La justicia en su laberinto

Cuando las leyes son más importantes que los derechos humanos

 

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay acaba de consolidar la consagración de la impunidad para los peores criminales de lesa humanidad de la historia moderna de ese país.

El proceso que ha llevado a este resultado es claro.

Un primer paso consistió en la decisión de trasladar a la Dra. Mariana Mota al ámbito de lo civil, desafectándola de su titularidad en el juzgado penal. La Dra. Mota tenía en su sede más de de cincuenta causas referidas a las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos durante el período del terrorismo de Estado en los años 70. El Estado y el propio poder judicial pusieron toda clase de obstáculos a sus investigaciones, además de cuestionar su compromiso con la lucha por la vigencia de los derechos humanos, cuando deberían ser su principal garante. Con esta medida, la Corte de Justicia confirmó la ausencia de justicia que víctimas, allegados y la sociedad toda viene padeciendo desde hace décadas. Al mismo tiempo, la Corte uruguaya ignoró la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs Uruguay, además de cuestionar la independencia del poder judicial.

En línea con el mismo propósito o resultado, la Suprema Corte acaba de declarar inconstitucional la recientemente promulgada ley interpretativa que intentaba superar la llamada “ley de Caducidad” que desde 1986 impide el proceso de todos los autores de crímenes amparados por la pasada dictadura militar. Esta ley fue declarada inconstitucional por la misma Corte años atrás.

El argumento sobre el cual se basó esta nueva decisión radica en que no se puede aplicar una ley de forma retroactiva, cosa que sí realiza la propia ley de Caducidad. Se ha argumentado que la retroactividad se aplica sólo cuando la ley beneficia al reo. No es posible condenar retroactivamente a alguien por algo que hizo cuando en su momento no era definido como delito. No obstante, la ley de Caducidad es retroactiva desde el momento en que contradice las leyes que regían cuando se cometieron los delitos.

En otro momento, la misma Corte Suprema de Justica de Uruguay define las violaciones cometidas en una dictadura y con la complicidad del Estado de la época como “delitos comunes”. Lo cual automáticamente transforma un delito de lesa humanidad en una causa prescriptible. No obstante, estos “delitos comunes” fueron cancelados, precisamente, por una ley promulgada para proteger a un grupo especifico de criminales, la Ley de Caducidad de 1986. Ni siquiera se otorgó un perdón a reos condenados por sus crímenes: el Estado renunció a someternos a investigación y a juicio.

No obstante, más allá de una disputa técnica y sobre la filosofía que rige y cambia cada cierto tiempo las obviedades jurídicas, nuestro reclamo se basa en valores más universales y permanentes, como lo son la garantía de los derechos individuales más básicos, como la integridad física, la libertad, y la reparación moral.

Por lo expuesto, como intelectuales y trabajadores de la cultura y el conocimiento, repudiamos estas decisiones de la SCJ y exigimos el fin de la impunidad y la condena de todos los criminales del terrorismo de Estado en Uruguay.

Todo Estado y toda institución de cualquier país existen para proteger la integridad física y moral, el derecho a la libertad y la verdad de cada uno de sus ciudadanos. Nunca al revés. Aceptar la violación de uno solo de los derechos humanos contra uno solo de los ciudadanos de un país con la complicidad del Estado o de alguna de sus instituciones, afecta y lesiona la legitimidad de todo el Estado.

Rechazamos cualquiera de las excusas que niegan el derecho a la justicia y la verdad. Sin verdad no hay paz; sin justicia no hay democracia.

 Los derechos humanos no se mendigan. Se exigen.

 

 

Redactores: 

 

Emilio Cafassi

Eduardo Galeano

Juan Gelman

Jorge Majfud

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La invención del pasado

Portrait of Thomas Jefferson by Rembrandt Peal...

Portrait of Thomas Jefferson by Rembrandt Peale, 1805. New-York Historical Society.

De cómo defender los interese presentes con un pasado hecho a la medida.

