategia de la falsa bandera, que además es una tradición angloamericana desde el siglo XIX. La secuencia suele ser la misma: (1) desacreditación de un gobierno popular e independentista; (2) inversión en propaganda en la prensa local, en instituciones nacionales e internacionales; (3) acusación de corrupción, fraude en alguna elección, deseos de “perpetuación en el poder” del líder indeseado, o de tendencias autoritarias del gobierno insumiso; (4) organización de manifestaciones populares, con frecuencia sangrientas; (5) coordinación con la clase criolla dirigente y con el ejército latinoamericano de turno “para poner orden” y, finalmente; (6) un inevitable golpe de Estado que pase como “revolución libertadora” o algo tan bonito llamado “restauración de la democracia” o “recuperación de la libertad” y toda esa literatura popular que no surgió de los escenarios criollos donde se repetía sino de las pulcras oficinas en Washington.
Tres semanas antes del golpe mediático-militar, el 21 de octubre, como en otros sabotajes en la Frontera sur, el senador por Florida, Marco Rubio, había demostrado, una vez más, un conocimiento especial de la situación y se había apresurado a condenar como evidente fraude los resultados de las elecciones en Bolivia. De no haber existido esa interrupción de veinte horas en el conteo de votos durante la madrugada siguiente a las votaciones, el conteo hubiese seguido las variaciones previsibles, según se iban reportando los datos en las áreas urbanas primero y en las rurales después, es decir, votos indígenas y abrumadoramente favorables al presidente Morales.[5]
Días antes se habían filtrado a la prensa y a algunos correos personales 18 audios en los que se podían escuchar a los senadores estadounidenses Marco Rubio, Ted Cruz, Bob Menéndez (hijos de cubanos emigrados a Estados Unidos durante la dictadura de Fulgencio Batista), a varios bolivianos pertenecientes a la clase dirigente y algunos militares sobre los planes de un posible golpe de Estado en Bolivia precedido por protestas callejeras y un atentado incendiario contra la embajada de Cuba. Entre otros involucrados, se encontraba el capitán Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, varias veces derrotado en las elecciones presidenciales y asilado en Estados Unidos por corrupción y enriquecimiento ilícito, delitos que el candidato vende como como persecución política desde Miami.Manfred Reyes Villa pertenece al partido militarista ADN fundado por el exdictador Hugo Bánzer (luego elegido presidente en el año 1997). Entre sus logros políticos se cuenta la privatización del agua en Cochabamba, firmada por el presidente Bánzer en 2000 en favor de las gigantes estadounidense Bechtel y Edison y la española Abengoa, todasbajo la sombrilla más criolla de Aguas del Tunari. Como resultado de esta conocida receta del FMI y del Consenso de Washington, las tarifas subieron un 300 por ciento, lo que derivó en el colapso de otros servicios y en la llamada “Guerra del agua”. El acuerdo fue suspendido cuando la crisis neoliberal hundió la economía boliviana como lo había hecho con otros países de la región. Luego de esconderse en Miami de la justicia de su país, acusado de otras corrupciones menos legales, Reyes Villa regresará a Bolivia y será protegido por la dictadura encabezada por Jeanine Áñez.
La doble vara en el continente es la vara que vale doble. En 2003 el presidente de Colombia, Álvaro Uribe (ampliamente vinculado al terrorismo paramilitar y al narcotráfico por la misma embajada de Estados Unidos, pero de todas formas un protegido incondicional de Washington), había fracasado en su referéndum para modificar la constitución que le impedía la reelección. Luego de amnistiar a 850 paramilitares acusados de terrorismo y de aumentar el déficit del gobierno en favor del gasto en el ejército, en 2004 logró que el Congreso introdujera una enmienda a la constitución de 1991. En 2005, varios miembros de la Corte Constitucional de Colombia se acusaron unos a otros de haber recibido coimas para votar en favor de la reforma constitucional, la cual fue aprobada para que Uribe pudiera presentarse a las elecciones de 2006. Pero la economía estaba mejorando y nadie quería arriesgarse con cuestiones morales. Uribe fue reelecto con un impresionante 62 por ciento de los votos y su popularidad aumentó, como siempre aumenta la popularidad de los ganadores.
