Documentos desclasificados sobre paramilitares colombianos

Washington, DC, 4 de octubre de 2021. Reportes desclasificados del Departamento de Estado y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) “reconocen la relación de larga data entre las fuerzas de seguridad del Estado [colombiano] y los paramilitares”. Estos informes serán utilizados como evidencia para el juicio contra un exlíder paramilitar colombiano iniciado la semana pasada en un tribunal federal de Estados Unidos en Miami.

 El juez federal Edwin Torres determinó que Carlos Mario Jiménez, el exlíder paramilitar conocido como “Macaco”, fueron responsables del asesinato del líder comunitario colombiano Eduardo Estrada en 2001. El caso fue llevado por el Centro por la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en representación de las víctimas en Colombia. Con más de once años de preparación, los demandantes presentaron la denuncia inicial el 15 de junio de 2010.

 El presidente colombiano Álvaro Uribe extraditó a Jiménez a Estados Unidos en 2008, donde fue condenado y cumplió 11 años de una condena de 33 años por tráfico de drogas. Su extradición y la posterior decisión de Estados Unidos de enfocarse únicamente en cargos de narcotráfico, impidieron que miles de víctimas del grupo paramilitar de Macaco, el Bloque Central Bolívar (BCB), pudiesen iniciar un juicio por asesinatos, masacres y otros actos de violencia. En 2019 Jiménez fue liberado y repatriado a Colombia, donde fue arrestado de inmediato por cargos de homicidio y conspiración.

 Al pronunciarse a favor de los demandantes, Torres citó “una gran cantidad de pruebas” de que el BCB “operaba en una relación simbiótica con actores estatales colombianos” en el Magdalena Medio de Colombia. La evidencia ayudó a establecer que los paramilitares estaban operando bajo la apariencia de la ley cuando cometieron asesinatos y otras atrocidades, una condición necesaria para presentar una demanda en virtud de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA) de EE. UU.

 El testimonio pericial presentado por los demandantes cita documentos desclasificados obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional y otras pruebas para mostrar cómo el BCB y otros miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se beneficiaron de una relación de cooperación con las fuerzas de seguridad colombianas.

 Un informe desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de marzo de 2001 citado por dos expertos clave es un ejemplo especialmente vívido de la colaboración del Estado colombiano con el BCB de Macaco pocos meses antes del asesinato de Estrada. La CIA dijo que el BCB y otro bloque de las AUC que “fueron forzados temporalmente a reubicarse” por el Ejército colombiano el mes anterior “fueron posteriormente liberados, junto con sus armas”. “El Ejército los trató ‘bien'”, según el informe.

El profesor de la Universidad de Toronto Luis Van Isschot citó una serie de pruebas desclasificadas de la colección del Archivo de Seguridad Nacional para ilustrar el patrón de cooperación de larga data entre los grupos paramilitares ilegales y los actores estatales colombianos, incluida nuestra publicación de 2007 sobre los vínculos del ejército colombiano con el grupo paramilitar conocido como Triple A finales de la década de 1970 y registros relacionados con la masacre de febrero de 2000 en El Salado.

 Otros documentos citados en el testimonio se refieren al general Rito Alejo Del Río, excomandante del Ejército que en 2012 fue condenado por el asesinato en 1997 del líder comunitario Marino López. Un cable de la embajada de marzo de 1998 decía que el ex comandante de la Brigada 17 había ordenado a sus tropas que trabajaran con grupos paramilitares en el Magdalena Medio “siempre que estuviera físicamente ausente del área” y que había desviado “un avión cargado de armas y municiones a los paramilitares en el Región del Magdalena Medio en 1985”. Otro cable encontró que el “armamento y equipamiento sistemático de los paramilitares” por parte de Del Río a mediados de la década de 1990 “fue fundamental para su éxito militar en ese momento”.