 

Unas semanas atrás me llamaron de una radio para discutir sobre la propuesta del control de armas en Estados Unidos. Una persona, a la que respeto sin reservas, argumentó que cualquier limitación al derecho de portar armas constituye una violación a la Segunda enmienda. Razón por la cual, deduje, todos los aeropuertos y los edificios federales de Estados Unidos estarían violando sistemáticamente la Constitución.

De ahí pasó a defender el espíritu americano y los valores que fundaron a este país.

Obviamente, eso del “espíritu americano”, como el espíritu de cualquier país, es algo mucho más vago y contradictorio de lo que se cree, ya que no veo que el “espíritu” de las sociedades esclavistas del siglo XIX, cotos de caza de los conservadores modernos, sea precisamente lo que se está revindicando. Tampoco creo que “los valores” sobre los cuales los llamados Padres fundadores crearon una nueva nación sean, precisamente, los valores religiosos en general y cristianos en particular, tal como se insiste como premisa y corolario inevitables.

En toda la Constitución de Estados Unidos y en la Carta de Derechos que le sigue, no hay una sola mención a Jesús; ni siquiera a Dios (la única referencia al “Señor” es sólo una costumbre de la época para fechar un documento). Nada de lo cual significa que estos fundamentos sean antirreligiosos o anticristianos, aunque no es difícil encontrar expresiones anticlericales en figuras claves como Thomas Jefferson o Thomas Paine. La separación de la religión y el Estado fue, precisamente, uno de los elementos más radicales que introdujeron los llamados Padres Fundadores.

No obstante, la mayoría de los ciudadanos americanos está convencida que la expresión “One Nation Under God” (“Una nación sometida a Dios”) es la base de los valores que fundaron este país a fines del siglo XVII, y no pocos se la atribuyen a la Constitución o a la Carta de Derechos, cuando no a alguna figura fundacional. Todo a pesar de que esta invocación fue agregada hace apenas medio siglo.

El famoso “Juramento de lealtad” que repiten los niños en las escuelas cada año no fue escrito en 1789 ni resume el espíritu religioso de los padres fundadores: en su brevedad, resume tres olas de miedos mucho más recientes.

Su inventor, Francis Bellamy, escribió y propuso esta plegaria en 1892 con la excusa del cuarto centenario del descubrimiento europeo de América. Este cristiano y declarado socialista americano quiso poner el acento en la “unión” (“one nation indivisible”). ¿Por qué? Obviamente porque los peligros de la secesión continuaban latentes luego de finalizada la Guerra Civil pocos años atrás.

Luego, las oleadas de inmigrantes llevaron a que en los años 20 se pusiera el acento en aclarar a qué país se refería “mi bandera”, por lo cual agregaron “la bandera de Estados Unidos de America”.

Una tercer ola de miedos por el avance del comunismo en Europa hizo posible la paranoia macartista de los 50 y, en 1954, se agregó la referencia a Dios, por lo cual su aprobación por parte del congreso significó una grosera violación a la propia Constitución de Estados Unidos, ya que la enmienda más sagrada de ésta, la primera, no sólo establece el inalienable derecho a la libre expresión sino, y en lógica coherencia, establece que “el Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión”.

La Revolución americana y sus fundamentos no establecieron una base religiosa a la nueva sociedad, lo cual era moneda común en la época. Precisamente intentaban evitar esto mismo tomando todas las medidas necesarias para apartar la religión de los asuntos de un Estado que debía ser radicalmente laico, y así lo prueban no sólo la Constitución y la Carta de Derechos sino una vasta gama de ensayos y cartas de los ahora llamados Padres Fundadores.