Veamos sólo un caso más que confirman la regla. En 2017, debido a un discutido fallo de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, el presidente conservador Juan Orlando Hernández había sido habilitado a presentarse a las elecciones de ese año. Durante el conteo que lideraba de forma cómoda el candidato de la oposición Salvador Nasralla cuando ya se había escrutado el 60 por ciento de los votos, una interrupción del sistema le dio un triunfo mágico (según las matemáticas electorales) al candidato oficial, por el cual Hernández se convirtió en el primer presidente reelecto en su país, pese a la constitución de 1982. Nasralla era un político conservador demasiado a la izquierda para el gusto de Washington y de la oligarquía hondureña. Luego de analizar los datos, The Economist y otros think tank liberal-conservadores, concluyeron que el cambio súbito en la tendencia luego de la interrupción era estadísticamente imposible. Por mucho menos, en 2009, por proponer un referéndum popular no vinculante sobre una posible reforma constitucional que podría derivar en la habilitación de un presidente a ser reelegido, el presidente hondureño de entonces, Manuel Zelaya, había sido secuestrado de su cama y llevado a Costa Rica por los militares patriotas. Enseguida, los golpistas afirmaron que no se trataba de un golpe de Estado, el que se justificó por una orden de arresto contra el presidente emitida por la Corte Suprema que pretendía proteger la constitución de 1982, la que prohíbe cualquier reforma y reelección. Zelaya no había introducido ninguna reforma constitucional, sino apenas una consulta popular sobre la creación de una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones de noviembre de ese año donde él no sería ni podría ser candidato reelegible. La propuesta estaba amparada en el artículo 5 de la Ley de Participación ciudadana de 2006, según la cual era posible realizar consultas populares no vinculantes sobre una gestión o una propuesta política. Pero Zelaya era otro político conservador que se había desviado demasiado, cultivando amistad y comercio con el presidente Hugo Chávez de Venezuela, Rafael Correa de Ecuador y Evo morales de Bolivia. Como se supo con más claridad algún tiempo después, Washington apoyó ese golpe de 2009 en los hechos y desde su mega base militar de Soto Cano. De la misma forma y con la misma doble vara, apoyó la reelección fraudulenta de Hernández en 2017 y ahora apoya el nuevo golpe de Estado en Bolivia, todo con la ayuda y las rodillas al suelo del secretario de la OEA y de Washington, Luis Almagro.
Ahora, las elecciones en Bolivia son casi tan disputadas como las de Honduras, pero el ganador no es el preferido de Washington ni de su oligarquía, dueña de los países de la Frontera sur, la que decide cuándo y cómo vender su propiedad privada. Luego de escrutados más del ochenta por ciento de los votos, el presidente Evo Morales lleva una ventaja del siete por ciento sobre el candidato y expresidente Carlos Mesa (45 a 38 por ciento), pero una caída en el sistema informático interrumpe el conteo. Cuando se reanuda, la diferencia se amplía hasta el diez por ciento, mínimo necesario para evitar una segunda vuelta, y la OEA se apresura a condenar el dato como un “drastic and hard-to-explain change in the trend” (“un cambio drástico de la tendencia, difícil de explicar”).
Por esta razón, el presidente Morales invita a la OEA para que audite las elecciones en cuestión. La OEA encuentra irregularidades y concluye que, aunque el presidente Evo Morales ha ganado las elecciones, probablemente no lo ha hecho con el margen suficiente del diez por ciento para evitar una segunda vuelta. En base al “juicio técnico” de la OEA, Morales ofrece anular la diferencia del diez por ciento e ir a segunda vuelta. El general y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, promovido por el propio Morales (un patrón demasiado repetitivo en la Frontera salvaje), Williams Kaliman, rechaza esta oferta del presidente. Ahora, la oposición no quiere una segunda vuelta. Carlos Mesa ha obtenido muy pocos votos y Morales podría ganar de nuevo, por lo que, sin pelos en la lengua, se exige su renuncia. En las calles, aumentan las protestas. Morales concede aún más y ofrece anular las elecciones que acaba de ganar, con o sin interrupción, y volver a votar la primera ronda desde cero. Las protestas aumentan aún más.
No es necesario ser un genio para darse cuenta de que no son las elecciones lo que realmente importa. Lo que importa es sacarse al indio rebelde de encima. A Washington y a la oligarquía criolla le interesan los negocios y, sobre todo, mantener su poder de decisión y el monopolio narrativo de los últimos doscientos años. A los dueños del país los mueven los intereses de clase. A un buen margen de los blancos y mestizos de clase media los mueve, como a la miss Bolivia en 2004, Gabriela Oviedo, el racismo endémico, a veces tan cándido y siempre tan funcional para los de arriba y para los de afuera. El 5 de octubre de 2019, la futura presidenta de facto, Jeanine Áñez Chávez, había publicado un tweet con una caricatura de Morales abrazando un sillón presidencial bajo el anuncio “Últimos Días”. La futura presidenta escribió: “Aferrado al poder el ‘pobre indio’”. Poco después, eliminó su tweet, pero WayBack Machine lo conservará por algunos años por venir. La futura presidenta de facto se tiñe el pelo de rubio, pero no puede ocultar sus antepasados bolivianos.