 Los registros adicionales muestran que los funcionarios estadounidenses tenían serias dudas sobre si el ejército colombiano tenía algún interés en combatir a los grupos paramilitares que consideraban aliados de facto contra los insurgentes de izquierda. Uno de ellos relata una reunión de 1999 en la que el Subcomandante del Ejército de Colombia dijo a los funcionarios estadounidenses que sus tropas “no tenían ningún interés en perseguir a los paramilitares”, caracterizándolos como “delincuentes comunes apolíticos” que “no amenazaron el orden constitucional mediante actividades subversivas”. Semanas después, el agregado militar de la Embajada confirmó que las “Fuerzas Armadas de Colombia no han perseguido activamente a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla, su enemigo común”. Un cable de enero de 1999 firmado por dos altos funcionarios del Departamento de Estado denunció el hecho de que “el paramilitarismo ha seguido creciendo” en Colombia “y que el gobierno ha hecho poco para enfrentarlos”.

Un cable de la embajada de diciembre de 2001 citado por la experta en Colombia Gimena Sánchez-Garzoli de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) describe una atmósfera de colaboración tácita entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad en Barrancabermeja, durante mucho tiempo un semillero de violencia insurgente y paramilitar. La Embajada dijo que sus contactos con el gobierno colombiano fueron “cuidadosos de no aparecer como apologistas de los paramilitares”, pero sin embargo estaban “convencidos de que Barrancabermeja está mejor hoy que hace un año, cuando todavía estaba dominada por la guerrilla”. La policía y los militares colombianos afirmaron que “la mayor presencia de los paramilitares ha reducido el caos y la violencia en Barrancabermeja, pero que su éxito se debe en gran parte al hecho de que, a diferencia del ELN y las FARC, los paramilitares no atacan a las fuerzas de seguridad del Gobierno de Colombia que patrullan la ciudad. “

Otro cable citado entre los registros judiciales describe cómo Macaco continuó administrando su imperio paramilitar desde la prisión en 2007 y trabajó con Vicente Castaño y otros ex miembros de las AUC con la esperanza de revivir una “red nacional en la línea de las antiguas AUC”. El jefe de inteligencia de la Policía Nacional, el general Oscar Naranjo, dijo a los funcionarios de la embajada que Macaco y otros miembros del BCB “siguen siendo beligerantes y comprometidos con la retórica antisubversiva” y que Castaño “disfruta de una” colaboración significativa “de elementos de la policía y el ejército”.

 El juicio civil contra Macaco es un primer paso importante en la demorada búsqueda de justicia por las atrocidades cometidas por el BCB. Claret Vargas, abogado senior de CJA, calificó la decisión como “una victoria para la verdad”.

 “Después de más de una década de litigio y más de mil páginas de pruebas… un tribunal ha reconocido los hechos que rodearon el asesinato de Eduardo y responsabilizó al director del BCB”, dijo Vargas en un comunicado publicado en el sitio web de CJA.

  “El gobierno de Estados Unidos tuvo la oportunidad de procesar a Macaco por sus crímenes de derechos humanos cuando solicitaron su extradición de Colombia”, dijo Daniel McLaughlin de CJA. “Sin embargo, su decisión de centrarse únicamente en los cargos de narcotráfico significa que el fallo de hoy puede ser la única responsabilidad que Macaco ve por sus crímenes de derechos humanos”.

 El director de la CCJ, Gustavo Gallón, dijo que esperaba que el fallo “contribuya a nuestros esfuerzos de rendición de cuentas por los asesinatos del BCB y también envíe un mensaje contundente a las víctimas colombianas de abusos de derechos humanos para que no pierdan la esperanza”.

https://nsarchive.gwu.edu/

4 de octubre de 2021

JM

Extracto del libro La frontera salvaje (páginas 576/6) :

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Por décadas, Washington continuó transfiriendo miles de millones de dólares al ejército colombiano para su lucha contra las FARC y el tráfico de drogas sin disminuir y mucho menos terminar con la violencia y las matanzas de pobres. Luego del comunicado de la Casa Blanca, en un lapso de apenas diez años, los paramilitares (solo por casualidad, algunos visten con uniformes de los Marines Corps) ejecutaron a más de 100.000 personas en Colombia, en su mayoría activistas, campesinos y pobres. Colombia, sede del mayor sistema de bases militares de Washington en América del Sur, no sólo se ha distinguido por sus carteles de las drogas y sus exportaciones a Estados Unidos sino que, sobre todo luego del fin de las guerras civiles en América central, ha sido la capital del crimen paramilitar en el continente. Nada de esto ha sido suficiente para cuestionar su sistema democrático, los crímenes sistemáticos y las injusticias sociales financiadas por los intereses de las corporaciones internacionales. Para este año, de los 321 asesinatos de líderes defensores de los derechos humanos en el mundo, 126 habrán ocurrido en Colombia. El segundo país más peligroso del mundo para los defensores de los Derechos Humanos habrá sido México, con 48 asesinados, el tercero Filipinas, con 39, el cuarto Guatemala con 26 y el quinto Brasil con 23. Todos, menos uno, son países latinoamericanos protegidos por Washington y con una larga historia de intervenciones de sus trasnacionales. Las cifras se mantendrán más o menos iguales por los años por venir. Como observará Dan Kovalik, en los llamados países de la “troika de la tiranía”, Venezuela registrará cinco asesinatos ese mismo año, ninguno a manos del gobierno, Nicaragua cero y Cuba cero.