Pero cada ola conservadora necesita inventar su propia tradición, su propio pasado y el olvido general a través de la prédica, el sermón y la propaganda. De otra forma no se explicaría por qué muchos cristianos conservadores en Estados Unidos son precisamente aquellos que defienden el libre uso de las armas dentro de fronteras y son los más propensos a las intervenciones militares afuera. Jesús fue un pacifista radical a pesar de que vivió en un tiempo brutal, cuando Palestina/Israel era una colonia del imperio romano. (Mateo 5:38-4 Lucas 22:47-51). Son contradicciones perfectamente explicables desde un punto de vista histórico pero no desde un punto de vista moral, como por ejemplo, la aversión de Jesús al militarismo, al mercantilismo y a las riquezas materiales (Mateo 21:10-17, Marcos 10-25, etc.) que desde hace un buen tiempo son la misma base moral del capitalismo o de sus más radicales defensores.

Claro que es difícil para cualquiera de nosotros seguir a Jesús en prescripciones como: “no resistas al que te haga algún mal; al contrario, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra”. Pero mucho más difícil resulta casar estas prescripciones con la prédica y las acciones de los cristianos más conservadores de la derecha americana. Difícil pero no imposible, porque la historia nos muestra que siempre ha sido posible encontrar a alguien que nos demuestre que allí donde Moisés, Jesús o Mahoma dicen “blanco”, en realidad querían decir “negro”. O viceversa, dependiendo de la conveniencia y los intereses del momento.

En el olvido confiamos.

Jorge Majfud

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La Gaceta (Argentina)

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Leyes en su tinta

La SCJ declara inconstitucional la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad porque no se puede aplicar una ley retroactivamente. ¿Pero qué es una ley que es dictada para proteger delitos cometidos en el pasado?

 

La lógica retroactiva

Español: En Uruguay, manifestantes a favor del...

Español: En Uruguay, manifestantes a favor del Proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad fuera del Palacio Legislativo en el marco de la votación en la Cámara de Diputados. (Photo credit: Wikipedia)

 

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay acaba de dictaminar la inconstitucionalidad de una ley interpretativa que limitaba la aplicación de la llamada “Ley de Caducidad” (ley 18.831), por lo cual muchos violadores a los derechos humanos de la pasada dictadura quedaron protegidos apenas comenzó el nuevo periodo democrático en los ochenta.

Es curioso que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional una ley interpretativa sobre otra ley dictada en 1986. El principal argumento de la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional una ley que debía enmendar otra ley dictada en 1986, consistió en que una “ley penal no puede aplicarse retroactivamente”. Lo cual es lógico y común en cualquier país. Sin embargo me quedan dos perplejidades:

1) ¿Cómo es posible que un derecho natural (como lo es el derecho a la justicia) que preexiste a toda ley, pueda ser cancelado por una ley aprobada en un parlamento?

2) La ley de 1986 establece la “caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”.

Es decir que la ley se refiere a hechos y delitos pasados y nada comunes, delitos que ocurrieron antes de la cuestionada ley.

Entonces, ¿cómo es posible que en algunos casos una ley se pueda aplicar retroactivamente? ¿Qué es una ley de indulto sino la aplicación retroactiva de nuevas reglas sobre delitos que fueron cometidos contra las leyes del momento? ¿O el secuestro, la tortura y el asesinato habían sido legalizados formalmente por la dictadura o por el régimen anterior?

A ello hay que sumar el hecho que no estamos hablando de delitos financieros o impositivos sino de violaciones a los derechos humanos, aunque la Corte Suprema los haya declarado “delitos comunes” para evitar esta imprescriptividad.

Ahora, si los crímenes fueron “delitos comunes”, ¿por qué se necesitaba una Ley de Caducidad? ¿Es que algunas personas no son tan comunes para ir a la cárcel aunque cometan delitos comunes? ¿Estamos en una sociedad estamental al viejo estilo, cuando se aplicaban distintas leyes a distintas clases sociales, o simplemente ante los largos tentáculos de una vieja dictadura?

¿O es que las leyes pueden ser aplicadas retroactivamente para perdonar a criminales que violaron los derechos humanos pero no pueden ser aplicadas retroactivamente para condenarlos, como en cualquier sociedad decente y civilizada?

 

Jorge Majfud

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