Momento preciso para el próximo movimiento. El general Williams Kaliman tiene nombre y apellido anglosajón y suena alemán, pero es indio como la mayoría de sus generales que se fotografían haciendo el símbolo de la supremacía blanca con sus manos. La tradición de la elite alemana en Bolivia, de los criminales nazis enviados por la CIA y de los dictadores orgullosos de su linaje alemán, como Hugo Banzer en Bolivia o Stroessner en Paraguay, producen estas curiosidades. Como el general Porfirio Díaz (perdonado por Lerdo de Tejada por su intento de golpe de Estado contra Benito Juárez y expulsado de México por el mismo general), René Barrientos (general promovido por Víctor Paz Estenssoro en Bolivia), Augusto Pinochet (general promovido por Salvador Allende en Chile), Manuel Noriega (general promovido por Omar Torrijos en Panamá), Rafael Videla (general promovido por Isabel Perón en Argentina), Manini Ríos (general promovido por Tabaré Vázquez en Uruguay) y tantos otros, Williams Kaliman Romero es un general promovido por el presidente Evo Morales en Bolivia. Como todo ellos, como muchos más a lo largo del continente y de doscientos años de historia, el general Kaliman le clava un cuchillo en la espalda a su “hermano presidente”, como lo había llamado alguna vez mientras escalaba rangos militares. Ahora, ante las cámaras de televisión, el general Williams Kaliman declara: “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y mantenimiento de la estabilidad, todo por la unidad y el bien de nuestra Bolivia”. Por si la sugerencia de las Fuerzas Armadas no queda clara, también el comandante general de la Policía de Bolivia, Vladimir Yuri Calderón, le sugiere que renuncie. Las palabras “pacificación”, “estabilidad” y “unidad” resuenan como un eco trágico desde la larga y ancha historia de intervenciones en América Latina. En los últimos doscientos años, ningún general criollo se ha atrevido a decir en público estas palabras contra su propio presidente sin antes estar informado, confirmado y convencido del apoyo de Washington. Como bien lo había resumido en 1958 el por entonces senador y futuro presidente John F. Kennedy, “en América Latina, los ejércitos son las instituciones más importantes, por lo que es importante mantener lazos con ellos. El dinero que les enviamos es dinero tirado por el caño en un sentido estrictamente militar, pero es dinero invertido en un sentido político”. Por eso, en América latina nunca hubo sugerencia más sagrada que la de los ejércitos. Los ejércitos criollos sugieren mejor que el pueblo. Para eso el pueblo paga sus salarios. No importan las protestas, no importan los votos. Lo que importa es lo que sugiere el ejército. En consecuencia, el presidente Morales renuncia. El golpe de Estado, como es la norma, ha sido planeado con tiempo y con cuidado, mucho antes de las elecciones que sirvieron de oportuna excusa. En decenas de reuniones, los militares, policías y hombres de iglesia mencionan la colaboración de los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio. La historia enseña que, en una conspiración de este tipo, lo que se sabe es sólo la punta del iceberg.
Morales se exilia en México. En seguida se suceden ataques a las casas de sus partidarios, a los sindicatos y a las universidades. El 7 de junio de 2020, una nueva investigación de la Tulane University y de la University of Pennsylvania concluirá que la auditoría y la conclusión apresurada de la OEA acerca del posible fraude en las elecciones de 2019 fueron infundadas y que, por el contrario, nunca existió indicio alguno de fraude por parte del ahora ex presidente Evo Morales. Con anterioridad, en 2019, el Center for Economic and Policy Research de Washington había publicado un estudio similar con la misma conclusión. El director de la OEA, el uruguayo Luis Almagro (hombre de la izquierda cuando fue ministro del presidente José Mujica y hombre de la derecha ahora que es secretario de la OEA en Washington), con palabras que recuerdan al presidente Donald Trump, acusa hasta al New York Times de dedicarse a esparcir fake news. El 7 de junio de 2020, el New York Times acusará a la OEA de avivar el fuego del golpe en Bolivia con un informe basado en un análisis erróneo de los datos. Entre otras razones, mencionará estudios como los de los profesores Nicolás Idrobo y Dorothy Kronick (University of Pennsylvania) y Francisco Rodríguez (Tulane University), según los cuales “el análisis estadístico de la OEA era defectuoso”.