Este fermento de violencia paramilitar en favor de las grandes compañías extranjeras y de los hacendados más poderosos, sedientos de nuevos recursos mineros y más tierras para la industria agropecuaria, hicieron popular al presidente Álvaro Uribe, quien también explotó el lema de “la ley y el orden” como pocos. Uribe es un poderoso hacendado vinculado al narcotráfico, según la misma embajada de Estados Unidos en los años 90 y según los informes del gobierno de George W. Bush en la década siguiente. En 2008, mientras miles de tumbas cerradas por los paramilitares eran abiertas por la investigación de Justicia y Paz, un primo del presidente, Mario Uribe Escobar y exsenador, fue acusado y condenado a cuatro años y medio por sus conexiones con el paramilitarismo. A pesar de las confesiones, los documentos, las fotografías y los abundantes videos que vinculan a los paramilitares con figuras reconocidas de la política colombiana, el gobierno nunca se cansará de negar cualquier vínculo comprometedor. Lo mismo la oposición venezolana, de paso por el país vecino.

Pero el poder es astuto como un zorro. No sólo sabe negociar sino también despistar al más desconfiado. Durante la presidencia de Álvaro Uribe se extraditaron a Estados Unidos varios de los miembros responsables del narcotráfico, de abusos sexuales sistemáticos contra mujeres y menores, y de masacres de miles de víctimas que cada tanto aparecen en fosas comunes. Los acusados sólo son extraditados por la primera razón, el narcotráfico. Para sorpresa o para confirmación de sospechas por parte de los activistas de derechos humanos, en Estados Unidos los criminales obtuvieron condenas que rondan los diez años y algunos recibieron como premio la residencia permanente en este país. Los investigadores independientes entienden que la razón radica en que muchos tenían conexiones con el presidente Álvaro Uribe y con Washington y convenía acusarlos por una parte de sus crímenes en lugar de remover el resto, logrando confesiones parciales a cambio de penas mucho más generosas que no se adecúan ni a terroristas ni a genocidas. Por si esta jugada no fuese suficiente para considerarla una genialidad, de esta forma los paramilitares extraditados no pudieron ser investigados por la justicia de Colombia, a la que el presidente Uribe acusa de izquierdista y de tener simpatías por las víctimas, como si la justicia estuviese para otra cosa. Antes del arresto y deportación de los cabecillas paramilitares, sus casas y oficinas fueron saqueadas por las fuerzas de seguridad, por lo cual la justicia colombiana nunca tuvo acceso a ninguna de sus computadoras o archivos personales. En Estados Unidos, a uno de los jefes paramilitares, Salvatore Mancuso, se le escapan algunos datos en medio de la investigación por narcotráfico. Los escuadrones de la muerta no sólo recibían dinero de Chiquita Bananas, sino de otras multinacionales estadounidenses como Dole y Del Monte.[1]


[1] Dole Company es el nuevo nombre de la Standard Fruit Company, una de las bananeras responsables de la manipulación política en procura de buenos negocios en América Central que solían resolverse con alguna invasión o “cambio de régimen” a principios del siglo XX. Chiquita Bananas es el nuevo nombre de la United Fruit Company, también responsable de golpes de Estado en países como Honduras y Guatemala, que llevaron a la destrucción de sus democracias, a la militarización de sus sociedades, a la radicalización del racismo local, y a la masacre de cientos de miles de gente sin importancia.

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