Con un patrón que resuena desde otros golpes de Estado, la presidenta nombrada por los golpistas, la ex animadora de televisión Jeanine Áñez, es la segunda vicepresidenta del Senado y tercera en la lista de sucesión. Por ley, Áñez necesita los votos del partido del depuesto presidente Morales, el Movimiento al Socialismo, para ser confirmada como presidenta. Como protesta, el MAS no entra en el recinto de votación y su ausencia es interpretada como votos favorables al golpe contra su propio líder, por lo cual Áñez es confirmada como nueva presidenta.
El 13 de noviembre, a pocos metros del Palacio legislativo que la consagra con apenas un tercio de los votos, Áñez entra al Palacio Quemado, la casa de gobierno. Diez años antes, en 2009, el gobierno de Bolivia había sido declarado laico. Ahora, la nueva presidenta levanta una biblia que aparenta ser una edición del siglo XIX y grita: “la Biblia vuelve a Palacio”. Por lo menos la Biblia traducida al castellano e impresa en papel. No sabemos si Dios también. Lo que sí sabemos es que, al igual que en Brasil con el capitán Jair Messias Bolsonaro, al igual que los neoconservadores en Estados Unidos y sus inocentes misioneros enviados décadas atrás a la Frontera sur, los mercaderes expulsados por Jesús del templo han logrado involucrar al hijo rebelde del carpintero con los sagrados capitales internacionales, la ilegalización del aborto con el recorte de impuestos a los más ricos y las papas fritas con la Coca Cola. Un perfecto combo político para un consumo rápido. Fast politics para los nuevos consumidores de fast food.
En nombre de la libertad y la democracia, Áñez, alérgica a los indios de su país y de su familia y funcional a los intereses del capital internacional, se dedicará a perseguir a los seguidores de Morales, en su mayoría indios o cristianos impuros. Sólo en los primeros días de protestas por el golpe, 31 bolivianos perderán la vida sin que la gran prensa mundial se conmueva por tan irrelevante pérdida. Son indios, son bolivianos. Diferente, el 11 de enero de 2015, como expresión de solidaridad por las 12 víctimas del atentado en París contra la revista satírica Charlie Hebdo, decenas de líderes mundiales viajaron a París para marchar por las calles abrazados.[6] Ese mismo año, ese mismo mes, 86 personas habían muerto por un atentado en Nigeria, ordenado por Boko Haram sin que el mundo se conmoviera, a pesar de tratarse de una matanza del mismo enemigo. Siete años antes, el 22 de agosto de 2008, Washington había bombardeado Azizabad. Los encargados de la masacre, entre ellos Oliver North (condenado por mentirle al Congreso en el escándalo Irán-Contras y perdonado por el presidente del momento) informaron que todo había salido a la perfección, que se había matado a un líder talibán, que la aldea los había recibido con aplausos y que los daños colaterales habían sido mínimos. No se informó (como lo reconocerá el USA Today diez años después, cuando ya nada importe) que en ese ataque habían muerto decenas de personas, entre ellos 60 niños. Un detalle. Tampoco aquí, en Bolivia, hay marchas ni lágrimas internacionales por gente que no existe en países que no importan, más allá de las multinacionales que los explotan desde hace siglos para el bienestar de los civilizados en el Norte.
Un año después continuarán los intentos para decretar la ilegalidad del partido del presidente Morales, el MAS. Por las dudas, se lo intentará juzgar por algún crimen político. El 6 de julio de 2020, demostrando cierto cansancio de imaginación, será imputado por “terrorismo, sedición y financiamiento del terrorismo”. Ni McDonald’s ofrece un menú tan simple para satisfacer a un cliente tan rigurosamente simplificado. Pero esta vez la propaganda no funcionará. Los siempre despreciados indígenas bolivianos, luego de un año de resistencia, lograrán votar el 18 de octubre de 2020. Para que no quede margen de discusión del cual se puedan aferrar el gobierno de facto de Áñez y el secretario de la OEA, el ex ministro de economía de Evo Morales arrasará en las elecciones sin necesidad de segunda vuelta con una ventaja no de diez sino de veinte puntos sobre su rival Carlos Mesa. Luis Arce no esconderá su lucha desobediente e independentista de un país soberano y se espera que no siga el camino de los vicepresidentes convertidos en presidentes, como Michel Temer en Brasil o de Lenin Moreno en Ecuador.
Ante la avalancha de votos rebeldes, el empresario, miembro del grupo paramilitar de la Unión Juvenil Cruceñista y candidato a la presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho Vaca, se secará las lágrimas con un pañuelo blanco. Lejos estará su intento de dividir el país entre blancos e indios y demasiado cerca la avalancha de votos pestilentes. Su amigo Branko Marinković (miembro de la secta fascista y ultracatólica Milicia Ustacha y ministro de economía del gobierno de facto) mantendrá silencio. Los generales, las señoras de abanico, los escribidores mercenarios, los fariseos de turno, los rezadores profesionales, los halcones de Washington, los semidioses de la CIA, las todopoderosas transnacionales que saben más de política que de libre comercio, también.
Ante la avalancha de votos bolivianos, también el secretario de Washington y de la OEA, Luis Almagro, mantendrá silencio. El viejo silencio de los funcionarios conspiradores que saben que sólo han perdido un peón, pero no la reina. Dos semanas después, luego de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, el presidente de Donald Trump y sus seguidores alegarán fraude masivo. La OEA, a pesar de ser un organismo panamericano que tiene como miembro protegido a ese país del norte, y su secretario, guardarán estricto, respetuoso, saludable, significativo silencio.
Notas:
[1] Históricamente, los directivos de Coca Cola han repetido que la cocaína extraída de las hojas de coca en Estados Unidos es para uso médico, como la producción de calmantes, datos que nunca se pueden verificar con precisión. En agosto de 2016 será descubierto un cargamento de cocaína en una planta de Coca Cola en Francia por un valor de 56 millones de dólares. La noticia será rápidamente olvidada y no derrocará a ningún poderoso gerente.
[2] Según diversos informes de la Embajada de Estados Unidos Bogotá, desde fines de los 80 y a lo largo de los años 90, desclasificados y publicados en el National Security Archive el 26 de mayo de 2018, los nexos del presidente Uribe con la mafia del narcotráfico colombiano son, por lo menos, recurrentes.
[3] Otto Reich fue el fundador y director de la Office of Public Diplomacy for Latin América, agencia de noticias que desviaba dinero de la CIA y del Pentágono para crear y difundir noticias falsas en América Latina, clausurada por orden judicial en 1989.
[4] Las burn bag son bolsas de papel reciclado marcadas con franjas rojas y blancas que se usan en Washington (sobre todo por la CIA, la NSA y el Departamento de Defensa) para eliminar o quemar documentos clasificados que resultan demasiado comprometedores.
[5] Exactamente lo mismo ocurrirá en las elecciones de Estados Unidos de 2020, pero de una forma más radical. Con el 80 por ciento de los votos escrutados, estados como Michigan, Georgia y Pensilvania mostrarán un claro triunfo del presidente Donald Trump, hasta que se comiencen a contar los votos de los populosos distritos con población latina y afroamericana y, 48 horas más tarde, esos estados sean ganados por el opositor, Joe Biden. El presidente Trump denunciará el cambio de tendencia como fraude masivo. La OEA mantendrá un respetuoso silencio. No habrá golpe de Estado, no al menos al viejo estilo latinoamericano.
[6] Entre los compungidos rostros para las fotografías se contaron François Hollande (Francia), Mariano Rajoy (España), Angela Merkel (Alemania), David Cameron (Inglaterra), Matteo Renzi (Italia), Jean-Claude Juncker (Unión Europea), Donald Tusk (Polonia) Petró Poroshenko (Ucrania), Serguéi Lavrov (Rusia), Helle Thorning-Schmidt (Dinamarca), Charles Michel (Bélgica), Mark Rutte (Holanda), Viktor Orbán (Hungría), Klaus Iohannis (Rumania), Antonis Samaras (Grecia), Ahmet Davutoglu (Turquía), Benjamin Netanyahu (Israel), Mahmud Abás (Palestina), la reina Rania (Jordania), Abdalá II (Marruecos), Mehdi Jomaa (Túnez), Ibrahim Boubacar Keïta (Mali), Ali Bongo Ondimba (Gabón)… Por su parte, los líderes de Emiratos Árabes Unidos, Barack Obama, Putin, y Ban Ki Moon emitieron sentidas declaraciones de condena al trágico atentado.
Jorge Majfud
Capítulo del libro La frontera salvaje: 200 años de fanatismo anglosajón en América latina
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